Listos los tarjetones en creole para los raizales, pero todavía no se garantiza su participación política

Falta traducir al creole el resto del material electoral y hacer pedagogía con esta comunidad del archipiélago de San Andrés que ha sido históricamente olvidada.

En septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó traducir los tarjetones y el material electoral a creole para la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés, en respuesta a una tutela presentada por Jennifer Federica Archbold, integrante de la comunidad raizal, con apoyo del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario. 

Archbold argumentaba que la Registraduría y el Ministerio del Interior estaban vulnerando los derechos a la igualdad, la participación política y la integridad de los raizales al no imprimir el material en creole, lengua nativa de la comunidad, lo que impedía que ejercieran su derecho al voto a conciencia. 

También exhibía las circunstancias en las que se encuentran los raizales en comparación con otras comunidades étnicas. “A diferencia de las comunidades indígenas o afrodescendientes, nosotros no contamos con las mismas prerrogativas y garantías en materia de participación política y ciudadana, pues en el caso de estas minorías étnicas, ha sido la jurisprudencia constitucional la encargada de reconocer y reafirmar sus derechos en esta materia”, indicó Archbold. 

El tribunal finalmente le dio la razón y concluyó que el pueblo raizal se ha visto obligado a aprender el castellano, que “es ajeno a sus raíces, tradiciones y ancestros” y “se ha convertido en una exigencia para poder ejercer sus derechos políticos”.

También determinó que el Estado “no ha adoptado medidas afirmativas en cuanto a elaborar y difundir material electoral en creole para las elecciones populares regionales y nacionales”, por lo que ordenó que se expidiera el material electoral en creole y pidió al Ministerio del Interior crear una comisión técnica enfocada en desarrollar programas pedagógicos sobre el derecho a la participación política raizal, ya que durante mucho tiempo se les ha apartado del proceso electoral.

Como resultado, la Registraduría imprimió en creole los tarjetones a Cámara. Y esta semana se conoció que ya están listos los de las elecciones presidenciales.

La Misión de Observación Electoral (MOE) celebró la noticia y aseguró que se trata de “un avance en la participación política de las comunidades étnicas”. De hecho, cuando la Corte Constitucional estudiaba el caso, la MOE manifestó que la violación de los derechos políticos y electorales de la comunidad era continua ante la falta de adecuaciones administrativas.

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Un largo camino para los raizales

El proceso para que los raizales votaran en creole empezó hace tres años y tuvo altibajos. En 2019, se presentó una tutela similar, pero fue negada en todas las instancias. También llegó a la Corte Constitucional, que en junio de 2021 la negó al argumentar que no había una vulneración inmediata y que en el “corto plazo” no había una contienda electoral.

“Nosotros consideramos que, en ese entonces, la Corte olvidó que esto había sido una vulneración continua y que la idea era tener un fallo con efectos reales para las elecciones de este año”, dijo a Diario Criterio Ana María Sánchez, profesora del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario.

Con miras a las elecciones de 2022, se elaboró una nueva tutela, que fue la que estudió el Tribunal de Cundinamarca y dio un gran paso en la reivindicación de los derechos de los raizales, que han sido históricamente discriminados y son un ejemplo más de los sesgos centralistas en Colombia. 

Tarjetón presidencial en creole para los raizales
Tarjetón presidencial en creole. Foto: GAP.
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Un avance, pero queda bastante trabajo

Aunque los tarjetones son un paso histórico, todavía falta un enorme trabajo para garantizar los derechos a la igualdad y la participación política de los raizales.

Por un lado, si bien para las legislativas se tradujeron los tarjetones de Cámara de Representantes, los del Senado y las consultas partidistas solo se imprimieron en español. “Al enviarles únicamente la traducción de las votaciones de Cámara, se les refuerza el mensaje de que ellos no son colombianos. Esto porque muchos de ellos se han sentido excluidos y olvidados por el Gobierno. Parece que se les estuviera diciendo que solo pueden votar en lo que le concierne al archipiélago y no en los asuntos nacionales”, señaló Sánchez. 

Tampoco han sido traducidos al creole los cuadernillos en los que se explica cómo votar. “Ahorita en las elecciones presidenciales es sencillo hacerlo, pero en las legislativas es mucho más complejo por la misma forma de elección que tiene el órgano legislativo”, agregó. 

La pedagogía tampoco ha presentado grandes avances. El Ministerio del Interior solo ha anunciado que traducirá la cartilla Uriel (Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral), que incluye información sobre cómo hacer denuncias por corrupción electoral. “Esto no tiene nada que ver con la orden. La orden era sobre educación y participación política y el ministerio cree que con la traducción de la cartilla ya va a cumplir con esta orden”, aseguró Sánchez. 

Por el lado de la Registraduría, el GAP le ha insistido en la necesidad de traducir todo el material electoral y que haga esfuerzos para difundir la existencia de los tarjetones, por ejemplo, en las capacitaciones de jurados de votación, que se harán entre el 16 y 19 de mayo.

Otro asunto tiene que ver con la forma con que el Ministerio del Interior se ha acercado a la comunidad. “El acercamiento (…) no fue culturalmente adecuado, dejando de lado las particularidades de los raizales para transmitir una verdadera pedagogía en torno a la participación política e igualdad”, indicó GAP.

Según lo ordenado, el ministerio se debe reunir con la comunidad para hacer la pedagogía electoral, pero “la única oportunidad en la que el ministerio ha citado al pueblo raizal fue para que ellos revisaran si estaban de acuerdo o no con la traducción de la cartilla Uriel”, explicó Sánchez.

Así mismo, en las reuniones trimestrales que ha convocado el ministerio no han participado los raizales. “No se han acercado para establecer cuáles van a ser las estrategias en pedagogía de participación política. Ha habido un par de reuniones interinstitucionales, pero todavía no se ha compartido el contenido de estas reuniones con el pueblo raizal y, específicamente con su autoridad legítima, que es una autoridad transitoria que se llama el Raizal Council“, dijo la docente del GAP.

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Foto de portada: Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario. 

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