Tras violentos castigos en un cepo, ¿quién mató al menor indígena Wílmar Nequirucama?

Diario Criterio revela la desgarradora historia de un menor indígena que, tras señalamientos de hurto, fue sometido al cepo, juetazos y luego apareció enterrado en una fosa común.

La imagen no podía ser más aterradora. Entre dos troncos de madera con pequeños orificios, que se conoce como Cepo, introdujeron sus pies en posición boca abajo, mientras el menor indígena, semidesnudo, sostenía el resto de su cuerpo con sus manos.

A un costado, otro adolescente sujetaba con fuerza la pantaloneta roja con la única intención de exponer sus glúteos como trofeo para el castigo que venía a continuación.

A partir de ahí hubo un desfile de nueve personas (cuatro hombres y cinco mujeres) que durante casi tres minutos azotaron el cuerpo del adolescente, quien intentaba esquivar los juetazos con una de sus manos, porque con la otra se sostenía para no estrellar su rostro contra el suelo.

A los pocos segundos de lo que pretendía ser un castigo, el menor estalló en llanto, mientras sus verdugos invadían con golpes de rama y rejo su espalda, sus nalgas, su cabeza y hasta su rostro.

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Ese es el contenido de la pieza audiovisual a la que tuvo acceso Diario Criterio y que sería la punta del iceberg de una dolorosa historia de sanciones dentro de la justicia especial indígena y que apenas empieza a ser indagada por las autoridades. ¿La razón? Días después el cuerpo muerto del menor apareció enterrado en una fosa común.

Este escándalo, que indignó a la propia comunidad indígena, sucedió hace un mes en zona rural del municipio de Mistrató (Risaralda), y la víctima fatal es un adolescente embera chamí con necesidad especial educativa, identificado como Wílmar Nequirucama Nariquiaza.

Mistrató es un pequeño municipio cafetero ubicado al occidente de Risaralda, con una extensa topografía bañada por el cañón del mítico río San Juan. Según el Dane, cuenta con 17.000 habitantes, pero casi el 80 por ciento de sus habitantes vive en la zona rural.

Plaza central de Mistrató, Risaralda. Foto: Luis Ángel Murcia

Ese municipio es uno de los epicentros de mayor concentración de comunidades indígenas, con el 35 por ciento de los 29.000 embera chamí que habitan en todo el departamento. Hoy, Mistrató cuenta con 10.000 nativos distribuidos en 40 veredas a través de los resguardos unificados embera chamí sobre el río San Juan y La Loma de Citabará.

Aunque Wílmar, junto a sus padres y una hermana mayor, vivía en la vereda Alto Mira del municipio de Pueblo Rico, también en Risaralda, estudiaba en una de las escuelas del resguardo unificado en Mistrató.

Precisamente, el cabildo de ese resguardo (unificado) se encuentra en una batalla legal con otro grupo de indígenas que intenta independizarse y montar rancho aparte. El dato es importante porque el castigo aplicado al adolescente indígena habría sido ejecutado por un cabildo (autoridad indígena) que no estaría reconocido por el Ministerio del Interior.

Alertas ignoradas

Uno de los hechos que más indignación causó entre los indígenas y algunas autoridades de Mistrató es que no se activaron las alarmas una vez se conoció el video del presunto maltrato físico.

Ni la Secretaría de Educación ni la Comisaría de Familia del municipio habrían reaccionado de oficio activando las rutas para casos de maltrato infantil. Solo esta semana, la Fiscalía llamó a indagación preliminar a las autoridades del resguardo donde ocurrieron los hechos.

Cuando la pieza audiovisual llegó a Diario Criterio, hace dos semanas atrás, lo primero que se hizo fue viajar hasta la zona e intentar llegar al resguardo indígena donde el menor fue sometido al cepo y posteriormente hallado muerto.

Pero dos problemas se presentaron para lograr ese objetivo. Primero, la zona es demasiado remota y agreste, a casi cinco horas del casco urbano de Mistrató. Segundo, no existen datos concretos y fechas exactas de los hechos. Solo que todo habría ocurrido en los últimos 60 días.

Lo más cercano que este medio estuvo del punto geográfico de la vereda Alto Bonito, donde se encuentra la escuela de Wilmar, fue en un caserío conocido como Barrancas. Allí se pudo ubicar y dialogar con el profesor Célimo Arce, quien hasta hace siete meses era el docente de la escuela a la que asistía el adolescente que para entonces tenía 16 años.

El docente describió a Wílmar como un estudiante intermitente en sus clases, difícil y con ciertas limitaciones de aprendizaje. “El niño venía a la escuela dos veces o tres veces por semana. A lo menos escribir su nombre, pero no sabía leer”, recordó el profesor Arce, tras lamentar la forma como se enteró del maltrato al que fue sometido su exestudiante. “Eso sí me dio lástima, para mí fue muy duro”.

¿Por qué lo mataron?

