¡Qué semanita!

César TorresCésar Torres

Para el presidente Gustavo Petro y para quienes tienen el valor de escuchar, leer y ver noticias diariamente, la semana que recién terminó parece haber durado 19 días y 500 noches, como dice la hermosa canción de Joaquín Sabina. Pero, claro, sin la bella y risueña tristeza de esa composición musical.

El domingo 26 de febrero, alguien filtró a la Revista Cambio un documento firmado por tres ministros del actual Gobierno y el director del Departamento Nacional de Planeación. En el texto, se hacían críticas profundas al borrador de reforma a la salud que se elaboró bajo de dirección de la ministra Carolina Corcho. Esa filtración, indebida y desleal, y algunas otras circunstancias que no son de dominio público, fueron la causa suficiente para que el presidente prescindiera del hoy exministro de Educación y uno de los firmantes del documento crítico, Alejandro Gaviria.

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Después se supo que dicho texto se discutió con el gabinete en pleno y que muchas de las críticas formuladas, sobre todo, las financieras, se incorporaron al proyecto que el Gobierno presentó ante el Congreso de la República.

Y ya puesto en la tesitura de hacer cambios en las jefaturas ministeriales, el presidente Petro decidió la salida de las ministras del Deporte, la galardonada pesista María Isabel Urrutia, y de la ministra de Cultura, la muy querida maestra Patricia Ariza.

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El 28 de febrero, el magistrado Benjamín Ortiz Torres, del Consejo Nacional Electoral, expidió un auto, “por medio del cual se ordena APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR (sic) con base en la queja anónima presentada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la COALICIÓN PACTO HISTORICO (sic) (…)”.

Aún no se ha abierto investigación, ni se han formulado cargos, pero ya hay una duda.

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El 2 de marzo, Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente, concedió una entrevista a Vicky Dávila, de la Revista Semana. En ella, afirmó que Petro Burgos recibió enormes sumas de dinero de parte de Samuel Santander López-Sierra y Alfonso Hilsaca Eljadue, dos empresarios costeños que tienen un dudoso pasado judicial.

Dos días después, la misma revista publicó varias comunicaciones que hubo entre Daysuris y Nicolás. Todo indica que recibieron muchísima plata y que la usaron para su beneficio personal. La duda que queda gira alrededor del origen del dinero y de la influencia que lo recibido pudo tener en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República.

Días antes de la entrevista, la señora Vásquez le entregó esas informaciones al presidente. En una reacción sin precedentes y muy arriesgada, Gustavo Petro pidió públicamente, “al fiscal general de la Nación, adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades“.

El mismo jueves 2 de marzo, en la vereda Los Pozos, zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá, empezaban a ocurrir actos de violencia en el contexto de una protesta de campesinos e indígenas contra el daño ambiental y la destrucción de las carreteras que provoca la petrolera china Emerald Energy. Allí resultaron muertos el campesino Reinel Arévalo, de un tiro en el pecho, y el subintendente de la policía Ricardo Monroy, de una puñalada.

A Los Pozos llegó una comisión integrada por funcionarios de los ministerios del Interior y de Defensa, de la Defensoría del Pueblo y de las Fuerzas Militares. Pactaron instalar un comité técnico operativo que ya empezó a operar y se puso fin a la violencia.

Por respeto al espacio con el que cuento, me abstengo de reseñar otros hechos que pueden afectar, también, el ánimo y la gobernabilidad del Ejecutivo. Por ejemplo, la jugadita que intentan cometer Avianca y VivaAir, o la decisión del Consejo de Estado contra el decreto que permitiría al presidente asumir la función de regular las tarifas de los servicios públicos.

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Pero, aun sumando esos y otros reveses sufridos por el Gobierno la semana anterior, no hay razón suficiente para decir que existe una crisis en el Gobierno. Intentemos, más bien, aprender de lo que está ocurriendo.

Podríamos entender que, en un Gobierno de coalición, sin mayorías parlamentarias estables, es frecuente la rotación de los altos funcionarios: no es necesario pegar un grito en el cielo cada vez que se renuncia a un ministro o a una ministra.

También, reconocer que las cortes y los organismos de control, hoy, con una fuerte influencia de los adversarios políticos de este Gobierno, cumplen sus funciones y toman las decisiones que creen convenientes y ajustadas a la Ley. Entendamos que no todo lo que digan o hagan es corrupto o parte de un siniestro complot y que sus decisiones pueden revertirse con recursos jurídicos y movilizaciones ciudadanas pacíficas y autónomas.

El asunto en que Nicolás Petro está envuelto huele a corrupción por donde se le mire. Como dijo de él su hermana Andrea, el pasado 6 de enero: “El poder se le subió a la cabeza. Y mi papá, como cualquier padre, está preocupado por su hijo y decepcionado”. Aun así, debemos saber que a Petro Burgos no se le ha oído, ni vencido en juicio y, por lo tanto, existe la posibilidad de que pruebe su inocencia ante las instancias judiciales.

Ha sido una semana difícil y habrá otras iguales o peores para este Gobierno si persiste en hacer cambios significativos. Es esperable que sigan dando la pelea, sobre todo, mediática y jurídica, quienes, a causa del cambio, pueden perder poder y privilegios. Es deseable que la familia presidencial sea ejemplar y lo demuestre.

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