¿Existe racismo judicial en Colombia?

Un joven estudiante condenado a 35 años por homicidio en Cali (Valle), la presunta brutalidad policial contra otros dos en Puerto Tejada (Cauca), un famoso cantante y su hermano señalados falsamente de asesinos y un estudio que revelaría abuso policial contra los negros que viven en Bogotá son algunas de las señales de racismo judicial que investigó Diario Criterio.

Alex Johan Borja Cortés estudió dos semestres de ingeniería Industrial en la Universidad Santiago de Cali y a sus 22 años se alistaba para comenzar su verdadero sueño como profesional en negocios internacionales, pero todo se derrumbó cuando la policía lo capturó, el 7 de septiembre de 2018, como presunto autor del homicidio de una joven enfermera.

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El juicio se adelantó en el juzgado 15 del circuito de la capital del Valle, y el 30 de abril de 2019 fue condenado a 35 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Su caso sería uno más dentro de la maraña de procesos penales que se adelantan en el país, de no ser porque Élmer Montaña, abogado del joven Borja, está seguro de que a su cliente lo condenaron por motivos raciales y no por el material probatorio recaudado en el expediente. Obviamente apeló y están pendientes de la decisión que tomen los magistrados del Tribunal Superior de Cali.

Pero mientras eso sucede, el joven permanece preso y su abogado hace ruido sobre la injusticia que se estaría cometiendo con su cliente, enviado a prisión con el testimonio de la mamá de la víctima, quien aseguró durante todo el proceso que vio al asesino de su hija y que era el joven Borja Cortés.

Negro y en moto naranja

El homicidio por el que condenaron a Borja ocurrió en la madrugada del 11 de junio de 2018 en el barrio Antonio Nariño de Cali, un sector limítrofe con el mítico distrito de Aguablanca, una de las zonas más vulnerable de la capital del Valle.

Eran las 4:20 de la madrugada cuando dos hombres (uno negro y otro blanco) llegaron en una moto Crypton Naranja a la casa de la enfermera Marlyn Yuliana Patiño Mina. Uno de los sicarios la llamó por su nombre. La mujer estaba despierta porque se alistaba para ir a trabajar y se asomó por el balcón del segundo piso de la casa; en la parte baja vive su mamá. Mientras tanto, el acompañante se bajó de la moto, se subió a una reja y le disparó en siete oportunidades.

Del hecho hubo dos testigos: Myriam Amparo Mina Marulanda, madre de la víctima, quien se encontraba en el baño del primer piso de la casa en el instante de los disparos, y un joven adicto a las drogas identificado como Juan Camilo Mendoza Uribe, que a esa hora estaba en la misma cuadra, orinando escondido, luego de una noche de “muchas pepas, marihuana y ron”, según se lee en su propio relato ante la justicia.

Aunque el testigo drogadicto firmó una declaración el mismo día de los hechos, en la que detallaba placa de la moto y los supuestos móviles del crimen, posteriormente, en una entrevista que le hizo el abogado Montaña, se retractó de casi todo y solo se limitó a sostener que vio a los dos hombres, uno negro y otro blanco, huir en moto luego de cometer el asesinato, pero sin identificar placa, rostros y mucho menos los motivos del crimen.

La tesis que se mantuvo en toda la investigación es que a la joven enfermera la asesinaron por una pelea con dos vecinas hermanas a quienes señaló de robarle un celular y que, días previos al homicidio, esas vecinas la amenazaron con matarla a ella y su mamá. Esto, por medio de sus parejas sentimentales: alias Tacón y Pepe, uno de ellos en prisión. Las vecinas hermanas fueron condenadas, junto a Borja, como determinadoras del homicidio, pero a sus parejas nunca las investigaron.

Y el joven Borja resultó envuelto en el caso porque esa misma madrugada él y un amigo también negro se habían enrumbado con varias amigas y se movilizaban en una moto con características similares a la que usaron los asesinos de la enfermera. Sin embargo, cuando la policía detuvo la moto, quienes iban en la moto eran dos de las amigas de rumba y no ellos.

