Las reculadas del presidente Gustavo Petro

En menos de dos semanas el Gobierno Petro ha tenido que reversar, matizar o suspender algunas decisiones polémicas. ¿Cuáles?

Uno de los mayores dolores de cabeza en los pocos meses de transcurrido el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido la forma en que sus ministros o funcionarios comunican decisiones de fondo sobre políticas públicas.

Desde las metidas de pata de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, con el tema energético; pasando por Jaime Dussán, el presidente de Colpensiones, que dijo que el ahorro pensional de los colombianos se usaría (entre otras obras) para construir el tren elevado de Buenaventura; son algunas de las polémicas lideradas por sus propios escuderos.

Pero antes de culminar 2022, el Gobierno tuvo que sortear tres controversiales decisiones que, incluso hoy, siguen cobrándole factura con cargo a su popularidad: la compra de los famosos aviones franceses de guerra, la terminación de todos los contratos por prestación de servicios dentro del sector público y el fallido decreto sobre el cese bilateral al fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Dos de esas decisiones (ELN y aviones) tuvieron impacto internacional y la tercera (contratos por prestación se servicios) aún causa incertidumbre e incrementa las críticas por parte de quienes consideran que la medida fue apresurada, improvisada y carente de planeación.

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Petro recula cese bilateral con ELN

Sobre el fallido cese bilateral al fuego con el ELN, el Gobierno de Petro no tuvo más opción que suspender el famoso decreto que le daba vida a un acuerdo que el mismo presidente anunció, con bombos y platillos, como regalo de Año Nuevo para todos los colombianos.

“Es mi deseo en este final de año que sea posible la paz. Este es un acto audaz. El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional. Que la paz sea entre nosotros. Feliz nuevo año”, trinó en su momento el presidente Petro.

Sin embargo, tres días después, el comando central de esa guerrilla sacó un comunicado negando la existencia del mencionado cese bilateral al fuego, lo que armó una tormenta política que puso al Gobierno sobre las cuerdas.

“La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral…”, dice el comunicado que esa guerrilla publicó en su cuenta de Twitter.

Luego de consejos extraordinarios de seguridad, el presidente Gustavo Petro no tuvo otra opción que suspender los efectos del decreto presidencial que le daba vida al cese bilateral con el ELN.

Pero el daño ya estaba hecho y dejó la sensación de improvisación en un tema tan delicado como lo es el proceso de paz con grupos armados ilegales.

Lo peor es que con esa misma tijera la oposición viene cortando todas les decisiones que ha tomado el Gobierno en torno a su política de Paz Total y que en la actualidad involucra a jefes de bandas criminales, quienes estarían ad portas de recobrar la libertad, bajo la figura de gestores de paz.

Los aviones de Petro

Lo llamativo de esta polémica es que, tanto el Gobierno de Petro como la oposición, saben y reconocen que las fuerzas armadas de Colombia necesitan renovar la flota de aviones Kfir que existen en la actualidad y cuya vida útil ya expiró.

Sin embargo, en este caso aplica el viejo adagio popular que dice que “el pez muere por la boca”.

Resulta que, cuando el Gobierno del entonces presidente Iván Duque quiso comprar una flota de aviones F-16 de EE. UU., en 2021, le llovieron rayos y centellas, no solo por el monto de la compra (16.8 billones de pesos), sino por el momento, ya que el país apenas salía del impacto causado por la cuarentena obligatoria por el Covid-19.

En su momento, toda la izquierda colombiana, incluido el actual presidente, Gustavo Petro, catalogaron la compra de esos aviones como un acto de irresponsabilidad, argumentando su inconveniencia por la crisis económica y asegurando que se usarían para bombardear niños.

“La compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos, es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante. No entiendo un país que pueda aplaudir que no se usen los recursos para salvar la vida y en cambio si en instrumentos para bombardear niños”, trinó en su momento el hoy presidente Petro.

Ahora, la flota de 16 aviones Rafale (franceses) costaría cerca de 21.4 billones de pesos. Desde el Gobierno se defendieron asegurando que la compra se haría con un plazo de diez años.

