Plan de sustitución de cultivos ilícitos: un arranque a medias

El último informe de la Contraloría General sobre los recursos para el posconflicto advierte que la implementación del acuerdo de paz, al ritmo que va, se lograría en 26 años. El documento señala un retraso en la implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) ¿Cuál es el panorama?

La sustitución voluntaria de cultivos ilícitos es una alternativa para las familias que decidieron apostarle al acuerdo de paz, firmado en 2016.

En total, el programa incluye a 99.097 familias de 56 municipios, pero aunque hubo grandes expectativas al principio, los retrasos en la implementación preocupan a los campesinos que antes dependían de la coca.

Las cifras oficiales indican que en el marco del programa, con corte al 31 de diciembre de 2020, 44.185 hectáreas han sido erradicadas; un avance importante para alcanzar la meta de 50.000 en 2022. Pese a los logros, el órgano de control advierte un rezago respecto a la atención de los beneficiarios del PNIS, especialmente en la fase de proyectos productivos de ciclo corto y ciclo largo.

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Otra opinión tiene Hernando Londoño Acosta, director de Sustitución de Cultivos Ilícitos, quien dijo a Diario Criterio que el balance del programa es positivo. El director recuerda que el PNIS cuenta con cinco componentes. El primero es de asistencia alimentaria que consta de 12 millones de pesos en efectivo para cada una de las familias, en seis pagos; el segundo es de asistencia técnica integral, por 24 meses, por 3.200.000.

El tercer componente comprende la entrega de materiales, insumos y elementos para la creación de huertas caseras y programas de seguridad alimentaria, hasta por 1.800.000 pesos. El cuarto es un proyecto productivo de ciclo corto de ingresos rápidos, hasta por 9 millones de pesos; y el quinto es un proyecto productivo de ciclo largo por 10 millones. En total la inversión por familia es de 36 millones de pesos.

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Las preocupaciones de la Contraloría y el balance del Gobierno

Según el informe, solamente 726 familias, menos del 1 por ciento del total, han culminado el proceso de sustitución. El contralor delegado Juan Carlos Guadrón dijo a Diario Criterio que el 92 por ciento de las 99.096 familias todavía no han recibido el componente de proyecto productivo de ciclo corto.

Mientras Londoño asegura que el PNIS es efectivo en la lucha contra los cultivos ilícitos y sostiene que el porcentaje de resiembra es bajo y que tanto las familias como el Gobierno están cumpliendo.

El director explica que medir el avance del programa no es tan simple. Es necesario tener en cuenta que hay tres grupos de familias: cultivadoras, no cultivadoras y recolectoras de hoja de coca. Para este último grupo, del cual ya se han atendido 5.680 familias, no se contempla la creación de un proyecto productivo, ya que el proceso consiste en la entrega de un salario mínimo y prestaciones sociales durante un año y la vinculación a actividades de desarrollo comunitario y social en los territorios.

Sin embargo, Londoño reconoce que de las 82.000 familias que sí tienen proyecto productivo, solo el 10 por ciento han accedido a este. Una cifra que preocupa a cinco años de la firma del acuerdo de paz y a cuatro del inicio del programa. En cuanto a los otros componentes, al 92 por ciento de las familias ya les hicieron los pagos de seguridad alimentaria, el 86 por ciento tiene contratada la asistencia técnica y más del 80 por ciento ya arrancó con huertas caseras.

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Aún así, es válido señalar que ese porcentaje de asistencia técnica hace referencia a la fase de huertas caseras, pero este componente también involucra acompañamiento durante los proyectos productivos, es decir, cuenta con varias fases de acuerdo con los insumos que ya haya recibido cada una de las familias.

¿El PNIS está desfinanciado?

Para el órgano de control, en este momento, el mayor riesgo es el desfinanciamiento, pues el informe identificó una disminución del 81 por ciento en el presupuesto para el PNIS entre 2017 y 2020. Las cifras revelan, además, que con recursos del Presupuesto General de la Nación se han realizado pagos por 1,07 billones a 82.242 familias inscritas, pero para cumplir con la totalidad del programa hace falta invertir 1,73 billones, un dinero que no está presupuestado. “En la cuenta del PNIS que está en el fondo Colombia en Paz la plata no se ve reflejada”, asegura el contralor delegado.

