Violencia policial en las protestas: muchos informes, poca justicia

Esta semana, se conocieron dos informes sobre violaciones de derechos humanos durante las protestas de septiembre de 2020 y las del paro nacional. Aunque los documentos de este tipo ya se acercan a la decena, la justicia avanza a paso de tortuga y hay pocos sancionados.

La relatoría para el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 9 y el 10 de septiembre de 2020 en Bogotá se conoció este lunes, mientras que el miércoles, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reveló un informe sobre la violencia durante el paro nacional de este año.

Las conclusiones de ambos documentos son desgarradoras pues dan cuenta de la brutalidad con la que, presuntamente, actuaron los miembros de la fuerza pública contra los manifestantes. Sin embargo, no han sido los únicos informes conocidos sobre esta problemática.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una serie de recomendaciones en junio pasado, y organizaciones como Indepaz, Temblores y Human Rights Watch han documentado los abusos cometidos durante las protestas. Incluso, en noviembre pasado, una comisión del Concejo de Bogotá reveló un dossier sobre los hechos de violencia de septiembre de 2020.

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Con tantos documentos que han circulado, queda en el aire la pregunta de qué tanto se ha avanzado en el reconocimiento de responsabilidad y en la justicia. La respuesta no es alentadora.

Del paro de 2019 a las protestas de 2021

Colombia empezó a arder el 21 de noviembre de 2019, cuando la inconformidad con las reformas adelantadas por el Gobierno y la violencia creciente en las regiones del país, llevó a la mayoría de organizaciones sociales –como quizá no se había visto desde 1977– a manifestarse en las calles. 

El malestar no ha cesado y ha sido protagonista este 2021. El 28 de abril, a pesar del repunte de contagios, los colombianos volvieron a las calles, esta vez, con una petición central: tumbar el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno de Iván Duque. 

Esa jornada dio inicio a una serie de movilizaciones que se extendieron durante tres meses y que dejaron como resultado 63 muertes, 60 casos de violencia sexual y 27 desaparecidos, según indicó la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe presentado este miércoles. 

La Oficina dio cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los uniformados, como el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, los actos de discriminación, la violencia sexual y de género y las detenciones arbitrarias. 

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En total, entre el 28 de abril y el 31 de julio, la entidad recibió información de unas 63 muertes en el marco de las protestas. De estas, la Oficina pudo certificar 46 casos, cuatro están todavía en proceso de verificación y en los restantes no había información definitiva para concluir que ocurrieron efectivamente en el contexto de las movilizaciones. 

De los 46 casos debidamente verificados, 28 habrían sido perpetrados por miembros de la fuerza pública y 10 por actores no estatales. Sobre los ocho restantes, tampoco se contó con la información necesaria para determinar quiénes fueron los responsables. 

En el documento, cuyo objetivo es presentar lecciones aprendidas para el ejercicio de la protesta pacífica, la Oficina concluyó que dentro de las víctimas había indígenas, afrodescendientes, periodistas y defensores de derechos humanos, y que había “razones fundadas” para asegurar que hubo negligencia por parte de las autoridades en la tarea de “proteger a los manifestantes frente a la actuación violenta de actores no estatales”. 

Paro Nacional - AFP
Los colombianos llevan ya dos años en protestas. Foto: AFP

El uso desmedido de la fuerza

En contravía de los estándares internacionales de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad y no discriminación en las protestas, los miembros de la fuerza pública hicieron uso de gases lacrimógenos y de armas “de letalidad reducida” a una corta distancia.

De igual manera, la entidad determinó que 35 de las muertes habrían sido originadas por el uso de armas de fuego. Entre los casos documentados por la organización se encuentra el de Jhordany Yesid Rosero Estrella, quien falleció en el municipio de Villagarzón (Putumayo) luego de recibir un impacto de bala de un arma accionada por un policía. Otro de los casos fue el del joven Santiago Andrés Murillo, quien recibió un disparo en su tórax por parte de un policía que se movilizaba en moto. 

Casos muertes paro
Fuente: Informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

La organización también verificó siete muertes que, al parecer, fueron causadas por “armas no letales” por parte de la fuerza pública. En el documento aparecen casos como el de Jairo Alonso Fandiño, quien habría perdido la vida luego de recibir una munición de gas lacrimógeno en el pecho. O el de un joven en Popayán, quien fue impactado en el cuello por el arma ‘venom’, que permite lanzar 30 municiones ya sea de cartuchos de humo, perdigones de caucho, proyectiles de goma u otro tipo de materiales. 

La violencia sexual y basada en género

En medio de las protestas, empezaron a conocerse denuncias en torno a que algunos agentes de la fuerza pública estarían castigando a las y los manifestantes a través tocamientos indebidos, desnudez forzada, agresiones verbales, amenazas de violación sexual y abusos sexuales. 

La Oficina recaudó información de 60 personas víctimas de violencia sexual que habrían sido agredidas por miembros de la fuerza pública. El 80 por ciento son mujeres (48) y el 20 por ciento hombres (12). 

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Además, fueron verificados los casos de 16 víctimas: cinco mujeres y una niña de 15 años en Medellín (Antioquia), una mujer en Bello (Antioquia), dos mujeres en Barranquilla (Atlántico), tres hombres en Soledad (Atlántico), un adolescente indígena de 17 años y una mujer en Popayán (Cauca), una mujer en Cali, y una mujer en Palmira (Valle del Cauca).

