Los egos de Claudia López y del Concejo están dejando a Bogotá sin POT

Cuando se presentó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, hace unos meses, la administración distrital aseguró que el proyecto sería un acuerdo de la ciudad y no un decreto del Gobierno. Sin embargo, la apuesta hoy parece imposible. 

Al Concejo de Bogotá ya solo le quedan nueve días de los 90 que tenía para aprobar el proyecto de POT y el panorama no podría ser más desalentador: no se ha debatido ninguno de los 608 artículos que tiene el proyecto por una serie de recusaciones y de impedimentos que algunos consideran absurdos.

Por ejemplo, el pasado 12 de noviembre, cuando iba a empezar la votación, el ciudadano Germán David Cañón Niño presentó una recusación para que todos los 45 concejales se declararan impedidos por tener una representación activa en cada una de las localidades de la ciudad. Según Cañón Niño, eso podría representar un conflicto de interés puesto que el POT plantea pasar de 20 a 33 localidades.

La recusación, además, fue presentada en un documento con logos de la Colombia Humana. Al respecto, Susana Muhamad, concejala por este partido, explicó que Cañón Niño no tenía ninguna relación con su movimiento político. A pesar de esto, el Concejo le dio trámite al recurso.

La semana pasada ocurrió algo similar, luego de que el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, interpuso una denuncia por calumnia en contra del concejal por la Alianza Verde Martín Rivera, luego de que este afirmara que le habían ofrecido puestos del periodo de la actual administración. El presunto ofrecimiento fue entendido como si se hubiese dado en el marco de la discusión del POT y abrió un debate sobre clientelismo y lobby en el interior del Concejo. 

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Como respuesta, Rivera se declaró impedido, por lo que la votación tampoco pudo comenzar. “Me debo declarar impedido de acuerdo con lo fundamentado en el numeral 5° del artículo 11, de la Ley 1437 de 2011, el cual consagra como causal de impedimento la existencia de litigio o controversias ante autoridades administrativas o jurisdiccionales”, expresó el concejal en su momento. 

Los señalamientos que no cesan

Luego de este hecho, Rivera manifestó que ese nuevo obstáculo para la votación del POT no era su culpa sino del Distrito, puesto que la denuncia fue hecha el 16 de noviembre, semana en la que se le hubiera podido dar solución, pero solo se hizo pública hasta el 22 de noviembre. 

A su voz se sumaron otros concejales, como Muhamad y Carlos Fernando Galán, que afirman que es el propio secretario de Gobierno quien está deteniendo el trámite del POT.

Este también fue el caso del concejal por el Polo Democrático Carlos Carrillo, quien presentó 608 proposiciones para que los artículos del POT sean discutidos uno a uno. “Yo desde hace tiempo estoy muy preocupado de que aquí se haga lo mismo que se hizo en el rescate del TransMilenio. Y es que dada la complejidad de un articulado como este, está la posibilidad de que el presidente de la comisión del plan pupitree el POT”, dijo Carrillo a Diario Criterio.

En ese sentido, para el concejal, la Alcaldía de Bogotá estaría buscando que el POT se apruebe por decreto. 

Precisamente, estos señalamientos apuntan a que la administración estaría buscando dilatar el proceso para imponer su visión de ciudad y que finalmente se apruebe el proyecto presentado en un principio por la Alcaldía de Claudia López.

Sin embargo, hay otras voces que indican que lo que se ha buscado con estas trabas es impedir la discusión democrática con el único fin de afectar a la alcaldesa. 

Este fue el caso de María Fernanda Rojas, presidenta del Concejo, quien en una sesión de hace un par de días manifestó que se vienen presentando semanas de saboteo. “Aquí se empeñaron en que había que tramitar recusaciones falsas, recusaciones anónimas y donde suplantaban la identidad de un ciudadano. Alguien cometió delitos para poder atravesarse al POT”, aseguró. 

La concejala hizo referencia precisamente a la recusación presentada a nombre de Germán Cañón Niño, en la que, según expuso, hubo suplantación y falsedad en documentos públicos. Hecho que la llevó a denunciar el caso ante la Fiscalía.

De hecho, Rojas, al igual que la alcaldesa, ha manifestado en distintas ocasiones que en el Concejo “hay manos oscuras” que no quieren el debate, por lo que han recurrido a “jugadas de sabotaje, ruptura de quórum, inasistencia y recusaciones infundadas”. 

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Las trabas que no permiten avanzar

Las recusaciones son una herramienta para impedir que quienes tienen algún interés en la discusión de un punto o proyecto sean partícipes de la toma de decisiones. Esta es la misma función que tienen los impedimentos, los cuales pueden ser presentados por los concejales. 

En la discusión del debate POT estos mecanismos han sido protagonistas. Lo problemático de estos recursos es que, al ser presentados, no pueden resolverse el mismo día, por lo que debe citarse una nueva sesión para darles solución, lo que genera demoras en los procesos que se adelantan en las plenarias. 

