“Grupos de reacción solidaria” de Lafaurie: se sabe dónde comienzan, pero no dónde terminan

La propuesta lanzada por el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos trae a colación varios episodios de la historia de Colombia que impulsaron el paramilitarismo.

José Félix Lafaurie volvió a causar una polémica nacional por cuenta de su intención de crear grupos de reacción solidaria que brindarían seguridad a los ganaderos ante posibles ocupaciones de fincas y haciendas. Según el polémico dirigente ganadero, estos grupos no estarían armados y solo acompañarían a las autoridades. Y en una entrevista en el programa Vicky en Semana dijo: “No estoy pidiendo permiso” para organizarlos, declaración que aumentó aún más la polémica.

Los “grupos de reacción solidaria”

La propuesta de Lafaurie se dio a conocer en un video publicado en redes sociales en el que envió un mensaje a los ganaderos del sur del Cesar, donde han ocurrido incidentes ocasionados por la ocupación de una finca ganadera, en el municipio de Curumaní.

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“Para mis paisanos en el sur del Cesar, un abrazo cordial. Saben que los quiero. Cuídense, que vienen tiempos difíciles. Vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata para que cuando haya perturbación a la propiedad, inmediatamente todo el mundo acuda a apoyar al ganadero afectado”, dijo Lafaurie.

Las palabras del representante gremial causaron el rechazo de políticos, investigadores del conflicto armado, ONG y víctimas del paramilitarismo. Para estos sectores, la idea les recuerda oscuros episodios de la historia del conflicto colombiano en los que asociaciones de la sociedad civil han recurrido a proteger al ganadero a través de la formación de grupos de seguridad privada que terminaron saliéndose de control.

Ante los cuestionamientos, Lafaurie ha insistido en que a dichos grupos de reacción solidaria no se les puede confundir con un proyecto de seguridad privada, porque no estarían armados, sino que sería una forma de organizarse para apoyar a los ganaderos en caso de invasión de sus fincas. Y a sus críticos, que señalan que su iniciativa daría pie al fortalecimiento del paramilitarismo y reciclaría la filosofía de las Convivir —creadas en 1994 y base del boom paramilitar de los años noventa—, les ha dicho que “el ladrón juzga por su condición”.

El paramilitarismo y la propuesta de Lafaurie

Sin embargo, como también dice el adagio popular, “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”. Los grupos de reacción solidaria, concebidos como una forma de organización civil defensora de la propiedad privada y que colaboraría con las autoridades, hacen parte de un pensamiento que ha acompañado al Estado y la sociedad colombiana y ha sido la base de las distintas oleadas del paramilitarismo, por lo menos desde los años sesenta del siglo pasado.

De acuerdo con varias investigaciones sobre la historia del paramilitarismo en Colombia, este fenómeno se ha basado en la tendencia histórica del Estado a delegar parte de sus funciones de seguridad a la sociedad civil, a grupos o élites regionales de asumir la protección casi de manera autónoma.

En el informe de hallazgos y recomendaciones, la Comisión de la Verdad, afirmó que “la dinámica paramilitar trasciende la dimensión más visible del fenómeno (los aparatos armados) y visibiliza el telón de fondo, aquello que lo sustenta y facilita su permanencia”. Telón de fondo que “ha estado vinculado históricamente con decisiones de gobierno e instituciones del Estado, ancladas a la tendencia estatal a la delegación de la seguridad pública, la coerción y las armas en grupos de civiles armados y agencias encargadas de proporcionar seguridad de manera privada bajo el objetivo de la seguridad y la defensa nacionales”.

En otras palabras, el paramilitarismo no solo se debe asociar a grupos armados, sino a una forma de pensar que, por lo menos desde la década de los sesenta del siglo XX, ha dado protagonismo a grupos o personas por fuera del Estado para que cumplan con la función de protección y seguridad. En ese sentido, la propuesta de Lafaurie continúa con esta línea de pensamiento.

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El caso Acdegam

De hecho, el decreto 3398 de 1965, convertido en la Ley 48 de 1968, que organizaba la defensa nacional y la defensa civil, no hacía énfasis en la formación de grupos civiles armados sino en el papel que deberían tener estos como colaboradores de la fuerza pública en la seguridad nacional frente a la insurgencia y al bandolerismo. No obstante, la ley sirvió de sustento legal para la primera oleada del paramilitarismo de finales de los años setenta y de la década de los ochenta, en la que los ganaderos participaron.

Para nadie es un secreto que los ganaderos del país han sido víctimas del conflicto armado, en especial de las guerrillas que, durante décadas, vieron en este sector una fuente de financiamiento para sus organizaciones. Pero un sector de ellos también ha sido auspiciador y financiador del paramilitarismo en Colombia. Ejemplo de ello fue la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegan), que nació a inicios de la década de los ochenta con el fin de hacerles frente a las extorsiones de las Farc y de liberar la región de este flagelo.

Acdegan siempre se presentó como una asociación pacífica que promovía el respeto por las leyes. En una carta, su secretario general, Anselmo Ortiz Patiño, escribió: “La asociación, dentro nuestro marco institucional y de conformidad con la legislación vigente, se concibió como un ente que promueve el respeto por nuestra carta magna, nuestra ley propugna por el acato, respeto y obedecimiento a las autoridades legítimas; predica la fe y la creencia en nuestro sistema democrático”.

Y continúa:

“En especial, proclama y aclama por el monopolio de la fuerza pública en manos del Estado, único detentador legítimo de este instrumento para salvaguardia del sistema de valores imperantes y para evitar el flagelo de la violencia”.

Con el tiempo se supo que Acdegan fue la fachada legal del paramilitarismo en el Magdalena Medio y que, a través de ella, fluyeron los dineros del narcotráfico para financiar a mercenarios que entrenaron los ejércitos ilegales de seguridad privada. Acciones que contaron con el respaldo de miembros de la fuerza pública y de los partidos políticos. Algo similar sucedería con las Convivir, creadas en la década de los noventa.

Dados los antecedentes, no es extraño que los ‘grupos de reacción solidaria’ que Lafaurie quiere crear genere temores en parte de la sociedad colombiana. También es un síntoma de esa tendencia en el país de privatizar la seguridad con la excusa de defender la propiedad privada y la seguridad nacional, como ya distintas investigaciones lo han demostrado.

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