“Hay que preguntarse a quiénes les beneficia la división del pueblo arhuaco”

El pueblo arhuaco enfrenta una crisis de gobernabilidad derivada de la elección de Zarwawiko Torres como cabildo gobernador, a mediados de 2020. Aunque el conflicto ha sido descrito como una “lucha de poderes”, es mucho más complejo: han intervenido entidades como el Ministerio del Interior y se han denunciado intereses políticos.

La crisis en el pueblo arhuaco es cada vez más intensa. Hace unos días, la Confederación Indígena Tayrona (CIT), organización indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, emitió un comunicado en el que alertó sobre los enfrentamientos que se produjeron en la comunidad el pasado 24 de febrero. “Se evidenció el irrespeto a la comunidad de nabusimake, a las autoridades centrales, a los mamos mayores que (…) llevan invitando al diálogo”, indicaron. 

A su vez, varios miembros han estado llamando la atención sobre la incomodidad que les genera la concejala de Bogotá Ati Quigua Izquierdo. “Ella es una activista política. Ella ha vivido en Bogotá todo el tiempo. A ella no le interesan los procesos internos”, dijo a Diario Criterio Hermes Torres, miembro de la comunidad, que se desempeñó como secretario general del cabildo gobernador. 

Ese malestar, sin embargo, no es nuevo y tiene relación con la crisis de gobernabilidad que enfrenta el pueblo desde hace año y medio, derivada de la elección de Zarwawiko Torres como cabildo gobernador. Aunque el conflicto ha sido descrito como una “lucha de poderes”, es mucho más complejo. Allí también figuran el Ministerio del Interior e, incluso, la familia de la concejala Quigua. 

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La elección de Zarwawiko Torres

En 2020, el pueblo arhuaco avanzaba en el proceso para elegir al nuevo cabildo gobernador. Sin embargo, con la llegada de la pandemia este se truncó. “Nosotros suspendimos actividades tanto internas como externas. Estábamos en aislamiento. El Gobierno había implementado restricciones y nosotros teníamos que tener en cuenta eso”, describió Hermes. 

Mientras tanto, el sector del pueblo que quería “ocupar ese cargo”, hizo campaña en el territorio, según describió Hermes. “En julio se reunió ese sector, pero nosotros no asistimos. No por querer perpetuarnos, sino porque era un riesgo convocar a un evento masivo. Impulsaron la asamblea e impusieron a Zarwawiko Torres como gobernador, el 14 de agosto de 2020”, agregó. 

Zarwawiko Torres
Zarwawiko Torres. Foto: Gobernación del Magdalena.

Para los contradictores de Torres, la elección fue irregular y sin consenso, porque “fue elegido por 19 de los 60 asentamientos de la sierra”. Por el contrario, Torres ha asegurado que su elección fue legítima y contó con la participación de más de 30 comunidades. Según ha dicho, cuando fue elegido, los mamos, que son la autoridad que orienta a la comunidad en lo político, social y organizativo, le pidieron garantizar la unidad de su pueblo y “eso es lo que ha estado haciendo”.

No obstante, su elección ha fragmentado al pueblo arhuaco como nunca antes se había visto. “Es una situación que jamás habíamos vivido. Jamás habíamos tenido una historia como la actual. Nosotros defendemos los valores, que ligados a la cultura, a los acuerdos y alianzas de nuestras comunidades han hecho del pueblo arhuaco una unidad”, dijo a Diario Criterio Leonor Zalabata, defensora de los derechos humanos, que se ha opuesto a la elección de Torres. 

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Las denuncias contra Torres

Torres ha sido señalado de abusar sexualmente de niñas de la comunidad. En agosto de 2020, a través de un video y un comunicado, un grupo de mujeres llamó la atención sobre el asunto: “¡Esto es muy desalentador y preocupante! ¿Qué esperanza tenemos como pueblo? ¿Cómo garantizamos a nuestras menores que estarán a salvo dentro de su territorio si el premio para los violadores es convertirse en autoridad de su pueblo?”, indicaron. 

Estas acusaciones también se fundamentaron en dos denuncias penales por delito sexual. Una de estas se dio por la violación de una menor de 13 años, situación que fue reconocida por Torres, hace unos 20 años.

Además de estas denuncias, también se le señala por su presunta responsabilidad en la retención del secretario general y del tesorero general de la directiva indígena. “El 14 de agosto de 2020, en plena pandemia, asaltaron la casa indígena. Raptaron al secretario general y al tesorero. Los sacaron en unas camionetas. Luego fueron encarcelados allí sin el debido proceso. Dijeron que fue por orden de las autoridades arhuacas, pero fue para elegir a los nuevos gobernantes”, describió Zalabata.

Hermes fue una de estas personas. “Yo fui uno de esos. Nos detuvieron sin ninguna explicación. Permanecimos allá durante cinco días”, contó. 