Juan Federico Pino, profesor de la Universidad Javeriana y magíster en ciencia política, explicó a Diario Criterio que estos recursos son una de las prácticas más comunes que existen en los procesos de deliberación política, puesto que son utilizados para obstruir un proceso cuando se conoce que la contraparte cuenta con mayorías políticas. 

Cuando las recusaciones son utilizadas para negar cualquier espacio de deliberación, estas irían en contra del juego democrático, pero no son ilegales. “La lógica que se busca en estos espacios es que tú construyas unas mayorías, que existan unas minorías y que haya lugar para la negociación, para alcanzar consensos. Ciertos sectores de oposición están utilizando esta estrategia, ni siquiera porque las recusaciones tengan un contenido legítimo, sino porque tienen un carácter operativo que niega cualquier espacio de deliberación, mientras se resuelve”, añadió. 

Estas acciones, en el caso puntual del POT, estarían llevando a un escenario en el que las opciones serían que el proyecto se caiga o que se apruebe por decreto, que no es la ideal. Si esto último llegara a suceder, como empieza a rumorarse, “lo más probable es que los sectores que han estado obstruyendo el debate señalarán el carácter antidemocrático de esta movida, cuando fueron estos mismos sectores los que no dejaron avanzar las discusiones”, aseguró Pino. 

También sería una gran derrota para la alcaldesa. De hecho, varios concejales han manifestado que, de darse ese escenario, sería completamente infortunado. La concejal Marisol Gómez dijo a Diario Criterio que precisamente “ningún mandatario espera que su proyecto POT pase por decreto. Esto querría decir que le cerró la puerta a la cantidad de observaciones que tiene el plan”.

Así las cosas, el POT de Claudia López podría no lograr la votación por consenso, como les sucedió a los presentados por Gustavo Petro y Enrique Peñalosa, a pesar de que ha sido calificado como mejor plan en comparación con las anteriores versiones presentadas. Diego Silva, profesor del programa en Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario, explicó a Diario Criterio que el POT actual “va en línea con lo que se propone en el mundo entero”.

En los debates POT en el Concejo, como se ha visto, desde los diferentes partidos se intenta imponer una visión de ciudad, en la que ciertos intereses son priorizados. “Más que estar pensando en la imagen y progreso de ciudad, el POT se está viendo como un caballo de batalla entre distintas visiones de la ciudad, que se configuran como irreconciliables y que hacen que el POT no se vea como un proyecto que puede ser mejorado sino como una propuesta rechazada”, explicó Pino.

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Los caminos que quedan

Se hace necesario un POT que satisfaga las nuevas necesidades de los ciudadanos, pues la ciudad se rige por el POT de 2004. Es decir, aunque estos proyectos se diseñan para un periodo de 12 años, Bogotá ya lleva 17 con las mismas reglas de juego, y muchas de sus dinámicas han cambiado. 

Ya es prácticamente imposible que el proyecto sea aprobado por acuerdo, por lo que parece que la nueva apuesta sería pasarlo por decreto. Ante esto, varios concejales han pedido que se tenga en cuenta la posibilidad de que se hunda y que la Alcaldía lo radique nuevamente el año entrante. 

“A este proyecto le quedan siete días, pero al gobierno de Claudia López le quedan dos años. Ella podría, en un acto responsable con la ciudad, completar este POT, que está incompleto, concertar con las comunidades, llegar a acuerdos y volverlo a presentar el otro año”, expresó al respecto el concejal Carrillo. 

Esta posibilidad, no obstante, no parece muy factible, partiendo de que 2022 es año electoral. De hecho, la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo, expresó a La Silla Vacía que, “si no se logra un consenso, ¿para qué volver a presentar el proyecto el próximo año? ¿Para que pase lo mismo y dilaten el debate?”.

También existe la posibilidad de que la Comisión del plan vote en contra de las ponencias positivas, lo que hundiría el proyecto. Esta opción sigue siendo la menos probable, si se parte de la base de que la alcaldesa mantiene las mayorías a su favor. Un panorama que, sin embargo, podría cambiar en algún momento, según se rumora. 

Esta mañana, según informó la presidenta del Concejo, fue aprobada en la Junta de Voceros la agenda para los próximos días. De esta forma, este miércoles volverá a discutirse el Plan de Ordenamiento, al igual que el 2 y el 4 de diciembre.

Todavía no se puede dar nada por hecho. Eso sí, el Distrito y varios concejales coinciden en que es necesario modificar las normas que rigen al Concejo para que cambie la forma en la que se les da solución a las recusaciones y los impedimentos. El concejal Carlos Fernando Galán, quien hizo la propuesta, explicó que los cambios permitirían que estos recursos se puedan someter inmediatamente a consideración para continuar prontamente con las discusiones.

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