Pero, como era lógico, la oposición liderada por la derecha colombiana no desaprovechó semejante papayaso para enrostrarle al Gobierno la inconveniencia de esa adquisición y tildarlo de irresponsable.

Desde esa orilla política le critican lo inoportuno de ese gasto, debido a las amenazas de recesión económica mundial, la alta inflación en el país y el apretón por cuenta de la reciente reforma tributaria que afectó al sector productivo.

Aunque el Gobierno desmintió que para la compra de los aviones se usaría el dinero que se recaudará con la reforma tributaria (80 billones de pesos en los cuatro años), la explicación resultó liviana, porque, al final, el dinero saldrá de las arcas públicas, sin importar el bolsillo de donde provenga.

En conclusión, ante el arrecio de las críticas, incluso provenientes de reconocidos petristas, presidente optó por una salida diplomática y, argumentando una leguleyada (que el Consejo Nacional de Política Económica y Social —Conpes— estaba vencido), suspendió la compra de esos aviones y logró amainar la tormenta.

“En las prenegociaciones no se logró ningún acuerdo definitivo, eso implicó que se venciera el Conpes 4078 sin que se consolidara ninguna negociación, lo que da lugar a una discusión en el Consejo de Ministros para definir si se continúa la aprobación de un nuevo Conpes con ese propósito”, explicó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en entrevista con La W.

Eso quiere decir que, por ahora, la compra de los polémicos aviones para las fuerzas armadas de Colombia no está descartada, sino suspendida, pero el tema logró salirse de la agenda mediática.

¿Contratistas sin contrato?

La cereza que la faltaba al pastel en torno a las polémicas que tienen origen en la forma en que se comunican las iniciativas del Gobierno corre por cuenta de la bien intencionada estrategia de formalizar el empleo dentro del sector público.

Antes de culminar 2022, el Gobierno emitió una circular conjunta entre el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), para fijar la estrategia que les ponga fin a los contratos por prestación de servicios.

Sin duda, se trata de una política bien intencionada que pretende dignificar el empleo para los 911.000 contratistas que tiene el Estado, tanto en el ámbito central como territorial.

La estrategia es simple: terminar esos contratos y vincularlos a las entidades públicas de manera directa, a través de plantas temporales y, para ello, la misma circular fijó un plazo de cuatro meses.

Sin embargo, la estrategia no tuvo en cuenta que, para abrir esas plazas temporales (puestos de trabajo), la mayoría de entes territoriales (municipios y departamentos) tendrán que realizar procesos de reestructuración administrativa, lo cual implica mayor tiempo y recursos.

Además, al incluir esas plantas temporales a los gastos de funcionamiento, esos municipios o departamentos estarían violando los topes que impone la ley 617 de 2000.

Para rematar, como este será un año electoral por cuenta de las elecciones locales, entrará en rigor la famosa Ley de Garantías, que prohíbe cualquier tipo de contratación de personal.

El tema ha sido tan confuso que el propio director de Función Pública, César Manrique, ha tenido que explicar en varios medios de comunicación el alcance del plazo de cuatro meses fijado en la circular conjunta y que causó revuelo entre los contratistas por prestación de servicios y las entidades públicas.

“No podemos garantizar que los contratistas que hoy están van a permanecer, porque eso es una decisión independiente y autónoma de cada administración”, aclaró Manrique en La W.

El director dijo, además, que el propósito de esa estrategia plasmada en la circular conjunta “(…) es una política pública de cómo podemos formalizar el empleo público en Colombia (…). Estamos dándole cumplimiento a los fallos de la Corte Constitucional. Son aquellos (los contratos) que se disfrazan para un interés político, no son los verdaderos contratos de prestación de servicios”, destacó.

Todas esas reculadas dentro del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, si bien dejan el sabor amargo de la improvisación, también demostrarían que es un mandatario conectado con la opinión pública, escucha sus clamores y corrige a tiempo.

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