Casos de abuso policial en protestas de septiembre de 2020 siguen impunes: comisión del Concejo de Bogotá

Más de un año después de los hechos, no se ha emitido ninguna condena contra los uniformados que dispararon indiscriminadamente contra la ciudadanía, dice la Comisión de Seguimiento del Concejo de Bogotá.

La Comisión de Seguimiento del Concejo de Bogotá que estudia lo ocurrido durante las protestas en Bogotá y Soacha del 9 y 10 de septiembre de 2020 presentó un informe en el que detalla los avances de las investigaciones a las actuaciones de los miembros de la fuerza pública por abuso policial.

Una de las principales conclusiones del informe es que no han sido garantizados los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral. Según se relata en el documento, actualmente solo tres personas se encuentran en juicio por los 75 casos de personas heridas con armas de fuego durante las movilizaciones. De estas, dos se encuentran en la etapa de indagación. Así mismo, todavía no hay un esclarecimiento sobre la responsabilidad de los altos funcionarios de la Policía en los hechos. 

El documento también indica que, en medio de las investigaciones, ha habido presuntos hostigamientos a las familias de las víctimas por parte de miembros de la Policía. Por ejemplo, la comisión recogió el testimonio de una persona que describió haber sido interceptada por un uniformado que, por sus características físicas y nombre, sería el presunto homicida de su hijo. En aquel encuentro, a esta persona le fue impuesto un comparendo sin fundamento, dice el testimonio. 

Protestas 2020- AFP.
La Policía insiste en que solo reparará y pedirá perdón por una orden judicial. Foto: AFP.
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Estas denuncias, además, se han extendido a los procesos legales. La madre de Angie Paola Baquero, la joven de 19 años que recibió un impacto de bala en Suba La Gaitana cuando al parecer se dirigía a la casa de una compañera, manifestó que Jaime Augusto Castillo, abogado defensor del patrullero Jorge Andrés Lasso, vinculado al proceso por la muerte de su hija, ha tenido una actitud revictimizante e insensible. 

Otro de los hallazgos es que los policías investigados se encuentran activos. Es decir, no se ha concretado alguna acción encaminada a su “retiro discrecional”. Tampoco se ha reparado a los ciudadanos por los hechos bajo el argumento de que para realizar una reparación integral “debe existir un fallo judicial expedido por la autoridad competente”. 

Para la comisión, el hecho de que la Policía no demuestre la intención de reconocer estos actos deteriora aún más la confianza de la ciudadanía en la institución.

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Los policías imputados por cuatro homicidios

El informe también recordó el caso de los tres policías que fueron imputados por el homicidio de tres hombres y una mujer durante las protestas surgidas a partir del asesinato de Javier Ordóñez, la madrugada del 9 de septiembre. 

Se trata de los patrulleros Andrés Díaz, Jorge Andrés Lasso y John Gutiérrez, quienes, de acuerdo con el documento, no han sido retirados de sus cargos y han sido felicitados por su labor luego de las jornadas de paro. 

“Lo más aterrador es que los tres patrulleros imputados no solo no han sido retirados, sino que además han recibido reconocimientos en forma de felicitaciones con posterioridad al 9 y 10 de septiembre de 2020. El patrullero Lasso Valencia ha recibido dos de estos reconocimientos en enero y febrero de este año. Absolutamente revictimizante”, indica el informe.

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