A su vez el director sostiene que el esfuerzo en términos de presupuesto es muy importante: “En Colombia pasamos de programas de sustitución voluntaria como Familias Guardabosques, donde la inversión del Gobierno en la sustitución voluntaria no llegaba a los 8 millones; al PNIS, en el que las inversiones llegan a 36 millones de pesos”.

Asimismo, argumenta que cuando el programa comenzó no se tenía en el marco fiscal “ni un peso para el PNIS y por eso ha sido difícil conseguir los recursos para cumplir en los tiempos y en los términos que la gente estaba esperando”. Aunque se diseñó para dos años, manifiesta que no se tuvo en cuenta la planeación, ni la contratación, ni el acompañamiento para ejecutarlo. Para él, esos errores iniciales provocaron el retraso en el cumplimiento que hoy denuncian las familias.

Por otro lado, aclara que no todas se inscribieron al mismo tiempo, de hecho, aunque se inició en 2017, la mayoría de familias se inscribieron en 2018. Por el momento, los recursos con los que cuenta el programa se van priorizando en el orden en el que las familias llegaron al mismo. “La consecución de recursos del Ministerio de Hacienda no es tan fácil teniendo el país tantas necesidades y con la llegada de la pandemia nos ha afectado los presupuestos de inversión; sin embargo, el compromiso del presidente ha sido reiterativo y es demostrable”, agrega el director.

Al finalizar el año, el Gobierno espera completar los pagos del primer componente, contratar la asistencia técnica para todas las familias y terminar los proyectos de huertas caseras. Además, antes de diciembre, se comprometieron a contratar los proyectos productivos de ciclo corto para todos los beneficiarios del programa; llegar al 75 por ciento de avance general y seguir adelantando en otras estrategias de sustitución voluntaria que implican la participación de los territorios.

El informe de la Fundación Paz y Reconciliación, presentado en 2020, asegura que la sustitución voluntaria es uno de los puntos del acuerdo con más dificultades en la implementación, “por la poca voluntad política del Gobierno nacional en cumplir con lo acordado que, por el contrario, concentra esfuerzos y recursos en la estrategia Sustitución de cultivos ilícitos y cultura de legalidad que tiene como principales banderas la erradicación forzosa manual y la fumigación por aspersión aérea con glifosato”.

De hecho, esta es una de las principales críticas de las organizaciones sociales, que argumentan que el Gobierno prefiere apostarle a la erradicación forzada y “desconocer” las herramientas dispuestas en el acuerdo de paz.

Asimismo, la organización recordó que más de 340.000 familias presentaron inicialmente acuerdos de voluntades para suscribirse en el programa, se logró firmar con 188.036 familias, pero finalmente solo se vincularon 99.097 a las que aún no se les cumple con la totalidad de los componentes.

Bajo porcentaje de resiembra, pero siguen los cultivos

Si bien el director afirma que el porcentaje de resiembra es bajo, menos del 1 por ciento según los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), también reconoce que se mantienen las áreas de coca en la mayoría de los municipios.

El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Unodc revela que hay en Colombia 143.000 hectáreas de cultivos ilícitos para 2020, hubo una reducción, pero hay cultivos en los mismos municipios. La presencia de cultivos es innegable”, afirma Londoño.

El Simci reportó una reducción del 7 por ciento en el área sembrada con coca en el país entre 2019 y 2020,, además de que las zonas se mantienen, la capacidad de obtener cocaína por hectárea se ha incrementado en los últimos años a pesar de la reducción del área sembrada.

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Pese a los avances que argumenta el Gobierno respecto a la implementación del PNIS, lo cierto es que hay retrasos que perjudican a las familias que decidieron dejar los cultivos ilícitos. Los proyectos productivos de corto y largo plazo son fundamentales para evitar la resiembra y para llegar a ese punto es necesario resolver la financiación. Finalmente, la Contraloría destacó que es fundamental avanzar en el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas, una estrategia que todavía no ha empezado y que el contralor delegado define como “un tema fundamental de salud pública”.

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