No obstante, Borja y su amigo fueron al lugar donde estaban sus amigas para evitar que les quitaran el automotor y, a partir de ahí, los llevaron a la estación policial. Luego de verificar sus identidades y la propiedad del vehículo, que era de un patrullero, los dejaron ir. Pero en esa verificación agentes de la Sijín le tomaron una fotografía a Borja y luego se la mostraron a la mamá de la víctima, quien lo identificó como el sicario, tras asegurar que, cuando se asomó a la calle, después de los disparos, el asesino volteó a mirarla y le apuntó con el arma.

“Si yo no estuviera segura y no lo hubiera visto, no estaría tranquila permitiendo que condenen a una persona inocente”, dijo Myriam Mina a Diario Criterio.

A partir de ahí se construyó todo el caso basado en el testimonio de la mamá de la víctima, una motocicleta que coincidía con la misma descripción de los hechos y un supuesto joven gatillero de color. De nada valieron las declaraciones que dieron los amigos de esa noche de rumba de estar con él y en otro lugar, de la inexistencia del arma homicida, de la retractación del testigo drogadicto o la ausencia de antecedentes criminales del acusado.

“Se dedicaron a condenar a una persona porque tenía la única descripción coincidente que dieron dos testigos, uno de ellos de referencia: ser negro”, argumentó el abogado y activista Élmer Montaña, tras recordar que ese mismo racero racial se aplicó en otro caso emblemático que estuvo en sus manos, pero a diferencia de este, culminó con la libertad de los acusados.

Pero este no es el único caso que mostraría los prejuicios que policía, investigadores, fiscales y jueces tendrían contra las personas de color.

¿Brutalidad policial contra negros?

Lo sucedido con dos jóvenes afrocolombianos de Puerto Tejada (Cauca), en 2020, que perdieron la vida por un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante dos procedimientos, también daría señas de un posible racismo.

El caso más mediático en su momento fue el de Ánderson Arboleda, el joven futbolista de 24 años de edad que al parecer fue brutalmente asesinado a golpes por la policía en el pequeño poblado caucano. Le dieron tan fuerte con sus bolillos, que le destrozaron el cráneo, lo que ocasionó su muerte cerebral.

Un mes antes, otro joven afrocolombiano había sido víctima del presunto abuso policial en esa localidad. Se trata de Janner García Palomino, quien recibió un impacto con arma de fuego cuando se asomó a curiosear durante un enfrentamiento entre pandilleros y las autoridades. En ambos casos aún no hay acciones judiciales.

Lo que sí hubo fue un pronunciamiento de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que en el más reciente informe de la ONU sobre Racismo Sistémico incluyó el caso de Janner García Palomino como uno de los casos representativos de América Latina.

“Siete casos representativos fueron examinados minuciosamente: los de Luana Barbosa dos Reis Santos y João Pedro Matos Pinto (Brasil); de George Floyd y Breonna Taylor (Estados Unidos); de Kevin Clarke (Reino Unido); de Janner (Hanner) García Palomino (Colombia) y de Adama Traoré (Francia)”, indicó Bachelet en su informe, publicado en junio pasado.

“Con raras excepciones, en las pesquisas, los procesamientos, los juicios y las decisiones de los tribunales no se tuvo en cuenta la función que la discriminación racial, los estereotipos y los prejuicios institucionales podrían haber desempeñado en los asesinatos”, agregó.

El caso Big Popa, el negro cantante

Se trata de un proceso por homicidio que involucró al reconocido cantante urbano caleño Luis Alberto Prado Cabezas, más conocido como Big Popa. En ese caso también fue capturado el hermano del músico y ambos fueron imputados por el homicidio de Johan Quiñones, ocurrido el 22 de febrero de 2017.

Aunque los hermanos Prado Cabezas estuvieron en prisión durante 17 meses, al final recuperaron su libertad luego de que un juez de Cali valorara un video que contradecía lo dicho por las autoridades que los capturaron e imputaron. La defensa presentó esa prueba en la que se observa a Big Popa ingresando por su propia voluntad, el mismo día y 25 minutos después del hecho criminal, a la estación de policía ubicada a 40 cuadras del lugar del homicidio.

