¿Populismo legislativo? Congresistas han presentado más de 390 proyectos en solo dos meses

La avalancha de proyectos de ley, como algunos la han llamado, abre la discusión sobre cuál debería ser la verdadera vocación del Congreso colombiano y cómo debería reflejarse en las reformas que se votarán en los próximos meses. 

Según datos del proyecto Congreso Visible, de la Universidad de los Andes, en lo que va de la primera legislatura de este cuatrienio se han radicado 395 proyectos de ley o acto legislativo. 

De esa cifra, 374 corresponden a iniciativas de los senadores y representantes a la Cámara, 17 vienen del gobierno y cuatro de otras entidades; puntualmente de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría. Ninguno de los proyectos es de origen popular. 

A primera vista, las cifras muestran que mientras el gobierno se mantiene cauto y enfoca sus esfuerzos únicamente en la reforma tributaria y en crear el marco legal de la llamada ‘paz total’, los congresistas apuntan hacia todos lados. Incluso, la misma bancada del gobierno Petro no ha esperado los proyectos anunciados por el ejecutivo y actualmente hay varias iniciativas repetidas.

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Este fenómeno se viene presentando hace varios años, generando un colapso en la labor legislativa, pues ya ha pasado que entre los pocos proyectos que se convierten en ley muchos son intrascendentes para la realidad del país. 

El anterior Congreso, por ejemplo, dejó pendientes iniciativas importantes como la especialidad agraria o la ratificación del Acuerdo de Escazú, pero sí aprobó decenas de proyectos para conmemorar fiestas y enaltecer personajes. La declaración del carriel antioqueño como patrimonio cultural y el homenaje a Marco Fidel Suárez son solo dos ejemplos. 

En esta legislatura, esos proyectos no han faltado. En los últimos meses los congresistas han propuesto crear leyes para celebrar los 55 años de la fundación de Cimitarra (Norte de Santander), declarar la chaza como deporte nacional y hasta para conmemorar a José María Melo.

El Congreso ya ha advertido que la cantidad de proyectos radicados también implica un enorme costo por temas de divulgación. En 2019, la Secretaría General de la Cámara de Representantes dijo que entre el 20 de julio y el 5 de agosto se presentaron 123 iniciativas que, por ley, deben ser publicadas en la Gaceta del Congreso.

Según esta dependencia, para hacer efectiva la publicación se le paga a la imprenta nacional cerca de 25.000 pesos por cada folio, algo inquietante si se tiene en cuenta que algunos proyectos superan los 1.000 folios.

Otro de los temas más preocupantes es que la mayoría de esos proyectos ni siquiera alcanzan su primer debate en comisiones, por lo que terminan archivados. De los que sí logran surtir las primeras discusiones, pocos se convierten en ley, ya que muchos terminan hundidos en el último debate. 

Para algunos analistas, esto se explica porque el Congreso, tradicionalmente, ha dependido del gobierno, que lleva la batuta de las grandes reformas y discusiones del legislativo. Por esta razón, lo que muchos se preguntan es por qué los congresistas insisten en la ‘proyectitis’.

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Excongresistas como Rodrigo Lara y Germán Navas Talero coinciden en que la feria de proyectos en cada legislatura responde al afán de figurar de los parlamentarios. Muchos saben que un proyecto de ley que toque temas sensibles o proponga cambios radicales se traduce en entrevistas, titulares de prensa y debates en redes sociales. 

Según Lara, esto podría aumentar por la llegada de varios activistas e influenciadores digitales al Congreso.

“Invito al Gobierno a que contribuya a racionalizar la agenda legislativa de origen parlamentario. El tránsito del activismo al Congreso obliga sabiduría y responsabilidad”, aseguró el exsenador.

Para algunos académicos, este fenómeno puede llamarse populismo legislativo, que, como lo señala el profesor Jorge Peralta, llega a su máxima expresión cuando se producen normas “que no gozan de eficacia jurídica o que terminan vulnerando derechos fundamentales”. 

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“Este afán en la promulgación de leyes hace evidente la necesidad de implementar una técnica legislativa que materialice principios de racionalidad, lógica y argumentación, en virtud del cual, el legislador deberá estructurar los proyectos de ley a partir de la relación que surge entre política y derecho, donde la norma jurídica será el resultado de un ejercicio técnico, consensuado y participativo”, dice Peralta. 

Para Hernán Penagos, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, los congresistas se equivocan al creer que el número de proyectos radicados significa una buena gestión.

“Es necesario que los partidos políticos reúnan sus bancadas a fin de priorizar los proyectos de sus intereses (…) De lo contrario, no solamente se ahogará la labor del Congreso, sino que esta corporación se sustraerá de cumplir las demás tareas que son propias de su competencia”, dijo Penagos en su columna del Nuevo Siglo.

Tanto para él, como para Navas y Lara, esas otras tareas están encabezadas por el control político, que habría sido descuidado por los congresistas y retomado por periodistas y veedores ciudadanos. 

Como señaló Nancy Patricia Gutiérrez, exministra del Interior y expresidenta del Senado, es necesario parar la ‘hemorragia de proyectos’ para no generar confusión e incertidumbre. “Dejar de lado el afán de protagonismo y la competencia entre bancadas y corporaciones”, pidió Gutiérrez en su columna de El Tiempo.

Según Penagos, desde 1991 se han aprobado cerca de 2.200 leyes y se ha modificado la Constitución más de 50 veces. Esto, para algunos analistas, obliga a pensar en una depuración normativa o en una reforma al Congreso que vaya más allá de bajar sueldos. 

Lo cierto es que muchos congresistas aún no entienden que los colombianos no demandan de su labor proyectos de ley, sino control a las políticas que ya existen. Lo que piden son cambios estructurales que, seguramente, se pueden tramitar en una iniciativa y no en cientos. 

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