“Es una lucha del pueblo con factores externos”

Para los indígenas, el problema escaló cuando se involucraron terceros. Para los detractores de Torres, se agudizó cuando el Ministerio del Interior validó su elección, a pesar de que fue notificado previamente de la división electoral. “Se lo informamos previamente al Ministerio, le dijimos que no registrara a ningún cabildo gobernador hasta que hubiera un acuerdo interno porque se preveía un conflicto. Y lo mismo la Procuraduría Étnica le notificó al ministerio diciendo que deberían abstenerse. Hicieron caso omiso”, dijo Hermes. 

De hecho, también se le recordó a la entidad que, de acuerdo con un fallo de la Corte Constitucional, las entidades del Estado deben mantenerse imparciales cuando se presente un desacuerdo interno, para no generar una afectación a la autonomía de los pueblos indígenas. 

En su momento, la Gobernación del Magdalena y algunos alcaldes del Cesar también reconocieron la elección. “Los demás alcaldes que posicionaron al señor Torres debieron escuchar cuando nosotros, otras autoridades y los mamos anunciamos lo que pasaba. No verificaron que hubiera un cumplimiento del consenso y la unidad. ¿Acaso había intenciones políticas de los gobernantes que rápidamente quisieron abordar esta certificación? Hay preguntas por resolver para nosotros”, dijo Zalabata.

El caso llegó a la Corte Constitucional. El alto tribunal analizó la situación y decidió suspender de manera provisional a Zarwawiko Torres y ordenó la inscripción de tres cabildos gobernadores, a finales de 2021. No obstante, para los contradictores, esta orden fue desacatada, puesto que él siguió comportándose como si fuera cabildo gobernador. 

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Quienes apoyan a Torres, por el contrario, consideran que la elección era legítima, por lo que la Corte se “extralimitó” al interrumpirla. Sin embargo, para Hermes y quienes se han opuesto a la elección, “lo de la Corte no es una intromisión como la contraparte quiere hacer ver, sino que es sana. Era necesaria, porque aquí están incidiendo factores externos como inicialmente lo hizo el Ministerio del Interior”, dijo. 

Hace unas semanas, la Corte volvió a pronunciarse sobre el asunto y revocó la medida provisional de la inscripción de los tres cabildos gobernadores del pueblo indígena, para que “sean los miembros del pueblo arhuaco, en especial los mamos mayores, quienes puedan dialogar y elegir”. El alto tribunal mantuvo la suspensión de Zarwawiko Torres. 

“¿A quién le beneficia esta división?”

Para los contradictores de Torres, no se trata de un problema interno, sino de la lucha de dos posiciones políticas, una interna y otra externa: “Estamos quienes defendemos las decisiones de la cultura arhuaca, la que transmiten los mamos y, por otra parte, está la visión externa, de aquellos que han vivido fuera del territorio, que aprueban decisiones desconociendo a las autoridades. Esta última fue apalancada por el Ministerio del Interior”, dijo Zalabata.

Para ellos, está claro que lo que están buscando es dividirlos internamente, para alcanzar objetivos más grandes. “El Gobierno, en alianza con la multinacional, quieren implementar la política minera en la Sierra Nevada y el turismo. A los indígenas siempre nos han visto como un obstáculo y como el pueblo arhuaco siempre ha liderado los procesos de protección, ellos de manera estratégica planearon y nos dividieron, porque si nos debilitan pueden intervenir con mayor facilidad el territorio”, explicó Hermes. 

A su vez, según manifiestan, hay personas, que no son reconocidas por la comunidad, que tienen otros intereses personales. Este sería el caso de la concejala y su familia: Luz Elena Izquiero (madre de la concejala) y Norey Quigua (hermano). “Su familia ha vivido de la imagen de la cultura, de la imagen del pueblo arhuaco. Hablan de la cultura, hablan de la Sierra, para su conveniencia. Se les puede considerar como unos mercaderes de la cultura. Y ahora quieren aparecer como si fueran defensores del pueblo arhuaco. Eso es pura apariencia”, dijo Hermes. 

Para los contradictores, estos intereses tienen que ver con el control de la población arhuaca y su organización, de los recursos que asigna el Gobierno para asuntos como la salud y de la interlocución con la vida nacional. “Quieren apoderarse de los cargos de gobierno, de las regalías y fondos de la EPS. Lo que quieren hacer es politiquería”, dicen. 

La concejala, por su parte, ha negado las acusaciones. De hecho, al hacer interpelada sobre las mismas, le aseguró a Cuestión Pública, que se trataba de una “persecución política”. 

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Para los indígenas, esta situación tiene que parar. Sin embargo, consideran que el Gobierno no ha garantizado sus derechos y no ha hecho lo suficiente para resolver la situación. “Ha habido unas visitas ineficaces, como la del ministro del Interior, que se comprometió con los mamos y no cumplió. En el fondo es el Gobierno, el sistema, el que nos pone a nosotros en el plan de ser exterminados física y culturalmente”, finalizó Zalabata.

*Foto de portada: Twitter indígenas arhuacos 

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