Reforma a la salud: ¿Quiénes son los parlamentarios que decidirán su futuro?

El 23 de febrero se conocieron los congresistas que liderarán la primera etapa del trámite de la reforma a la salud. DIARIO CRITERIO le cuenta quienes son, su posición frente al proyecto presentado por el Gobierno y sus posibles conflictos de interés.

La Comisión Séptima del Senado es la encargada de llevar a cabo los debates sobre el proyecto de reforma al sistema de salud presentado por el Gobierno, en cabeza de la ministra de Salud, Carolina Corcho. Por tanto, después de los debates sobre la misma, cada senador votará a favor o en contra de que se vuelva ley.

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Esta Comisión se encarga de legislar sobre los sistemas de salud, pensional y sindical, así como los regímenes salarial y prestacional; la normatividad en recreación, deportes, organizaciones comunitarias, género, familia, entre otros.

Entre los miembros de esta sala, encargada de legislar sobre todo lo relacionado con la seguridad social, solo hay cuatro representantes expertas en temas de salud: Martha Alfonso (Alianza Verde-Pacto Histórico), especialista en salud familiar y comunitaria; Betsy Pérez (Cambió Radical), especialista en gerencia de servicios de salud; Karen López (Circunscripción Transitoria Especial de Paz por Urabá), odontóloga; y Norma Hurtado (Cambio Radical), especialista en administración y gestión financiera de la salud.

Los otros representantes han sido coautores o participado en la ponencia de proyectos de ley relacionados con la seguridad social y la salud, por ejemplo, política pública sobre lactancia materna, los regímenes de salud de las Fuerzas Armadas y la Policía; programas especiales para la atención en salud de poblaciones específicas, la regulación del cannabis, entre otros.

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DIARIO CRITERIO le cuenta quienes son los senadores que conforman la Comisión Séptima, datos relevantes de su carrera política, lo que han dicho sobre el proyecto de reforma que tramitan y sus posibles conflictos de interés.

A FAVOR

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A FAVOR, CON POSIBLES MODIFICACIONES

Los siguientes representantes van de quienes han expuesto opiniones que sugieren apoyar la reforma, sea que pase sin modificaciones o con las que el Congreso concierte; hasta quienes solo la aprobarían de forma condicionada:

EN CONTRA

CON POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS

¿Sistema mixto o de estímulos complementarios?

Los representantes Gerardo Yepes, Camilo Ávila y Víctor Salcedo, en nombre de sus partidos (Conservador, La U y Liberal, respectivamente), radicaron la propuesta con modificaciones al proyecto del Ministerio de Salud, la cual retoma las bases de este último, pero reduce los recursos y ‘poder’ en la auditoría a las empresas promotoras de salud (EPS) en los ordenamientos en salud.

De esta manera, los usuarios tendrían la opción de seguir contribuyendo al sistema y recibir los servicios, sea a través de las entidades territoriales o por medio de una EPS de su elección, últimas que, en ambos documentos, pasan a ser Entidades Gestoras de Salud y Vida (EGSAVI).

Resta ver qué estímulos tendrían, de materializarse dichas modificaciones, para ejecutar una mejor labor que el Estado, con menos recursos que los que reciben en la actualidad, sobre todo al momento de que el Ministerio —según ambos documentos— distribuya su operación a las áreas rurales.

La reforma del paro

Por otro lado, el partido Cambio Radical presentó, el 1 de marzo, uno de los ya cuatro proyectos alternativos al del Gobierno que reposan en la Cámara de Representantes.

El líder político de la colectividad, Germán Vargas Lleras, opina que este debería ser tramitado como ley estatutaria, a diferencia del proyecto presentado por el Gobierno, que la Comisión Séptima tramita como ley ordinaria.

Aun así, la propuesta que Vargas Lleras presentó este mes —el proyecto de Ley 010— en nombre de su bancada, fue tramitado como ley ordinaria en 2021, en las Comisiones Séptimas, y no estatutaria, por las Comisiones Primeras, pero terminó archivado tras convertirse en uno de las principales causas de descontento durante el paro nacional, a pesar de tener el apoyo de la bancada de Gobierno (conservadores, Centro Democrático, la U y el entonces ministro de Salud, Fernando Ruiz —cuota de Cambio Radical—).

Sea lo primero, secretario (de la Cámara, Jaime Luis Lacouture), que, en nuestro criterio, este proyecto tiene el carácter de ley estatutaria y debe ser tramitado como tal”.

Germán Vargas Lleras, Congreso de la República, 1 de marzo de 2023.
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Asimismo, hace dos años, el ex vicepresidente y su colectividad tampoco expresaron preocupaciones sobre si su trámite como ley ordinaria generaría vicios para que la Corte Constitucional la tumbara.

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De hecho, el Gobierno de Duque le dio carácter de urgencia para adelantar en la Cámara el debate del proyecto, decisión que el ex vicepresidente apoyó en sus columnas de opinión, en mayo de ese año, en el diario El Tiempo.

Y es que el pasado 28 de febrero, un día antes de presentarse en el Capitolio, el también exministro del Interior reconoció que su propuesta actual es, en esencia, la misma de 2021, cuando señaló que “no estaríamos en estas si, hace dos años, la iniciativa que presentamos hubiera sido discutida con tranquilidad“.

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Los conflictos de Vargas Lleras

Mientras unos opinan que el sistema de salud colombiano debe replantearse desde sus bases, otros defienden la labor administrativa de las promotoras y abogan por reforzar la fiscalización sobre estas.

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Sin embargo, Vargas Lleras señala al Gobierno como parte del origen de la corrupción que se ha gestado en este actor de la salud.

En ese sentido, Enrique Vargas Lleras, abogado y hermano del ex vicepresidente, dijo que las deudas billonarias de las EPS con los prestadores (IPS: clínicas, hospitales y centros de salud, motivo por el cual cientos han tenido que cerrar o recortar sus servicios) se deben a lo que, al mismo tiempo, el Gobierno no les paga (lo cual explicaría la restricción de la autonomía médica y la negación de servicios).

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Aunque esta declaración de Enrique Vargas es de hace dos años, Germán Vargas hoy es uno de los más críticos de la propuesta del Gobierno. Incluso ha resaltado que una de las metas de su proyecto de reforma es saldar la deuda del Gobierno con las EPS.

Tiene culpa el Gobierno de no haberlas controlado —dijo el ex vicepresidente—. Lo que es responsabilidad de corrupción no puede transformarse en acabar el sistema de aseguramiento. No debe acabarse la gestión de riesgo de las EPS. Acabar la red de prestación de servicio sería desastroso”, agregó.

Lo que Germán Vargas no menciona es que su hermano era y es miembro de la junta directiva de la Nueva EPS, entidad que, en 2022, ostentó el primer lugar en el ranking de las más morosas con los prestadores.

Esta promotora (mitad privada y mitad estatal), a agosto del año pasado, estaba en mora de 964.379 millones de pesos, más del doble que la deuda de Asmet Salud EPS, segunda en la lista, que debe 406.816 billones.

Además —según denunció Caracol Radio, en 2016—, Enrique tuvo contratos para asesorías legales por unos 3.400 millones de pesos con el liquidado grupo SaludCoop, que conglomeraba a Cafesalud y Cruz Blanca EPS.

Otros datos que el exsenador también omite es que la red de prestadores de servicios no puede ser eliminada de ningún sistema de salud, sin importar qué nombre se le dé (IPS, como ahora, o red integrada de servicios de salud, como en la reforma del Gobierno u otros países); y que el debate actual se centra en la intermediación de las EPS entre las IPS y el Estado.

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