Así se estarían robando los dineros para la paz

Diario Criterio revela una auditoría aleatoria a 979 contratos de proyectos relacionados con el posconflicto que demostraría presunta corrupción con los recursos para la paz y que ahora está en poder de la Fiscalía General de la Nación.

Mientras el presidente Iván Duque recibía en la Casa de Nariño al enviado especial de la Unión Europea, Eamon Gilmore, para agradecerle su apoyo económico al Acuerdo de Paz, en otras dependencias del Estado analizaban los hallazgos de una auditoría a los dineros para el posconflicto.

En los cuarteles de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía revisaban, con lupa, los detalles del informe presentado por las contralorías delegadas para el sector Agropecuario, Gestión Pública e Instituciones Financieras, Comercio y Desarrollo Regional y Posconflicto, que analizaron al azar los 979 contratos celebrados entre 2019 y 2020.

El asunto no es de poca monta ya que esa auditoría es una muestra importante de lo que está pasando con un fondo de 10 billones de pesos para la paz, alimentado por dineros provenientes del Sistema General de Regalías, el Presupuesto General de la Nación y de ayuda internacional, como la Unión Europea.

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“Es muy importante esta visita, porque la Unión Europea ha acompañado con recursos, con cooperación técnica, muchos de los procesos que se adelantan en el territorio nacional, asociados con temas de reforma rural integral, catastro multipropósito, titulación de tierras, pero también el desarrollo y la implementación de los PDET, que hoy tienen una inversión récord que puede estar superando los 9 billones de pesos y que marcarán una diferencia en el desarrollo territorial de nuestro país”, expresó Duque.

Como se recordará, esos dineros tienen como propósito cumplir lo firmado desde hace cinco años en el acuerdo de paz con las Farc. Se trata de una Reforma Rural Integral, cuya meta es impactar a 11.700 veredas de 170 municipios priorizados.

La ambiciosa reforma contempla 32.808 iniciativas que pretenden transformar el campo colombiano y lograr la reinserción efectiva de los 13.000 excombatientes que dejaron sus armas.

La auditoría especial, liderada por la Contraloría General, tiene en el ojo del huracán a las tres entidades creadas tras la firma del acuerdo paz y cuya misión es articular y ejecutar todos esos proyectos.

Ellas son el Fondo Colombia en Paz (FCP), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART). Todas ellas tienen como meta hacer realidad los proyectos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, más conocidos como los PDET.

¿‘Conejo’ a la paz?

Contraloría, informe auditoría recursos posconflicto.
Contraloría, informe auditoría recursos posconflicto.

El informe completo de 277 páginas, y al cual tuvo acceso Diario Criterio, arrojó conclusiones demoledoras en materia de contratación, falta de planeación, improvisación, de control y hasta de presunta corrupción.

“Proyectos incluidos en el PATR y que no deberían hacer parte de este. Proyectos desarrollados por las entidades ejecutoras, pero que no están incluidos en la base de datos del PATR de la agencia. Imprecisiones frente a fuentes de financiación, monto de recursos y estado de ejecución”, dice la auditoría.

En efecto, la investigación es tan minuciosa, que expone fallas hasta con entidades expertas en la ejecución de proyectos rurales como la Federación Nacional de Cafeteros y organizaciones del prestigio de la Fundación Carvajal.

Al final, la auditoría arrojó 41 hallazgos con alcance administrativo, cinco con alcance fiscal que involucran un total de 2.994 millones de pesos como presunto detrimento patrimonial, 30 hallazgos con alcance disciplinario y tres con alcance penal.

Sin embargo, esto es lo que estima la Contraloría, pero algo distinto se piensa en el búnker de la Fiscalía, donde creen que podría tratarse del comienzo de un mega-caso con serias implicaciones judiciales para muchos funcionarios, contratistas y empresas vinculadas con la plata de la paz.

Contraloría, informe auditoría recursos posconflicto y la paz.
Contraloría, informe auditoría recursos posconflicto.

El problema más recurrente, según el informe, gira en torno a la falta de información disponible para la auditoría. Es decir, las entidades contratantes no cumplían con el principio de publicidad de la documentación de todo el proceso contractual.

Los investigadores explicaron que “se evidenció que lo suministrado no cumplía a cabalidad con los criterios necesarios para tener claridad y toma de decisión sobre la muestra que se pretendían auditar”.

Sumado a ello, aseguran que los soportes sobre aspectos de la contratación a los que tuvieron acceso, no eran confiables.

“Se encontró que la información entregada por parte del sujeto de control (…) no es confiable, se encuentra con imprecisiones y ausencia de algunos datos relevantes para lograr de manera adecuada el resultado de los proyectos por ejecutar y ejecutados”, aseguraron.

Pero lo más absurdo es que el informe revela que, pese a la auditoría desarrollada, esta no sirvió para concluir sobre el avance de muchas de las obras, ante la ausencia de información. “Así mismo, no se pudo establecer con grado de certeza el estado actual de la implementación de las iniciativas, su avance, el seguimiento sobre la ejecución de los proyectos”.

