“Detengan el etnocidio”: el desesperado llamado de los pueblos indígenas frente a la nueva ola de violencia

Los grupos armados acabaron, en cuestión de horas, con la vida de por lo menos seis integrantes de comunidades indígenas de Nariño, Cauca y Chocó. Amenazas, desplazamientos y confinamientos también hacen parte de una penosa lista de males que por estos días azotan con más fuerza a los pueblos ancestrales de Colombia.

Este lunes, aproximadamente a las 5:45 de la tarde, el líder indígena y social Dilio Bailarín, integrante del resguardo Alto Guayabalito, en Carmen del Darién (Chocó), fue asesinado a tiros por varios desconocidos. Según sus compañeros, Bailarín ya había recibido varias amenazas por parte de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

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Incluso, en 2019 también había sido víctima de persecuciones por parte del ELN, que intentó secuestrarlo. “Fue amenazado y, pese a las medidas cautelares solicitadas por la CIDH, el Gobierno no adoptó las acciones necesarias para protegerlo”, denunció el senador indígena Feliciano Valencia.

Para las autoridades indígenas, la muerte de Dilio es un reflejo de la tragedia humanitaria que viven sus comunidades, que estaría enmarcada en lo que ellos llaman una estrategia sistemática de genocidio.

“Estos asesinatos reflejan la política de abandono que tiene el Estado con nuestras comunidades. Hacemos un llamado para que nos saquen de la confrontación. El único pecado que tienen los pueblos indígenas es ser dueños de sus territorios”, le dijo a Diario Criterio Gerardo Jumi, consejero general de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).

En lo corrido de 2021 han sido asesinados 58 indígenas, según los datos del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, pero para la Onic, esta cifra también hace parte del oscuro capítulo de violencia contra los líderes ambientales del país, que el año pasado dejó 65 víctimas, muchas de las cuales eran gobernadores, guardias o sabedores indígenas.

En Colombia, existen unos 115 pueblos ancestrales, de los cuales 70 están en peligro de extinción por culpa de la violencia.

Al asesinato de Dilio Bailarín se sumaron en las últimas horas los de José Taicus y Javier Giovany Nastacuas, dos jóvenes indígenas de la comunidad awá. Asimismo, se registró la muerte de David Aricapa, un comunero del resguardo de López Adentro, del pueblo nasa, en Caloto. En las últimas horas se conoció la noticia del asesinato de la mayora del pueblo Nasa, Ilia Pliecue, en Jambaló (Cauca).

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La crisis de los pueblos indígenas en Chocó

Además de las persecuciones y asesinatos de sus integrantes, varias comunidades enfrentan desplazamientos y confinamientos por los combates y amenazas de los grupos armados. En el municipio de Istmina, departamento del Chocó, los enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas y el ELN obligaron a 63 familias de la comunidad San Cristóbal a buscar refugio en Puerto Olave, donde permanecen confinados junto a otras 61 familias. 

Según la Asociación Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombia (Woundeko), el pasado 19 de septiembre, “llegaron más de 100 hombres fuertemente armados de las AGC y rodearon la comunidad de La Unión, sometiéndola automáticamente a confinamiento total, lo que ha generado miedo y zozobra”.

Según la alerta temprana 020, emitida el 19 de agosto pasado por la Defensoría del Pueblo, las AGC y el ELN acabaron con un acuerdo que sostenían para repartir el control territorial, lo que ha disparado las hostilidades. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, les pidió al Ejército y a la Armada Nacional incrementar los operativos de registro y control en la zona.

Esta situación también ha afectado a las comunidades negras de la cuenca del río San Juan. El Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) advirtió que, desde el mes de agosto, los grupos armados han restringido derechos como la libre movilidad y el acceso a bienes de más de 1.300 personas. Cerca de 900 han tenido que desplazarse y hoy piden ayuda para conseguir alimentos.

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El clamor del pueblo awá

El pasado sábado 18 de septiembre, los jóvenes Javier Giovany Nastacuas y José Luis Taicus, este último de 15 años de edad, fueron asesinados cuando regresaban de una visita familiar al resguardo El Gran Sábalo, en Barbacoas (Nariño). La comunidad asegura que encontraron los cuerpos dos días después, “con signos de tortura, heridas con arma blanca, encadenados y degollados”.

La Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) dice que el lugar donde fueron asesinados los jóvenes es un espacio ancestral y cultural de movilidad de esa comunidad. De igual forma, advirtió que, a pesar de estar militarizado, se trata de un sector crítico para la seguridad de sus pobladores, donde se presentan constantes hostigamientos de los grupos armados.

“En nuestro territorio hay una situación social, cultural y económica precaria, evidenciada por la falta de oportunidades para niños, niñas y jóvenes, quienes viven permanentemente en una realidad marcada por la presencia de actores armados”, dicen las autoridades del pueblo awá.

Ellos reclaman acceso a educación y escenarios deportivos o culturales que permitan a los niños y jóvenes alejarse del contexto de la guerra. De igual manera, señalan que “el conflicto armado que cada día arremete con más fuerza nos ha dejado, como pueblo indígena awá, en una crisis humanitaria que constantemente denunciamos pero que continúa agudizándose”.

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El cerco contra los guardianes del Chiribiquete

“Señor presidente Iván Duque, lo saluda la comunidad del Resguardo Indígena Llanos del Yarí Yaguara II. Queremos que conozca de primera mano nuestra situación, pues somo víctimas del desplazamiento forzado”. Con esta palabras, los pueblos indígenas Pijao, Piratapuyo y Tucano denunciaron este martes que han tenido que abandonar sus territorios por el trabajo que hacen en defensa de la Amazonía.

Esta comunidad asegura que, tras varios años de violencia, decidieron regresar a la región en 2019, pero que desde entonces no han contado con el respaldo del Estado. Ellos denuncian que, desde el mes de abril, Yerley Bocanegra, gobernadora del resguardo, ha recibido amenazas de los grupos armados por su oposición a la tala del bosque y siembra de coca.

En medio de este panorama, unos 53 integrantes de la comunidad han tenido que desplazarse a San Vicente del Caguán, Neiva e incluso Bogotá. “Nos prohibieron cualquier relación o visitas de funcionarios públicos o entidades que trabajen para el Estado. Y nos exigieron suspender los procesos de reclamación de tierras”, denuncia el resguardo. 

La comunidad recuerda que en 2002 fueron víctimas de desplazamiento, cuando el gobierno adelantaba diálogos de paz con las Farc. Ellos recuerdan que en ese entonces perdieron sus tierras y a muchos compañeros. En la carta enviada al presidente Duque, los pobladores reclaman por el cumplimiento de las medidas cautelares que tienen como víctimas del conflicto.

Lo cierto es que el panorama de violencia y seguridad contra las comunidades indígenas empeoró con la pandemia, y ahora, parece ponerse cada vez más difícil no solo por la arremetida de los grupos armados ilegales, sino de bandas y empresas ilegales que quieren apoderarse de sus territorios y los minerales preciosos que allí están. Las alertas están encendidas.

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