¿Habrá lluvia de demandas en contra del POT de Claudia López?

Las dificultades con el POT, aprobado vía decreto, no terminan. Ahora la administración debe afrontar los recursos jurídicos en contra del plan. ¿Es inminente su suspensión por acciones judiciales?

A pesar de las críticas e inconformidades de varios miembros del Concejo de Bogotá y de distintos sectores de la ciudad, la administración de Claudia López expidió el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por decreto, el pasado 29 de diciembre. 

Los críticos señalaron a Claudia López de “antidemocrática”, pero lo cierto es que ella estaba facultada para realizar dicha movida. Según la ley, el proyecto solo puede ser expedido por decreto si luego de los 90 días de plazo no es aprobado por el Concejo. Como la discusión del POT se dilató en el Cabildo distrital por las recusaciones y tutelas interpuestas, la alcaldesa decidió expedirlo vía decreto. 

Aunque esta no era la única opción que tenía la administración. También podía presentar nuevamente el proyecto este 2022. Por eso, varios concejales le pidieron a López que no lo aprobara y varios políticos aseguraron que si el POT pasaba por decreto, habría “una lluvia de demandas”. 

Y las primeras gotas de lluvia de una posible tormenta ya empezaron a caer. En los primeros días de enero se conoció la primera acción judicial en contra del plan. Se trata de la tutela presentada por el Movimiento Salvación Nacional en la que argumenta la “presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso” y a la participación “en la conformación, ejercicio y control del poder político”, en el marco del proceso de aprobación del POT. 

En la tutela admitida, los accionantes indican que la Alcaldía y el Concejo violaron su derecho al debido proceso al publicar “de manera defectuosa” los términos para participar en el Cabildo Abierto del 23 de septiembre de 2021 y del 5 de octubre del mismo año. 

De esta forma, “el Concejo de Bogotá incumplió con uno de los cánones establecidos en el artículo 25 de la Ley 1757 de 2015, y omitió publicar la convocatoria en un medio de amplia difusión nacional con una diferencia no menor de diez (10) días entre una y otra publicación”. Hecho que comprometió el derecho de los ciudadanos “de conocer con suficiente antelación el trámite del Cabildo Abierto para la discusión del POT”.

Además de este recurso, se espera que otros sean tramitados en las próximas semanas. A finales de diciembre, la concejala por la Alianza Verde Lucía Bastidas, dijo que estaba convocando a los ciudadanos para presentar una demanda en contra del POT. Bastidas confirmó a Diario Criterio que dicho proceso está “avanzando”. 

Otros han dicho que podrían hacer lo mismo. Miguel Uribe Turbay, cabeza de lista del Centro Democrático al Senado, aseguró que demandará el POT, al afirmar que la actuación de la alcaldesa fue “completamente ilegal”. 

“Que Claudia López expida el POT por decreto además de inconveniente es ilegal. No tiene la facultad legal para hacerlo pues el tratamiento que les dieron a los impedimentos y recusaciones es completamente irreglamentario, debieron suspender los términos de la actuación administrativa para garantizar la deliberación sobre el fondo del proyecto”, añadió Turbay. 

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Cabe recordar que el pasado septiembre, varios concejales interpusieron una demanda ante la Corte Constitucional para que sean estudiados algunos artículos del proyecto. Dicha demanda fue aceptada en noviembre. El alto tribunal todavía no ha emitido concepto sobre la misma.

¿Tutelas y demandas a la vista?

Hace un par de semanas, cuando al Cabildo distrital se le agotaba el tiempo para discutir y aprobar el proyecto, Juan Federico Pino, profesor de la Universidad Javeriana y magíster en ciencia política, dijo a Diario Criterio que lo que se estaba viendo en el recinto, a cuenta de los múltiples recursos que impidieron la discusión, era un “caballo de batalla entre distintas visiones de la ciudad”, que se configuraron como “irreconciliables”, y que hacen que el POT “no se vea como un proyecto que puede ser mejorado sino como una propuesta rechazada”. 

Dicha batalla continúa. Una vez se presenten los recursos jurídicos anunciados, habría que hacer una distinción entre los que están en contra del proyecto por su contenido y los que se oponen por puros intereses políticos. 

Ahora bien, son varios los mecanismos que los ciudadanos pueden presentar. Uno de ellos es la tutela. Andrés Briceño, profesor de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, explicó a Diario Criterio que, en este caso, la tutela se presenta “entendiendo que no se dio la garantía del derecho a la participación. Es decir, el ciudadano alega que no fue tenido en cuenta, de manera oportuna y completa, en las discusiones”. 

Así mismo, explicó que los jueces de tutela no pueden examinar si el decreto está en conformidad con la Constitución, “lo que deben verificar es si con la expedición de los decretos se vulneró algún derecho fundamental y si se produjo un prejuicio irremediable”. 

Por esa misma razón, prefieren acudir a otro recurso: la demanda. Así, cuando se presenta este mecanismo, lo que debe revisarse es si el contenido del POT y su expedición (decreto 555 de 2021) cumplen con las exigencias previstas en la Constitución y la ley.

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¿Podrán avanzar?

Sobre si las demandas podrían prosperar o no, Briceño explicó que habrá que esperar hacia dónde van a ser orientadas, si van a solicitar la suspensión completa, parcial o de algún articulado. O si se van a acumular o si van a ir por diferentes magistrados, en caso de que lleguen a las altas cortes. Eso sí, manifestó que es posible que haya una suspensión del decreto. “Sí se puede dar la suspensión. Está dentro de lo posible. Para que esta proceda, tiene que haber una situación clara, evidente de contradicción del decreto en su totalidad, parcial o de alguna de sus normas con la Constitución o la ley”, dijo. 

De darse esa situación, por el hecho de que la norma entró a regir el pasado primero de enero, deberá suspenderse cualquier avance que se haya hecho y, nuevamente, entraría a regir el POT de 2004. Esto significaría que la ciudad continuaría en deuda, pues aunque estos proyectos se diseñan para un periodo de 12 años, Bogotá lleva 17 con las mismas reglas de juego. 

Para el experto, el POT no tiene errores formales, sino “sustanciales”, por lo que también está preparando una demanda en contra del mismo. “Mi objetivo no es bloquear el decreto por bloquearlo, sino que en verdad hay asuntos problemáticos, algunos de ellos son la delimitación de las áreas de reserva, lo relativo al cumplimiento de la sentencia del río Bogotá y la variación de los usos del suelo”, aseguró.

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