El vórtice de la guerra

Posconflicto PDET, ART, FCP y dineros para la paz
Posconflicto PDET, ART, FCP. Foto: ART

Los proyectos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) están priorizados en 170 municipios que se agrupan en 16 subregiones.

En la auditoría se eligieron de manera aleatoria contratos ejecutados en los departamentos de Tolima, Valle, Antioquia, Meta, Caquetá y Cauca.

Con las subregiones Macarena-Guaviare; Sur del Tolima; Caguán y Piedemonte Caqueteño; Pacífico, Alto Patía y Norte del Cauca.

Los 79 hallazgos del informe giran en torno a obras de infraestructura, adecuación de tierras, vivienda rural, agua potable, saneamiento básico rural, reactivación económica y producción agropecuaria.

Los puentes invisibles de Caquetá

El contrato número 320 de 2018 entre el departamento de Caquetá y la firma Grupo Empresarial Líbano SAS era uno de los más ambiciosos y se convirtió en el más escandaloso.

Se trata de un proyecto que busca fortalecer la integración rural de esa región tan golpeada por el conflicto, para favorecer a ocho municipios.

Las obras incluyen la construcción de 11 puentes y dos box culvert (obras de drenaje) por valor de 8.194 millones de pesos a un plazo de nueve meses.

Aunque el contrato se firmó en octubre de 2018, al 25 de junio de 2021 solo había medio puente, con un avance de obra del 62 por ciento y otro con el 34 por ciento.

No obstante, entre julio y octubre de 2020 se firmó un otrosí que le permitió al contratista recibir un anticipo del 30 por ciento (2.458 millones de pesos).

Las irregularidades en ese proyecto han sido tan evidentes, que el Departamento Nacional de Regalías ordenó la suspensión preventiva de los giros (mediante la resolución 1506 del 9 julio de 2020), debido al incumplimiento en la ejecución de las obras.

Por si fuera poco, las obras se modificaron y, como era de esperarse, el proyecto se incrementó en 3.175 millones pesos, es decir, un 38 por ciento por encima del valor original.

Al respecto, desde la Gobernación de Caquetá argumentan que ellos no formularon el proyecto, sino que ya tenía estudios técnicos elaborados por el municipio de San José del Fragua.

Desde su estructuración el proyecto presentaba serias falencias técnicas, por las que debe ser llamado a responder el municipio de San José del Fragua”, explicaron desde la Gobernación en el informe de auditoría.

Los funcionarios de ese departamento le tiraron el agua sucia a la interventoría a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías). “Gran parte de las dificultades, principalmente en lo relativo a la definición de la situación del contrato 320 del 04 de mayo de 2018, devienen de la deficiente labor de la interventoría”.

“El avance físico (del proyecto) no supera el 12 por ciento, empero los recursos del anticipo se han agotado en más de un 90 por ciento”.

Por esas irregularidades, la Contraloría reportó incidencia con alcance fiscal y penal por presunto detrimento patrimonial de 2.347 millones de pesos.

A ese mismo proceso se sumó el interventor Invías, que subcontrató con el consorcio Dico-Incol la labor de veeduría del contrato por 598 millones de pesos y que a la postre resultó con serias irregularidades.

¿De servicios informáticos a inmobiliaria?

Uno de los hallazgos que más llamó la atención gira en torno a un contrato firmado con Carvajal Tecnología y Servicios SAS, una firma caleña dedicada a servicios informáticos, consultoría y gestión.

Si bien el contrato firmado con la Agencia de Renovación del Territorio (ART) tiene como objeto la implementación y el soporte informático de los PDET, a los investigadores les llamó la atención la firma de tres otrosíes que aumentaron su valor en más del 20 por ciento, al pasar de 46.520 millones a 56.149 millones de pesos.

Pero lo más llamativo para la Contraloría es que ese contrato, que tenía un plazo de ejecución de ocho meses, representó el 71 por ciento de toda la contratación para los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) entre 2019 y 2020.

Además, a los auditores les pareció extraño que esa firma fuera la intermediaria con la ART para el arrendamiento de cinco sedes ubicadas en Quibdó, Buenaventura, Apartadó, Barrancabermeja y Valledupar.

El valor total de esos contratos de alquiler fue de 1.447 millones de pesos, pero el contratista informático (Carvajal) obtuvo una utilidad de 186 millones de pesos por la intermediación.

A raíz de esa aparente irregularidad, la Contraloría analiza investigar un presunto detrimento patrimonial, “toda vez que estas erogaciones obedecen al rubro de funcionamiento de la entidad ejecutora, en este caso la ART”.

Al respecto, la ART respondió en el mismo informe de auditoría que “las mencionadas sedes hacían parte necesaria de todo un esquema operativo que permita el correcto desarrollo de una ruta metodológica”.

Y agregaron que, “en consideración de la entidad ejecutora, este servicio consistente en contar con sedes de operación de la estrategia, se encuentra incluido dentro de la operación de la misma”.

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¿Semilleros sin agua?

Uno de los proyectos agrícolas más ambiciosos dentro de los PDET se impulsa en 24 municipios del departamento de Cauca.

