Puerto Leguízamo y el fantasma de los ‘falsos positivos’ en Colombia

Aunque el ministro de Defensa asegura que los muertos en Puerto Leguízamo eran miembros de la Segunda Marquetalia, la Defensoría del Pueblo y la comunidad advierten que entre las víctimas hay civiles, como un gobernador indígena, un líder comunal y su esposa.

El pasado lunes 28 de marzo, en su cuenta de Twitter, el ministro de Defensa, Diego Molano, informó de una operación militar contra miembros de la Segunda Marquetalia en Puerto Leguízamo, Putumayo. “Neutralizamos a nueve criminales y capturamos a cuatro más”, escribió el ministro.

El presidente Iván Duque, por su parte, añadió que habían sido 11 los muertos –no nueve, como dijo inicialmente Molano–.

Unas horas después, Jorge Eliécer Hernández, familiar de dos de las personas fallecidas, desmintió la versión de Molano y Duque y aseguró que se trató de un ataque a un bazar que se había convocado para recolectar fondos.

“El muchacho fallecido, mi sobrino, se llama Divier Hernández; la esposa, una muchacha. Tenían dos niños, uno de 6 y otro de 2 años. A mí se me hace muy raro, y a toda la comunidad, cómo van a pasar estos muchachos por guerrilleros si no lo son. Ellos vivían acá en Florencia (Caquetá)”, dijo Hernández, el lunes en la noche, al informativo local Andrés Prensa.

“Ellos estaban en un evento de un bazar, eso es un bazar que había en una caseta comunal. ¿Cómo va a llegar el Ejército disparando y el Ejército va a decir que eran disidentes de las Farc? Eso es un error muy grave. Yo sí quisiera decirle al Ejército, al que reportó eso, que se retracte”, añadió.

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El testimonio de Hernández sembró la primera de una serie de dudas sobre la versión oficial respecto de lo que pasó en Puerto Leguízamo, sobre todo porque miembros de la comunidad temen que se trate de una reedición de los mal llamados ‘falsos positivos’, es decir, de civiles asesinados para ser presentados como miembros de grupos armados ilegales.

Molano mantiene su versión

Al día siguiente de la declaración de Jorge Eliécer Hernández, la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos aseguró que en realidad se trató de civiles asesinados para ser presentados como disidentes, y entregó más nombres de víctimas.

Además de Divier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Remanso, y su esposa, Ana María Sarria Barrera, entre los muertos estaban Pablo Panduro Coquinche, gobernador del cabildo kichwa, un menor de 16 años y otras tres personas.

“Todos ellos, según manifiesta la comunidad, eran habitantes de la comunidad, reconocidos y reclamados hoy”, indicó la Red, y pidió la presencia de una misión de verificación que investigue lo ocurrido.

A pesar de esa información, el Ejército emitió un comunicado en el que reiteró la versión del ministro de Defensa y aseguró que los fallecidos y capturados pertenecían al “grupo armado organizado residual estructura 48”, que presuntamente haría parte de las disidencias de la Segunda Marquetalia.

“(…) en inmediaciones del caserío Alto Remanso, en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, se produjo la muerte, en desarrollo de operaciones militares, de once presuntos integrantes de esa estructura criminal, y cuatro capturados”, dijo la institución, y añadió que un soldado resultó herido en medio del operativo.

De nuevo, esa versión se puso en duda. La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac) calificó lo ocurrido como un falso positivo, reiteró que se estaba adelantando un bazar cuando llegaron los uniformados y publicó el acta de posesión de Panduro Coquinche como gobernador indígena para demostrar que no era ningún miembro de las disidencias.

“El Ejército abrió fuego contra los asistentes de la actividad comunal asesinando a nueve personas”, afirmó la Opiac.

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El pronunciamiento de la organización indígena logró que varios sectores políticos empezaran a pedirle al Gobierno que aclarara lo que había sucedido.

