Cientos de detenidos y ningún acuerdo: a dos meses de las protestas en Cuba

Desde que estallaran las protestas en Cuba en julio, el gobierno de la isla guarda bajo siete llaves la cifra de detenidos durante el estallido. En su último reporte, la ONG de defensa de derechos humanos Cubalex asegura que la represión de las movilizaciones dejó al menos 949 detenidos, de los cuales 437 continúan presos.

Mientras tanto, el gobierno comunista insiste en que las protestas forman parte de una estrategia de cambio de régimen. Asegura que el estallido lo organizaron medios digitales anticubanos, financiados por Washington. Así justifican que, de manera sorpresiva, miles de cubanos se volcaran a las calles en unas 50 ciudades del país al grito de “Patria y Vida”, “Tenemos hambre” y “Libertad”. Una persona murió y decenas resultaron heridas.

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Según el gobierno, 62 cubanos habían sido juzgados hasta el 5 de agosto por delitos como desorden público, resistencia o instigación a delinquir. Se los procesó en procesos “abreviados”, es decir juicios expeditos en los que se avanza de la investigación policial directo a la audiencia oral. De ese total, 45 apelaron su sentencia y uno quedó absuelto. Los delitos más graves continúan bajo investigación.

Desde las protestas del 11 de julio, Amnistía Internacional (AI) denuncia el aumento de las estrategias de represión en la isla . Además, AI ha declarado presos de conciencia a seis cubanos, entre ellos el opositor José Daniel Ferrer y el artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara.

Sin respuesta sobre el paradero de los detenidos

El 11 de julio, Mayda Yudith Sotolongo llegó a una estación de policía de La Habana para indagar por su hijo detenido en unas masivas manifestaciones antigubernamentales y terminó tras las rejas.

Su reclamo se multiplica en cientos de familias a casi dos meses de las históricas revueltas en Cuba. “Aunque haya gritado algo [alguna consigna antigubernamental], pienso que no hay razón para tenerlo detenido tantos meses”, declaró ante los medios esta mujer.

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Mayda, que no participó en las protestas, contó cómo pasó cuatro días en una prisión, porque, indignada, le dijo a los policías que “si para saber de su hijo” tenía que estar presa, pues que la apresaran. Así lo hicieron, pero ni así lo pudo ver. Pidió “la pronta liberación” de su hijo, Yunior Consuegra, un mecánico automotor de 24 años.

En casi dos meses sólo ha podido ver a su hijo una vez. Fue seis días después de que fuera “detenido y golpeado”. Según Mayda, todavía tenía “moretones en los brazos y en la espalda”. Yunior, sordo de nacimiento del oído izquierdo y con tumor cerebral, contrajo el coronavirus en prisión. Está acusado de desorden público.

“Sin fecha de juicio”

En la ciudad de Santa Clara, en el centro de Cuba, la familia de Randy Arteaga, de 32 años, comparte la misma angustia. “Nos preocupa que lleva casi dos meses preso, sin fecha de juicio, a pesar de que ya está acusado de resistencia. Él tiene una niña de seis años”, cuenta su sobrina Misaday García.

Las históricas protestas en Cuba del pasado 11 de julio dejaron una persona muerta tras la represión de las fuerzas del gobierno. Foto: Yamil Lage / AFP

En un video en poder de la familia, se ve el momento en que varios policías lo introducen por la fuerza en una furgoneta durante las protestas en Cuba. Según Misaday, Randy se dedica a componer música rap con letras antirracistas.

Decenas de testimonios similares se pueden leer en las redes sociales. En Facebook, Mildrey Castillo explica que presentó, sin éxito, una denuncia ante la fiscalía militar, porque su esposo y su hijastro fueron “golpeados ya detenidos en la estación de policía” de Bauta, un pueblo cerca de La Habana.

“Sembrar el pánico”

En este tema, las críticas a La Habana llegan no sólo desde Estados Unidos y la Unión Europea. También desde sus propias filas, que llaman a liberar a los manifestantes apresados.

Cristina Escobar, famosa periodista de la televisión estatal, confrontó incluso al presidente Miguel Díaz-Canel en un ecuentro del gobierno con medios oficiales. Le aseguró que “con el tema del 11 de julio está pendiente qué ha sucedido con los detenidos y por qué”.

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Por su parte, para el opositor moderado Manuel Cuesta Morua, el gobierno busca “sembrar el pánico como profilaxis para impedir manifestaciones futuras. Pánico judicial y pánico civil”.

La joven historiadora del arte Carolina Barrero, miembro del movimiento 27N (un colectivo de artistas e intelectuales que piden mayor libertad de expresión), sufre esa estrategia en carne propia, puesto que es “vigilada noche y día”.

Barrero denunció en Facebook que “la seguridad del Estado insiste en aislarme como si fuera una criminal extremadamente peligrosa” y “por más de 120 días, en lo que va de año, han mantenido un cerco ilegal que me mantiene prisionera en casa”. Decenas de personas se dicen víctimas de una medida similar.

*Con información de AFP

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