Se trata de un novedoso sistema de riego veredal que resolvería las fuertes sequías que sufren los cultivos de los campesinos en esa región del país.

Aunque la iniciativa original planteó la instalación de 131 sistemas de riego, con sus respectivos semilleros, en realidad solo hay en marcha 57, pero con serios problemas de perdurabilidad.

El contrato finalizó en julio de este año, pero la auditoría reveló serios cuestionamientos a la calidad de los sistemas de riego, las máquinas de bombeo de agua, las válvulas de control y el tanque que funcionaría como reservorio.

“Se generó un gasto a sabiendas que este modelo de sistema no iba a satisfacer la necesidad en términos de eficiencia, eficacia y durabilidad a mediano y largo plazo, observándose una serie de improvisaciones con la finalidad de cumplir con el objeto contractual”, concluyeron los investigadores.

En este caso, la Contraloría investiga un presunto detrimento patrimonial por 436 millones de pesos, con incidencia fiscal y disciplinaria para los involucrados.

Posconflicto. Reforma agraria a través de los PDET. Foto: ART.
Posconflicto. Reforma agraria a través de los PDET. Foto: ART.
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Las grietas del contratista

Este contrato tiene en el ojo del huracán a la Federación Nacional de Cafeteros, no por corrupción, sino por serias dudas en torno a la calidad de la obra que ejecutó.

Se trata del proyecto para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de las vías terciarias de la vereda Río Negro, en Corinto (Cauca).

Ese contrato tuvo un costo de 13.026 millones de pesos y aunque la obra se ejecutó y entregó en los plazos pactados, existen cuestionamientos en torno a su calidad.

Los auditores hallaron grietas o fisuras en las placas huella de las vías intervenidas en un tramo de 200 metros lineales.

“Se observaron fisuras transversales en elementos de la placa huella a lo largo del tramo de 200 metros. Igualmente, la falla de chaflan en los bordillos de acceso frente a las viviendas y de juntas de contracción y dilatación en el cambio de sección entre las losas de concreto y las riostras”, explicaron en el informe.

Sumado a lo anterior, los investigadores de la Contraloría concluyeron que “el proceso constructivo de la placa huella de la vereda Río Negro no garantiza la unión apropiada entre secciones fisuradas, afectando la resistencia de las losas de concreto entre sectores”.

Pero voceros de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) le hallaron una explicación al problema y así lo manifestaron dentro de la auditoría. Ellos argumentaron que no existe ningún riesgo para las obras, las fisuras presentadas en la misma y que estas obedecen a la naturaleza del proceso constructivo utilizado por la FNC.

“La aparición de fisuras en pavimentos continuamente reforzados, está ampliamente documentada por informes (…) y en Estados Unidos grandes avenidas son realizadas con dicha técnica, con la cual prima la funcionalidad del concreto, por encima de la apariencia estética de las fisuras”.

Posconflicto. Vías para la paz. Foto: ART.
Posconflicto. Vías para la paz. Foto: ART.

Sin plata y sin vía

Uno de los casos más decepcionantes por la incompetencia del contratista y la desidia de las autoridades es lo ocurrido con una vía veredal en el municipio de Ataco (Tolima).

Pese a que desde el 30 de noviembre de 2019 se firmó el contrato para el mejoramiento de vías terciarias entre las veredas Balsillas-Nueva Reforma, mediante construcción de placas huellas, 20 meses después la obra solo avanzó 31 por ciento.

Eso quiere decir que, aunque el proyecto cuesta 5.903 millones de pesos, solo han ejecutado 1.451 millones de pesos. Para empeorar, los auditores ya anunciaron que ese proyecto tiene un déficit presupuestal por valor de 479 millones de pesos.

La responsabilidad de esta obra recae en el municipio de Ataco y la firma Unión Temporal Placa Huella Ataco.

Lo increíble es que en el papel, ese contrato tenía un plazo de ejecución de seis meses. En palabras del alcalde, el problema se debió a la ola invernal y el paro nacional.

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Son muchos otros los contratos y casos estudiados por la Contraloría y en poder de la Fiscalía que dejan al descubierto la forma ‘descuidada’ como se estarían manejando parte de los billonarios recursos para la paz.

3 Comentarios

  1. la contraloria PUDO RECUPERAR 4.3$ BILLONES – ROBADOS POR EL GRUPO EMPRESARIALA ANTIOQUEÑO -GEA- A EPM…..PERO NO HA PODIDO RECUPERAR LOS DINEROS PUBLICOS Y DE COOPERACION DESVIADOS, PARA LAPA, – POR CERCA DE $ 10 BILLONES – SEGURAMENTE PARA NO AFECTAR A LOS POLITIQUEROS QUE APROBARON LA REFORMA A LA CONTRALORIA, PARA GASTARSE MAS DE $850 MIL MILLONES Y COLOCARN MAS DE 2000 CARGOS DE INEPTOS BUROCRATAS HOJAS DE VIDA DE POLITIQUEROS DE RISARALDA, ANTIOQUIA, META, ETC

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