El ministro de Defensa respondió, con una mención específica a Gustavo Petro y usando la etiqueta #PetroEmbustero: “No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados”.

Y para darle mayor sustento a sus palabras, Molano publicó un video con el testimonio del soldado que resultó herido durante el operativo. “Me encontraba en mi posición, se inició el combate, avancé aproximadamente diez metros, cuando me encontré de frente con un bandido vestido de civil. Inicialmente, yo le veo las características de civil y por eso él me hiere, pues porque yo me confié en que era un civil”, dice el uniformado en la grabación.

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo hacía un pronunciamiento con el que, de nuevo, se ponía en duda al Ministerio de Defensa, pues confirmaba las muertes de cuatro civiles en el operativo: Divier Hernández, Ana María Sarria (su esposa), el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche y el joven de 16 años.

“La Defensoría del Pueblo insiste en que la población civil debe quedar al margen de cualquier tipo de acción en el marco del conflicto y que su derecho a la vida debe ser siempre protegido”, indicó la entidad.

Puerto Leguízamo y el cruce de versiones

El Ejército, sin embargo, insistió en que se trató de una operación “legal y legítima”, y que las personas muertas sí eran integrantes de la Segunda Marquetalia. “(…) la operación militar iba dirigida contra el GAO-r E-48 Segunda Marquetalia (autodenominados Comandos de la Frontera), cuyo cabecilla en esa zona del sur del país es alias Bruno, sujeto sobre quien pesa una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado. Por esta razón, con información de inteligencia, se planeó y desarrolló la acción en esa zona donde había presencia de la estructura delictiva”, dijo el Ejército en un comunicado publicado el miércoles.

La representante en Colombia alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, por su parte, hizo un llamado para aclarar todo lo ocurrido en Puerto Leguízamo.

Pero nada de esto ha detenido el cruce de versiones. Una fuente anónima le aseguró a Caracol Radio que soldados llegaron a la zona, junto con agentes de CTI, llegaron a la zona para capturar a alias Bruno, por lo que hicieron un cordón de seguridad hasta que notaron que el cabecilla no estaba en el sitio. Después de eso, no es muy claro cómo empezó el supuesto enfrentamiento, dijo la fuente, y añadió que es común que los grupos armados se aprovechen de los bazares o que presionen a la comunidad para organizarlos.

Por otro lado, Óscar Daza Gutiérrez, coordinador de derechos humanos de la Opiac, le dijo a Blu Radio que otro video que presentó Molano, en el que aparecen hombres armados, no corresponde al operativo del Ejército en Puerto Leguízamo, y que él no reconoce a ninguna de las personas en las imágenes: “No hacen parte de los compañeros que (…) salieron muertos (…) Ese video que publicó el señor ministro Molano no hace parte de la realidad. Tal vez lo haya sacado de otra parte”.

Y Argemiro Hernández, padre de Divier Hernández, le dijo a esa misma emisora que el dinero que mostró el ministro, unos 10 millones de pesos, no tenía nada que ver con el narcotráfico, sino provenía de lo que se recolectó del bazar. Indicó que su hijo se dedicaba a la construcción de casas de madera y también puso en duda el video: “Tres días la gente tomando trago, eso debería estar lleno de envases. Eso no aparece en el video porque es un montaje. El video no corresponde en nada con la actividad que se estaba realizando ahí”.

El presidente Iván Duque reitera que el operativo en Puerto Leguízamo se ajustó a todos los protocolos y que en el sitio había “delincuentes”, aunque le pidió a la Fiscalía hacer todas las labores pertinentes para aclarar lo sucedido.

Sin embargo, que la propia Defensoría de Pueblo dé por confirmadas las muertes de civiles en la operación –entre ellos, un menor de edad– es algo que no debería tomarse a la ligera. El temor hacia los ‘falsos positivos’ sigue latente y la herida por estos crímenes de lesa humanidad aún no se cierra.

Esto, sin contar la denuncias sobre bombardeos en campamentos con presencia de menores.