“Reforma a la salud se está votando sin leer los artículos”: Gremio de EPS

Gestarsalud y Acemi, asociaciones de las EPS contributivas y subsidiadas, respectivamente, advirtieron en un boletín que no se conoce el impacto fiscal que tendría la reforma a la salud de ser aprobada.

“No son pocas las voces que se han alzado desde diferentes actores del sector salud para advertir que el texto de reforma a la salud que se discute hoy en el Congreso, si bien está cargado de buenas intenciones, puede repercutir en aspectos riesgosos para la realidad de los usuarios del sistema de salud y pacientes“, asegura Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento de la Salud (Gestarsalud), que agremia a las entidades promotoras de salud (EPS) del régimen subsidiado en el país, en un boletín de prensa de este 11 de octubre.

El comunicado, titulado Cuatro problemas que debería solucionar la reforma a la salud, señala que la reforma no aborda “los problemas en el sistema actual que afectan la oportunidad y la calidad de los servicios“.

Por ejemplo, en la actualidad, la principal queja ante la Superintendencia Nacional de Salud por parte de los usuarios es la falta de oportunidad de citas por la escasez de talento humano y su concentración en las ciudades.

Al respecto, la Asociación resalta la capacidad resolutiva “severamente restringida” de los médicos generales, lo cual los convirtió en “transcriptores y remisores a la mediana y alta complejidad“, problema particularmente notorio en el régimen subsidiado, según comentaron varios médicos consultados por este medio para el artículo Entidades de salud recortan gastos médicos sin supervisión del Estado.

La agremiación también alerta sobre los problemas de infraestructura para la atención médica en Colombia, ya que depende, en gran medida, de la oferta privada, “con el 90 por ciento de las instituciones prestadoras de salud (IPS) y (con) el 70 por ciento de las camas hospitalarias bajo su administración. Esto refleja una deficiencia en el desarrollo de entidades de carácter público“.

Puede leer: Hospitales públicos, la caja negra de la salud y sin un panorama claro en la reforma Corcho

Eso está demostrado, además, en la cifra de 1,8 camas por cada 1.000 habitantes, mientras que el promedio en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 5,1.

Para dar un panorama del problema, el comunicado cita un análisis de Transparencia por Colombia y Así Vamos en Salud, que concluye que la reforma plantearía “procesos presupuestales complejos“, por lo cual hay riesgos de “opacidad de la información“, así como injerencia política en los procesos de contratación (en otros términos, ‘politiquería’)

Para lo anterior, la corporación propone una estrategia de “transparencia presupuestaria” por parte de todos los financiadores del sistema que obligue a que los procesos de contratación sean de dominio público.

El dilema entre las restricciones y “relajar las auditorías”

A pesar de que Gestarsalud hace una crítica dura a la falta de autonomía y a la restricción marcada a los médicos generales por parte de las entidades de salud en los primeros niveles de atención, también señala que “relajar las auditorías y cambiar la contratación y los controles por una libre facturación no parece el camino más aconsejable“.

Por otro lado, la Asociación señala los riesgos que considera se derivarían de quitarles el proceso de referencia y contrarreferencia a las EPS, y dejarlo en manos de las entidades gestoras de salud y vida (EGVIS, actuales EPS); de la falta de claridad en la financiación de los hospitales públicos y los centros de atención primaria (CAP, actuales Instituciones prestadoras de salud [IPS] básicas); de la falta de capacidad de la ADRES para gestionar el financiamiento de las futuras gestoras, entre otros.

Lea, también: Asociación de pacientes pide eliminar EPS y unificar regímenes de salud

Finalmente, la directora Dávila concluye con lo dicho por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en uno de los encuentros que ha tenido con las directivas de las EPS con respecto al papel de estas últimas en la reforma.

“En reunión con el señor ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, en días pasados, nos expresó que las EPS continuarán haciendo las mismas funciones, excepto el pago —explica Dávila—. Entendemos que se refiere al manejo de la tesorería y que esto implicaría el giro directo generalizado, seguramente, en los términos
que plantea el Plan Nacional de Desarrollo. Es conveniente entonces centrar la discusión y avanzar en los aspectos más complejos y plantear verdaderas soluciones, para pacientes y usuarios, que tienen que ver con la oportunidad y calidad de los servicios y en resolver los problemas de sostenibilidad financiera (sic)”.

La temida (in)sostenibilidad financiera

Uno de los argumentos de quienes se oponen a la reforma a la salud es la falta de claridad en cuanto al costo que las modificaciones al sistema tendrían en las arcas del Estado, tema que Gestarsalud retoma en su análisis.

