Agarrón Petro–Barbosa: pierde la verdad y gana la impunidad

El rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa sirvió para alimentar el odio entre dos bandos políticos, pero sacrificó el fondo de una denuncia de la que pocos hablan. ¿Cuál es?

Desde que el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, muchos advertían que el único contrapeso mediático que tendría su gobierno correría por cuenta del fiscal general, Francisco Barbosa, un abogado con méritos dentro de la academia que llegó a la jefatura del ente investigador gracias a que su amigo de universidad, el entonces presidente Iván Duque, que lo ternó para que fuera elegido por la Corte Suprema de Justicia.

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No es la primera vez que Petro y Barbosa se enfrascan públicamente en fuertes polémicas. Ya había ocurrido cuando el Fiscal general cuestionó la excarcelación de los gestores de paz o catalogó de “caos” y “bastante laxo” el manejo que el presidente Petro le viene dando al orden público en el país.

Pero sin duda, la copa que rebosó esa tensa relación entre el poder Ejecutivo y el Judicial sucedió este jueves 4 de mayo, cuando Petro dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter:

“Las vidas de 200 personas no solo se pusieron en peligro, sino que fueron asesinadas por el Clan del Golfo cuando, según el periodista Gonzalo Guillén, la Fiscalía ya sabía el listado antes del asesinato. El fiscal Hernández y su familia deben ser protegidos, pero el país merece respuestas”, trinó el presidente Petro.

Y se armó Troya. Desde entonces, el fiscal Barbosa no ha parado de hablar, cuestionando al mandatario y denunciando que esa publicación puso en riesgo la vida del polémico fiscal Daniel Hernández Martínez y la de su familia.

El tema se empeoró aun más cuando el propio Petro, desde España, aseguró a los medios que él, como jefe de Estado, es jefe del fiscal.

Ese supuesto lapsus del presidente Gustavo Petro es imperdonable, porque él mismo sabe que Colombia es un Estado Social de Derecho cimentado en la separación de los tres poderes públicos que son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Más, si se sabe que el M-19, movimiento al que perteneció el presidente, fue una de las fuerzas que lideró la propia redacción de la Carta Magna.

Aunque luego quiso suavizar semejante ‘error’ o ‘provocación’ citando el artículo 115 de la Constitución, al asegurar que, como presidente, es “jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”.

Pero el daño ya estaba hecho. El asunto fue tendencia en redes sociales y sirvió de insumo para que todos los medios de comunicación centraran su atención en la manera como tergiversó un artículo de la Constitución.

A partir de ahí, a Petro lo han llamado desde dictador hasta usurpador de poderes. Mientras que el fiscal Barbosa aprovechó semejante ‘papayaso’ para victimizarse, anunciar denuncias internacionales y sacar a su familia del país, por temor a represalias. Aunque tenía motivos, para muchos expertos, el fiscal se sobreactuó, lo que le quitó peso a sus arguementos.

Es decir, una pelea doméstica entre dos funcionarios del más alto poder, terminó convertida en un escándalo internacional.

Lo más absurdo es que, en el fondo, ambos funcionarios están equivocados.

El presidente Petro, por desconocer o malinterpretar la Constitución; y el fiscal Barbosa, por olvidar que, entre sus funciones especiales, sí está la de presentar al Gobierno información sobre las investigaciones para la preservación del orden público, tal como lo ordena el numeral 6 del artículo 251 de la Constitución:

“ARTICULO 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación: 6. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público”.

Pero es lo más triste de todo ese bochornoso asunto es que no se volvió a hablar de la denuncia que originó el problema: el asesinato de 200 personas, al parecer cometidos por el Clan del Golfo en la Costa Caribe y que presuntamente fueron advertidos y serían conocidos por la Fiscalía.

El fiscal y la denuncia incómoda

Foto: cortesía La Nueva Prensa.

El meollo de todo esta polémica nació el pasado 1 de mayo, cuando el portal La Nueva Prensa, dirigido por el periodista Gonzalo Guillén, publicó una investigación que tituló Investigador del CTI le pidió en vano al fiscal Daniel Hernández impedir cientos de homicidios específicos del Clan del Golfo y luego le envió constancias de que los dejó cometer (II).