Lo hizo porque una vez se cometió el homicidio, lo llamaron a advertirle que lo estaban involucrando en el caso. Esa prueba fue contundente porque la policía reportó que lo había capturado en flagrancia y a una cuadra del lugar donde supuestamente asesinó a su víctima. En resumen, no hubo flagrancia, no estaba a una cuadra de los hechos y no fue capturado. La única descripción que coincidía era su color de piel.

Estudio sobre racismo en Bogotá

Esa conclusión coincide con lo que reveló la organización no gubernamental Ilex –Acción Jurídica en 2019, en la investigación ‘Abuso policial y discriminación racial hacia afrodescendientes: estudio de casos en las localidades de Usme y Kennedy de Bogotá, D.C´,

En resumen, lo que descubrió dicho estudio es que los afrocolombianos tienen más probabilidades de ser multados que una persona blanca o mestiza, y que esa conducta discriminatoria se acentúa más contra los vendedores informales.

La investigación encontró que la imposición de medidas correctivas se concentra en aquellas personas con piel trigueña u oscura. “Por otro lado, personas de las tonalidades más oscuras tienen 2,67 más probabilidades de interactuar con la policía y 2,57 mayor probabilidad de ser detenidas, llevadas al área restringida, multadas o requisadas”, concluyó el estudio de Ilex – Acción Jurídica.

Los ejemplos no solo se quedan en las bajas esferas del racismo judicial. Así lo aseguró a Diario Criterio Alí Batún Ashanti, abogado y director del colectivo Justicia Racial, con sede en Bogotá, tras asegurar que esa discriminación la pudo palpar en el proceso contra un congresista negro que adelantó la Corte Suprema de Justicia (CSJ)

Según explicó Ashanti, sucedió con el proceso por delitos graves contra el senador de San Antero, Córdoba, Martín Emilio Morales, a quien la CSJ le negó el derecho a la doble conformidad (dos sentencias condenatorias para aforados), pero sí se la concedió a otro senador blanco.

Racismo judicial: muestra del racismo estructural

Precisamente, desde el colectivo Chao Racismo, que lucha contra la discriminación, tienen una lectura más estructural del problema. “Debemos empezar por recordar que, históricamente, en las altas cortes de nuestro país, no hay representación negra. Solo ahora la CSJ tiene dos cuotas de color”, argumentó a este medio Diego Angulo, asesor jurídico del colectivo.

Similar postura tiene su director, Ray Charrupí, para quien no hay duda de que la “corrupción blanca tiene mejor tratamiento en nuestro país, frente a una persona de color, quien con solo ser sospechoso o culpable, le va peor”, dijo a Diario Criterio.

Casi todos los colectivos consultados por este medio coincidieron en afirmar que uno de los problemas que aumentó el racismo judiciales es que tanto jueces como fiscales -en su gran mayoría- desconocen la tipificación del delito de discriminación, contenido en el Código Penal, esto sin sumarle los prejuicios racistas,

“Criminalizan a los afrodescendientes con el concepto de que son ladrones, brutos y delincuentes y en muchos casos presumen que no tienen dinero para pagar abogados”, explicó el sociólogo Juan de Dios Mosquera, director de la asociación Movimiento Nacional por los Derechos Humanos Afrocolombianos (Cimarrón).

Pero quizás el problema más evidente, y que fue la piedra angular para realizar este informe, es que en la actualidad ninguna autoridad o entidad pública maneja una base de datos que distinga a las víctimas o victimarios de delitos con enfoque étnico racial afrocolombiano.

De ahí surge que la recomendación más importante que hace la alta comisionada de la ONU en su informe sobre racismo sistemática: que las autoridades admitan que existe el problema y se resuelva la falta de información pública sobre el tema, ya que “en muchos países escasean los datos desglosados y exhaustivos de carácter oficial”.