De hecho, el pasado 10 de octubre, en el último debate en la Cámara sobre el proyecto, la representante y ponente de la iniciativa Martha Alfonso generó polémica al asegurar que la iniciativa no requiere un concepto del Ministerio de Hacienda en cuanto a su sostenibilidad.

“La reforma no tiene hoy un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda, porque no creemos que lo requiera”, dijo la representante por Tolima, y aseguró que el rubro asignado a esta cartera no cambiaría: “Lo que está haciendo la reforma (a la salud) es una redistribución, un cambio de uso en procura de mejor calidad y mayor acceso a la atención, con la misma plata que tiene asignado (sic) año a año y que es un presupuesto creciente, ya garantizado. Cerca del 23 % del presupuesto general se destina a la salud en Colombia y esa es la plata que financia esta reforma y que va a tener un uso distinto”.

Lea, además: Cathy Juvinao pone la reforma a la salud contra las cuerdas

En respuesta a las múltiples réplicas de los otros parlamentarios tras estas intervenciones, Alfonso mencionó el Anexo 3 del proyecto inicial que se radicó en febrero de este año: “Por eso hice la afirmación que hice, no porque crea que esta reforma no tiene un estudio financiero, porque lo tiene. Sí sabemos cuánto cuesta, sí sabemos de dónde provienen sus recursos y está debidamente sustentado en un documento hecho por Luis Jorge Garay, en donde sostiene cómo se analiza las finanzas de esta reforma”.

“El sesgo ideológico es una defensa cerrada de las EPS”

Una fuente involucrada en la redacción del proyecto original que se presentó en febrero de este año, y que solicitó permanecer anónima, le dijo DIARIO CRITERIO el pasado mes de junio, en cuanto a la viabilidad financiera de la reforma, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asesorará la transición del sistema actual al propuesto por el Ministerio, en cabeza entonces de la exministra Carolina Corcho.

“Así funcionan los mejores sistemas de salud (en) el mundo. Ya hay una asesoría con la Organización Mundial de la Salud para hacer eso. Eso es una inversión mínima. La ADRES ya tiene mucha tecnología e inclusive, en el ‘Anexo 3’ (de la reforma), donde está la cuantificación (…) cuesta mucho menos que lo que se les paga a las EPS por intermediar“, aseguró la fuente.

Lea, también: El Uribe de la Emergencia Social advierte de “monopolio estatal absoluto” con reforma a la salud

Dicho rubro, comentó, sería de 50.000 millones de pesos al año: “Con eso se podría la ADRES estar actualizando. Todo eso está en el ‘Anexo técnico 3’, que nadie ha querido leer. Esto es más de lo mismo: posturas ideológicas. Ellos parten de que el actual sistema no tiene problemas de corrupción y es transparente y lo que va a generar la corrupción es la reforma. Eso es insostenible“.

En ese sentido, la fuente también expresó que el origen del rechazo que algunos sectores manifiestan con respecto al proyecto es político: “El actual sistema tiene muchos problemas de corrupción, pero, en el fondo, el sesgo ideológico es una defensa cerrada de las EPS y una postura antirreforma“.

“Al sector privado le iría mejor”: Carolina Corcho

En cuanto al papel de las EPS en la reforma, la exministra Corcho, cuando se desempeñaba como asesorara de Gustavo Petro en la campaña presidencial de 2022, le dijo a DIARIO CRITERIO que reformar el sistema “no implica empezar desde cero. De hecho, al sector privado le iría mejor, porque las IPS están en quiebra gracias a las deudas de las EPS que, además, pagan con tarifas propias que este proyecto busca unificar. Las EPS, además, están al tope con la población que les llega de las que el Estado ha liquidado, entonces recortan gastos. Si (las EPS) son eliminadas, el Estado pagaría directamente a los prestadores”.

Con respecto al temor de varios sectores en cuanto a que la reforma podría implicar regresar al modelo fallido del Seguro Social —que precedió a la Ley 100 en salud—, Corcho dijo: “No se puede comparar, ya que el aseguramiento universal seguiría a cargo del Estado, con los recursos públicos fiscales y parafiscales, como sucede en la actualidad”.

Sin embargo, tras lo ocurrido hasta ahora en la Cámara de Representantes, el camino parece contradecir los mensajes de la exministra Corcho, del actual ministro Jaramillo y del Gobierno. La estatización de la salud parece ser la receta del Gobierno del Cambio.

Siga con: Los cuestionamientos del gremio médico a la reforma a la salud