¿Se embolató la plata para implementar la paz en 2022?

La aprobación del Presupuesto General para 2022 generó todo tipo de disputas al interior del Congreso. Luego del debate, varios parlamentarios y organizaciones denunciaron que se le dio un golpe al bolsillo de la paz y reclamaron mayor coherencia del gobierno en su discurso de implementación de los acuerdos.

El pasado 19 de octubre, el congreso aprobó el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN), uno de los peces gordos de la cuarta y última legislatura. En total, se destinaron 350,4 billones de pesos para el próximo año.

Por más de dos meses, las comisiones económicas del Legislativo y las plenarias de Cámara y Senado discutieron cómo gastar el monto propuesto por el Ministerio de Hacienda. Aunque la cifra global nunca estuvo en discusión, los congresistas cambiaron algunos rubros destinados a algunos sector o entidad. Este punto, como ya es costumbre, no se escapó de varias polémicas y peleas.

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La paz es uno de los temas que desde la llegada del gobierno Duque se ha convertido en un punto de discordia. De manera general, los partidos de oposición han denunciado, año tras año, que la administración realiza recortes a las entidades encargadas de implementar o monitorear los acuerdos.

El presupuesto de la paz en 2022

Este año la discusión no fue la excepción. Según Juanita Goebertus, representante a la Cámara, hay una reducción importante en por lo menos siete instituciones relacionadas con la paz. Una de las más preocupantes es la disminución de la plata para la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que respecto al 2021 perdió un 82,2 por ciento.

“Eso nos preocupa porque si la ARN estuviera boyante en el cumplimiento de sus metas sería entendible; sin embargo, al día de hoy más del 60 por ciento de los excombatientes no tiene acceso a un proyecto productivo”, aseguró Goebertus.

En esta misma línea, la representante advirtió una reducción en otras entidades como la Agencia de Desarrollo Rural (-7,8 por ciento), Agencia de Tierras (-1,4 por ciento), Unidad Nacional de Protección (-89 por ciento), Ministerio de Agricultura (-71,7 por ciento) y el programa de sustitución de cultivos (-57 por ciento).

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A todo esto se suma otro caso que tiene que ver con el presupuesto de la Agencia de Renovación del Territorio. A esta entidad le asignaron un 43 por ciento menos de lo que solicitó. Juan Carlos Zambrano, director de esta agencia, señaló ante el Congreso: “Queríamos ingresar a proyectos con mayor impacto, pero ese tipo de iniciativas las dejaríamos de hacer el próximo año al no contar con los recursos”.

Según Zambrano, el dinero no sería usado para construir escuelas o polideportivos, sino para encontrar una transversalidad entre los diferentes sectores. “Se trata de lograr que el desarrollo agropecuario vaya de la mano con el desarrollo de transporte o vías terciarias”, agregó.

Otro caso particular es el de la Unidad de Víctimas, que a pesar de tener un aumento del 3,2 por ciento no convence a muchos. “Nos preocupa mucho porque al ritmo que vamos nos tardaremos 61 años en indemnizar a todas las víctimas”, dijo la representante Goebertus al respecto.

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Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, para 2021 el gasto público en el sector paz es de 0,5 billones de pesos. Una revisión al PGN del próximo año permite evidenciar un recorte del 19 por ciento en el presupuesto de funcionamiento y del 14 por ciento en inversión, con respecto al 2021.

Cabe señalar que cuando se habla del sector paz se incluye a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la verdad y la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas (UBPD).

¿Y la plata de la verdad?

Cuando el Ministerio de Hacienda radicó el PGN de 2022 lo hizo con una reducción del 100 por ciento en el presupuesto de la Comisión de la Verdad. Esto sucedió porque el gobierno dio por hecho que el periodo formal de la Comisión terminaría este año, en noviembre.

Sin embargo, varios sectores reclamaron una extensión de dicho periodo, argumentando que la pandemia impidió a esta institución llevar a cabo sus labores con normalidad. Esta iniciativa contó con el respaldo de la Corte Constitucional, que amplió el funcionamiento de la Comisión hasta el 27 de junio de 2022. Cabe recordar que el Ministerio de Justicia y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) enviaron una carta a la Corte asegurando que el actual periodo de la comisión “resulta más que razonable”.

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Para Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, “un alargamiento del periodo formal de la CEV es necesario para proteger el derecho a la verdad y no afecta seriamente ningún otro principio constitucional”. Otros analistas aseguran que además del tiempo perdido por la pandemia, la Comisión de la Verdad necesitará seis meses para el proceso socialización del informe  y un tiempo adicional para su liquidación.

Finalmente, el Congreso aprobó más de 81.000 millones de pesos para el presupuesto de la Comisión, pero la cifra no convenció a todos. “Quisieron hacer realidad eso que tanto decían de hacer trizas el Acuerdo de Paz. A pesar de que la comisión de la verdad va a recibir en esta segunda ponencia $81.000 millones adicionales, esto no va a ser suficiente para alcanzar esas metas pactadas para llevar a buen puerto la implementación del Acuerdo”, aseguró la representante Katherine Miranda.

Implementación a cuentagotas

Toda esta polémica se da en medio de duros cuestionamientos al avance de la paz en las regiones. Según la Procuraduría, puntos del Acuerdo como la Reforma Rural Integral, participación política y las garantías de seguridad presentan retrasos significativos.

En cuanto a la Reforma Rural, asegura que: “si bien ya se cumplió con el proceso de formalización del 99.6 % de las hectáreas de tierra previstas por entregar, tan solo el 0.4% han sido adjudicadas, (…) Se deben entregar tres millones de hectáreas y formalizar otras siete millones”.

También existe una fuerte preocupación sobre el punto cuatro, sobre el problema de las drogas. Las cifras indican que de la totalidad de cocaleros que firmaron acuerdos de erradicación voluntaria y que cumplieron con su parte, tan solo el 5 por ciento ha tenido acceso a un proyecto productivo.

Sobre la reducción del presupuesto a la Unidad Nacional de Protección, la congresista Goebertus dice que es un hecho incoherente. Ella asegura que la decisión también es peligrosa, si se tiene en cuenta el aumento de la violencia y asesinato de líderes sociales. Los datos que maneja Indepaz hablan de 99 defensores de derechos y 29 firmantes de paz asesinados en 2021.

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Por último, cabe resaltar que un reciente informe de la Contraloría asegura que, con el ritmo actual, la implementación de la paz tardaría cerca de 26 años. Esta entidad asegura que gran parte del problema radica en la poca ejecución de los recursos.

Además, con la llegada de la pandemia, varios líderes y organizaciones sociales se han sumado a la discusión. Ellos denuncian que la contingencia sanitaria incrementó la falta de capacidad presupuestal, técnica y de infraestructura para implementar la paz. Todo esto mientras existe un aumento preocupante de la violencia en las regiones.

“Hay incertidumbre sobre los recursos destinados al proceso de reincorporación, las obras de los PDET, la continuidad del PNIS y la reparación de las víctimas, asuntos que antes de la pandemia ya presentaba importantes retrasos y dificultades financieras”, dijo la Fundación Ideas para la Paz (FIP). 

Las peleas por el presupuesto de la paz hacen parte de una historia que se ha repetido cada año en el gobierno de Iván Duque. Aun así, la discusión y las polémicas parecen estar muy lejos de las necesidad de víctimas y territorios afectados por el conflicto.

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