El medio virtual agregó tener los chats y audios para ratificar la denuncia, que “los homicidas, que actualmente continúan libres con la protección de la Fiscalía General, la Policía Nacional y las fuerzas militares, son 14 empresarios del crimen del Clan del Golfo en la costa norte y los muertos —asegura el investigador— “pueden pasar de cinco mil y eso se logrará probar si la Fiscalía General permitiera investigar a fondo”.

En ese entramado, aparecen dos personajes que no son nuevos para la opinión pública nacional: José Gregorio Hernández (‘Neñe’ Hernández) y el fiscal Daniel Hernández Martínez.

José Guillermo Hernández Aponte era un cuestionado ganadero cordobés, asesinado en mayo de 2019 en Brasil, durante un misterioso asalto que quedó grabado en una cámara de vigilancia.

En Colombia, su nombre retumbó mediáticamente porque él habría sido la piedra angular de todo un entramado de supuesta financiación ilegal de dineros oscuros y que habrían ingresado a la campaña presidencial del entonces candidato Iván Duque.

La base de esa investigación estaría apoyada en cientos de interceptaciones telefónicas, pero, irónicamente, esas pruebas fueron catalogadas como ilegales y los investigadores que las recaudaron terminaron procesados por la justicia.

Toda esa investigación fue liderada y revelada por el periodista Gonzalo Guillén, a través de su portal La Nueva Prensa.

El polémico fiscal Hernández

La otra figura polémica alrededor de esta nueva rencilla entre Petro y Barbosa corre por cuenta del fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez.

El funcionario del ente investigador trabaja en esa entidad desde 2004, pero hoy se encuentra en el ojo del huracán porque, en noviembre de 2022, fue imputado por la propia Fiscalía, por los presuntos delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo, cargos formulados ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.

La historia de esos delitos se remonta al 20 de julio de 2017, cuando el funcionario obtuvo de un juez de control de garantías siete órdenes de captura contra presuntos implicados en el entramado de corrupción de Odebrecht. Tres de esas órdenes de captura fueron contra los brasileños Mauricio Marangoni Marangoni; Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai.

Sin embargo, al parecer, el fiscal Hernández Martínez hizo una solicitud defectuosa de las citadas órdenes de captura contra los tres extranjeros, directivos de la multinacional brasileña, y omitió darles trámite legal; es decir, no las registró en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones (SIAN) para que se hicieran efectivas.

Adicionalmente, la investigación reveló que el fiscal Hernández Martínez tampoco pidió, de manera inmediata, la expedición de notificación azul de INTERPOL, para ubicar en otros países a los señores Marangoni, Ferracuti e Hideaki Sendai, en el entendido de que, para la fecha de los hechos, podrían haber salido de Colombia.

Como si lo anterior no fuera suficiente, los investigadores del caso aseguran que el fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, habría intimidado en las instalaciones del Búnker de la Fiscalía en Bogotá a Otto Nicolás Bula y le habría reprochado por su intención de querer servir como testigo contra otras personas que estarían vinculadas al escándalo de corrupción por el caso Odebrecht.

Sin embargo, en su defensa, el propio Hernández denunció al excongresista por, supuestamente, mentir al asegurar que él lo había amenazado para que no nombrara a varias personas a la investigación.

Pese a lo ocurrido y las polémicas, el fiscal Hernández Martínez continúa en la entidad y al frente de importantes procesos.

En respuesta a las denuncias de Guillén, tanto Barbosa como Hernández dijeron que el caso se remonta a 2008. Hernadez salió al ataque y dijo que todo esto se debía a una retaliación del Presidente porque sabe que él lleva dos procesos en los que Petro podría estar relacionado.

Lo cierto es que, en medio de semejante enfrentamiento, el respeto y estabilidad de la institucionalidad y la división de poderes, la misma que Petro y Barbosa juraron proteger, es la que salió más lastimada.

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