¿Por qué no es momento para hablar de una Constituyente en Colombia?

En medio de un paro nacional, se ha empezado a plantear un debate sobre la posibilidad de que las movilizaciones conduzcan a un proceso para reformar la Constitución Política de 1991. Esta propuesta ha generado polémica y un rechazo contundente desde varios sectores. 

Si bien ningún partido o movimiento político ha reivindicado el llamado, en redes sociales circula con fuerza la discusión, la cual se ha planteado a partir de opiniones, comparaciones e incluso noticias falsas.

El primer detonante fue la similitud que algunos encontraron entre el paro nacional colombiano y las protestas ciudadanas realizadas en Chile desde octubre de 2019. Los partidarios de esta posición no dudaron en referenciar que en el país austral se está desarrollando una reforma constitucional motivada por la presión social, un camino que estaría recorriendo Colombia. 

Otra de los factores que ha puesto en la mesa el tema de la Constituyente es la circulación de información falsa en redes sociales. En Twitter, por ejemplo, algunos usuarios aseguran que si la protesta supera un mes de duración se podría pedir una nueva constitución política. 

https://twitter.com/LMonster_69_/status/1392412963110273026

Esto, a la luz de la misma Carta Magna, es imposible, ya que el artículo 374 deja claro que la “Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo”. 

Más allá de todo el debate, existen numerosos argumentos que tumban la hipótesis de que el país necesita cambiar su Constitución. Para muchos, abrir la puerta de una Asamblea Nacional Constituyente incluso puede ser contraproducente, ya que en ese proceso se podrían colar intereses oscuros o se podría aumentar la polarización. 

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Las bondades de nuestra Carta Magna

Los expertos concuerdan en que la Constitución del 91 es amplia en el reconocimiento de derechos y de acciones para hacerlos efectivos. Asimismo, aseguran que esta mantiene su esencia frente a lo planteado por la corriente del neoconstitucionalismo de finales del siglo pasado: defensa y protección de los derechos humanos. 

Promulgada hace casi 30 años, la Constitución de 91 reemplazó la de 1886, que se regía por doctrinas e ideologías conservadoras, como la decisión de instituir la fe católica como religión oficial. Con la nueva Constitución, impulsada por el movimiento social Séptima Papeleta, el país ganó en temas de participación o descentralización, así como con la creación de la Corte Constitucional, el Estado Social de Derecho, la democracia representativa, entre otras medidas. 

Sin embargo, es claro que la aplicación de las normas allí descritas no se ha hecho a la perfección, por lo que muchos hablan de una Constitución perfecta solamente en el papel. Según varios expertos, algunas reformas al documento han afectado instituciones como el equilibrio de poderes y el sistema de pesos y contrapesos.

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Asimismo, destacan que siguen existiendo defectos como el desacuerdo entre el reconocimiento de derechos y el régimen económico, lo que ha hecho que la garantía de derechos sociales, económicos y culturales sea marginal, basados en el principio de la no regresividad.

El debate de los últimos días ha ocasionado un rechazo general de especialistas y políticos a una posible reforma en los ejes fundamentales. Para muchos, el camino no es cambiar la Constitución, sino reforzar la aplicación de la actual, así como las herramientas pedagógicas para que los ciudadanos la conozcan. 

Los compromisos internacionales

Otro de los puntos a tener en cuenta es que la Constitución de 1991 ha estado acompañada de otros elementos, como es el caso de una amplia jurisprudencia que aclara temas muy importantes relacionados con la libertad de expresión, el aborto, el matrimonio igualitario, entre otros.

De igual manera, también existen varios convenios y compromisos internacionales que no permiten, por ejemplo, disminuir o eliminar derechos ya reconocidos, como es el caso de la tutela o la figura del bloque de constitucionalidad. 

Tampoco se podrían afectar normas como el sistema de pesos y contrapesos, propio de esta democracia, o la participación de la ciudadanía en las decisiones que las afectan mediante los diversos mecanismos puestos a disposición por la ley. Algunos analistas aseguran que habría margen de cambio solo frente a la composición del Estado, sus funciones y el régimen económico que sustenta la estabilidad del país. 

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Fetichismo constitucional 

“Reformar una Carta Magna es normal; pero pensar que eso soluciona todo, lleva a la inestabilidad”, dice José María Ruiz, abogado español y doctor en Derecho. Posturas como estas han salido a relucir en los últimos días, pues con la polémica propuesta de una Constituyente en Colombia se ha empezado a hablar de fetichismo constitucional. 

Para Ruíz, se trata de la intención de querer modificar la Constitución una y otra vez, lo cual es muestra de que los partidos políticos, en medio de la polarización, agotaron todos los mecanismos para seguir con las peleas y antagonismos. “Eso es algo peculiar del subdesarrollo político hispánico”, agrega el abogado. 

Natalia Angel Cabo, directora del Área de Derecho Constitucional en la Universidad de los Andes, asegura que Colombia no puede seguir ese camino del fetichismo constitucional, puesto que la Constitución del 91 permanece muy vigente. 

Por ahora, el rechazo a una Constituyente ha sido enfático desde diversos sectores políticos y ciudadanos. Sin embargo, cabe aclarar que esta posibilidad no puede reducirse a un rumor, pues tan solo en 2019 algunos congresistas del uribismo, como Paloma Valencia, hablaron de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar, entre otras cosas, la rama judicial.

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