El informe también incluyó información sobre las violaciones a la libertad de expresión, los bloqueos en cierres y vías, los actos de discriminación y racismo, y las agresiones a los miembros de la fuerza pública. 

Los hechos de septiembre de 2020, la ‘masacre’ en Bogotá

El informe de la Oficina de la ONU coincidió con la publicación, el pasado lunes, de la relatoría para el esclarecimiento de lo ocurrido en las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre de 2020. Este documento, solicitado por la alcaldesa Claudia López y organizado por Naciones Unidas, concluyó que también se presentaron graves violaciones de derechos humanos en esas protestas en la capital.

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La relatoría documentó 14 muertes, incluida la de Javier Ordóñez, 11 de las cuales “habrían sido consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional”. 

Protestas en Bogotá, otra noche de violencia en Suba y Usme. Foto: AFP
Protestas en Bogotá, otra noche de violencia en Suba y Usme. Foto: AFP

La relatoría identificó siete prácticas violentas cometidas durante esos dos días: el uso ilícito de la fuerza, la violencia contra la fuerza pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, la estigmatización de la protesta social, la violencia contra bienes públicos y privados e impunidad. De estas, la más generalizada fue el uso ilícito de la fuerza por parte de los integrantes de la Policía. 

La violencia desmedida, según el informe, tuvo mayor impacto en las localidades de Usaquén (tres homicidios), Suba (cinco), Engativá (dos), Kennedy (uno), y en el municipio de Soacha (tres). Por esto, se concluyó que “la acción violenta de los agentes de Policía se encarnizó en contra de los jóvenes de los sectores populares de Bogotá y Soacha”.

Esta relatoría también reveló detalles que no se conocían, como el retiro de 250 gestores de diálogos de los puntos críticos de la protesta, al parecer, por orden de Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno. Hecho que “dejó a los ciudadanos a merced de la brutalidad policial”, según describió un exfuncionario de la Secretaría de Gobierno. 

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Perdón a medias, pero sin justicia ni garantías

Uno de los retos que ha tenido históricamente Colombia es la reconstrucción del tejido social, por las violencias de la guerra que sigue azotando al país. De eso se habló luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, por ejemplo. Con lo sucedido en las protestas, también surgió la pregunta de por qué no ha sido posible una conciliación entre las fuerzas del Estado y la ciudadanía. 

Para muchos, el interrogante no debería centrarse en el porqué sino en el cómo, pues, tras lo sucedido, el perdón solo provino de la alcaldesa Claudia López, quien hizo un mea culpa por los días de terror que vivió la ciudad en septiembre de 2020. Sus disculpas, a pesar de ser consideradas por muchos como hipócritas y fingidas, son las únicas que han recibido hasta el momento las víctimas, la ciudad y el país. 

Para el caso de Bogotá, los uniformados de la Policía involucrados no han demostrado la intención de reconocer esos actos ni de pedir perdón, a no ser que exista “un fallo judicial expedido por la autoridad competente”, según describió la Comisión de Seguimiento del Concejo de Bogotá, el pasado noviembre. 

El presidente Duque, por su parte, ha defendido las acciones de la fuerza pública en distintas ocasiones. De hecho, ha reafirmado que la Policía no será retirada del Ministerio de Defensa, algo que han pedido muchos colombianos e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues los agentes son investigados y sancionados por la justicia militar, lo que se traduce en impunidad, según algunos sectores.

En general, los integrantes del Gobierno han manejado la misma narrativa. Por ejemplo, la canciller Marta Lucía Ramírez aseguró, a mediados de este año, que no era cierto que la Policía persiguiera a los manifestantes y que esta solo “ha intervenido cuando ha sido estrictamente necesario debido a la violencia”. 

De hecho, la canciller cuestionó a Juliette de Rivero, representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH, por el informe sobre los abusos policiales del 9 y 10 de septiembre. Según Ramírez, el documento así como el evento en el que fue presentado eran parte de una campaña política, pues el relator fue Carlos Negret, exdefensor del Pueblo y hoy candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo. 

Además del perdón, los expertos señalan que para que pueda restablecerse el tejido social debe haber justicia y reparación. Esto tampoco ha sucedido. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, se adelantan más de 180 investigaciones en contra de miembros de la fuerza pública durante el paro nacional. Sin embargo, no se conoce cuántos han sido judicializados. 

Lo último que se informó, en noviembre pasado, es que tres integrantes de la Policía en Cali fueron llamados a audiencia de imputación de cargos por el homicidio de seis personas en las movilizaciones. 

En Bogotá, por los hechos del 9 y 10 de septiembre, no se ha emitido ninguna condena contra los oficiales responsables. De acuerdo con la Comisión de Seguimiento del Concejo de Bogotá, actualmente solo tres personas se encuentran en juicio por los 75 casos de personas heridas con armas de fuego durante las movilizaciones. 

La Policía, por su parte, aseguró que se abrieron ocho procesos disciplinarios por homicidio, que fueron asumidos por la Procuraduría General. No obstante, los oficiales investigados se encuentran activos, según la Comisión del Concejo. Es decir, no se ha concretado alguna acción encaminada a su “retiro discrecional”.

Mientras el Gobierno continúe con discursos ambiguos frente al uso desmedido de la fuerza, trate de deslegitimar el trabajo de reconocidas ONG y no garantice el derecho a la protesta pacífica y de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral, difícilmente habrá una reconciliación completa de la ciudadanía con la fuerza pública.

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