La otra persona que dio más detalles de lo ocurrido fue el profesor Genaro Enevia Dosabia, docente de la escuela de Alto Bonito, donde asistía Wílmar. Aunque Genaro tampoco recuerda la fecha en la que fue grabado el video del castigo a su estudiante, sí relató que el adolescente era considerado un problema para la comunidad.

“Ese muchacho se perdía mucho y se salió a otra parte donde los blancos y llegó a una casa desocupada que tenía una gallinería y sacó como cinco gallinas y por eso yo creo que lo mataron”, especuló el profesor.

Recordó que tuvo conocimiento de la desaparición de Wílmar a comienzos de agosto pasado y aseguró que, 15 días después la guardia indígena lo halló enterrado junto a una cañada en predios de una finca de la vereda Alto Mira en el municipio de Pueblo Rico.

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Pedro Julio González, el gobernador del resguardo indígena de la zona donde Wílmar fue castigado al cepo y juetazos, fue más cauto cuando Diario Criterio lo abordó sobre el tema. Dijo desconocer las causas y fechas del castigo, “porque fue una decisión que tomó la comunidad y yo no estaba presente”. Lo que sí reveló el líder indígena es que por esos hechos ya fue citado por la Fiscalía del municipio de Apía, para que dé su versión.

Diario Criterio pudo establecer que la denuncia por este caso fue instaurada ante el fiscal sexto especializado de Pereira, quien abrió la investigación bajo la hipótesis de un presunto homicidio en el que la víctima sería un menor de edad. Todos esos datos concretos solo podrán ser corroborados cuando se exhume el cadáver y los forenses de Medicina Legal realicen la respectiva necropsia.

¿Qué dice la Justicia Especial Indígena?

Dentro de la cultura indígena y específicamente en la justicia especial de esas comunidades, está claro que los menores de 18 años no pueden ser sometidos a maltrato.

Así lo establece la propia Constitución, tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado en 1989 y leyes como el Código de Infancia y Adolescencia. Allí queda claro el respeto por las costumbres indígenas, “siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes de la República”, dice literalmente el artículo 246 de la Carta Magna.

Artículo 246 de la Constitución Política de Colombia

En todas esas normas se enfatiza que los menores de edad son sujetos titulares de derechos, protección especial y que el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus costumbres prevalecerá, pero con las siguientes excepciones.

“Siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos”, se lee textualmente en el numeral 2 del artículo 8 del Convenio 169 de la OIT.

Artículo 8 del Convenio 169 de la OIT

Al respecto, Uberney Marín, abogado experto en temas constitucionales y docente universitario de Pereira, recalcó que esos frenos jurídicos son los elementos que advierten que, aunque existe la Jurisdicción Especial Indígena, “no pueden actuar como una república independiente al margen de la Constitución”.

Cepo sí, juetazos no

No obstante, para el consejero mayor William Nayasa, vocero del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), dentro de las acciones correctivas que pueden aplicar los padres o la misma comunidad a un menor que comete una falta está la de llevarlo al cepo, pero sin juetazos.

“Es una ley originaria que establece que cuando una persona, sea menor de edad o no, si comete una falta, tiene que ir al cepo. Y si son menores de edad se les somete a 12 horas de castigo en el cepo y se les exige sembrar o rondear en las parcelas de la comunidad afectada”, explicó el consejero Nayasa.

Por lo general, a las personas castigadas al Cepo, solo se les amarra un pie.

Sin embargo, para el gobernador indígena José Manuel Sucre Guasirucama, del resguardo unificado de Mistrató, lo que hicieron con Wílmar es un delito que, si bien no está prohibido dentro de los estatutos del cabildo, “por ningún lado se aprueba, autoriza o permite que los menores de edad sean sometidos a esos castigos. Esa es una práctica inhumana con los niños que ya erradicamos de nuestra comunidad”.

Algo similar manifestó Abelardo Nariquiaza Vernaza, al enfatizar que ellos como comunidad educativa no toleran ni permiten cualquier clase de maltrato hacia sus niños, “como rector no estoy de acuerdo que a los estudiantes de escuelas y colegios los maltraten en el cepo y luego maltratos físicos. Eso es inhumano que no se debe hacer nunca en una organización indígena”.

El rector aclaró que, en la actualidad, cuando surgen problemas con los niños y dentro de la comunidad educativa, lo que hacen es llamar a las madres de familia para darles la respectiva asesoría y orientación, “pero de manera pacífica para que el niño no sea maltratado”.

Lo lamentable es que frente al caso del indígena especial Wílmar Nequirucama Nariquiaza, ninguna de esas rutas de orientación y prevención se activó y por el contrario el adolescente fue sometido al cepo, juetazos y posteriormente asesinado en circunstancias que aún son un misterio.

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7 Comentarios

  1. Aún falta mucho por superar el maltrato a los menores de edad, en especial cómo parece en este caso, a los que tienen problemas de comportamiento y de aprendizaje.

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