La eterna pelea por bajar el sueldo de los congresistas: ningún cambio será fácil

Un amplio sector del Congreso parece estar de acuerdo con reducirse el salario y renunciar a otros privilegios. No será una tarea sencilla, ya que muchos buscarán hacerle el quite a los cambios y el proceso podría tardar más de lo que los electores quieren.

Como ya es costumbre al inicio de cada legislatura, congresistas y partidos políticos de todas las orillas presentaron un paquete de proyectos de ley para reformar el Congreso.

El Pacto Histórico y los verdes propusieron solo dos meses de receso legislativo, limitar la reelección, castigar el ausentismo y bajar el sueldo a 25 salarios mínimos, esto último solo a partir de 2026.

El Centro Democrático y Cambio Radical plantean reducir el sueldo en 20 por ciento, además de acabar con el 30 por ciento de las curules del Senado y 20 por ciento de la Cámara. También propuso reducir el receso legislativo a dos meses.

Esta avalancha de proyectos sugiere que el nuevo Congreso tendrá la voluntad política para hacer los cambios que desde hace varios años la ciudadanía pide. Sin embargo, hay que resaltar que las propuestas van por caminos separados y es poco probable que unan fuerzas para acelerar el trámite. Por el contrario, es posible que los partidos se metan zancadilla entre ellos para imponer su proyecto.

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Así mismo, la historia de estos proyectos demuestra que no será fácil llevar a cabo lo que se propone. Según el senador Iván Cepeda, uno de los autores del proyecto del Pacto Histórico, este es el intento número 14 de bajar el salario de los congresistas que ha hecho durante su carrera.

Incluso, en el Centro Democrático hay experiencias de este tipo. En el Congreso anterior, el representante Gabriel Santos llevó la bandera de reducir el receso legislativo, pero no recibió apoyó de las mayorías y hasta en su propio partido le pusieron peros.

En medio de estos tropiezos, analistas y congresistas han abierto la discusión sobre el porqué de una reforma al Congreso. Algunos dicen que no tiene sentido prometer la reducción del sueldo en nombre de la austeridad en el gasto público, ya que la nómina del Congreso no alcanza a representar el 0,3 por ciento del presupuesto general de 2022.

Otros piensan que es un asunto de equidad. “Relativo al salario mínimo es escandaloso y ocupa los primeros lugares en la región”, dijo la economista María del Pilar López Uribe, quien agregó que la mitad de ese sueldo son gastos de representación, por los cuales los congresistas no pagan impuestos.

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Para la senadora Angélica Lozano, no se justifica que entre 1992 y 2018 el sueldo de los congresistas haya aumentado 3.634 por ciento, mientras que el salario mínimo solo 1.175 por ciento. Actualmente, según Lozano, “el aumento salarial de los congresistas equivale a 34 veces el aumento del salario mínimo”.

Sobre el receso hay un debate similar. Para la mayoría de personas, dicho receso, que actualmente es de cuatro meses por año, no es otra cosa que vacaciones. Algunos congresistas dicen que se trata de un periodo para preparar la agenda legislativa y visitar las regiones. Además, aseguran que tener un congresista sesionando durante diez meses no garantiza un mejor desempeño.

Bancada que presentó reforma al Congreso
Bancada del Pacto Histórico y verdes que presentó reforma al Congreso.

Es durante el receso que los congresistas pueden estar más en contacto con sus electores en sus territorios. Eso es necesario, no necesitamos que estén el ciento por ciento del tiempo encerrados en el Capitolio votando leyes de dudosa utilidad”, dijo, al respecto, Yann Basset, profesor de ciencias políticas en la Universidad del Rosario.

Para otros, el problema con este argumento es que no hay ningún control del trabajo que hacen los congresistas en la región o en medio del receso, lo cual también sucede, en mayor proporción, con las unidades de trabajo legislativo (UTL).

Por último, está el tema de reducir el tamaño del Congreso, promocionado especialmente por el uribismo. Esta propuesta no tiene acogida entre las demás bancadas ni entre los analistas. Quienes están en contra aseguran que una reforma de ese tipo afectaría la representatividad y diversidad del Congreso y, además, favorecería a las maquinarias de partidos tradicionales.

Todas estas tensiones reflejan un ambiente complejo para el trámite de las reformas al Congreso. El Pacto Histórico y su coalición de gobierno mantienen ventaja para sacar adelante sus proyectos, pero no será fácil. Tienen en contra un buen número de congresistas que en el pasado se han negado a perder beneficios, así como un sector amplio de sus electores que exigen cambios inmediatos.

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El costo político de reformar el Congreso

En campaña, la propuesta de bajar el sueldo de los congresistas o quitarles tiempo de vacaciones puede ser, electoralmente, muy rentable. Sin embargo, como se ha prometido en tantas ocasiones, esta vez los votantes se muestran más impacientes y presionan a los representantes que se hicieron elegir con esa promesa.

Ese es el caso de los simpatizantes de los llamados partidos alternativos, hoy coalición de gobierno. Muchos han criticado en redes sociales a los tres congresistas que tomaron la bandera de la reforma —Iván Cepeda, Catherine Juvinao y Gustavo Bolívar—, después de que esta semana hicieran una aclaración que no estaba en las cuentas de muchos.

Al radicar el proyecto, los tres congresistas explicaron que la reducción del sueldo a 25 salarios mínimos se haría efectiva dentro de cuatro años y que, entre tanto, se congelará el salario actual de 34 millones de pesos. Muchos no tardaron en decir que les ‘hicieron conejo’ a los votantes. 

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Los autores se defendieron asegurando que era una estrategia para que el cambio no se cayera en la Corte Constitucional, ya que al aprobarlo de inmediato, varios congresistas podrían demandar por violación a los derechos laborales adquiridos. Esta explicación no fue bien recibida y generó un debate jurídico.

En 2018, 36 de los 38 congresistas de la Comisión Primera de la Cámara trabaron la reducción de salarios al declararse impedidos por conflicto de interés. Ellos aseguraron que al tomar una decisión de ese tipo estaban legislando sobre ellos mismos. Según los autores del proyecto, extendiendo el cambio a 2026 se busca evitar ese tipo de inconvenientes.

No obstante, varios juristas y políticos salieron al paso de ese argumento. Según el abogado Francisco Bernate, esa no es una excusa, pues el Ejecutivo puede cambiar la asignación salarial de los congresistas por decreto. Otros señalaron que no hay ningún riesgo de que la norma sea tumbada por la Corte, ya que en ningún momento modifica la estructura de la Constitución.

No comparto el argumento según el cual reducir los salarios de los congresistas ahora sería inconstitucional por existir un eventual conflicto de interés, existen las formas para reducir el salario en este periodo, solo se debe dejar esa facultad al Ejecutivo [sic]”, dijo el senador Alexánder López, del Pacto Histórico.

Por ahora, parece que el único camino para que el llamado Congreso del cambio se baje el sueldo es la voluntad. Algunos como Bolívar y Juvinao han dicho que no tienen problema con donar una parte de su salario, pero, además de lo difícil que será comprobarlo, no hay certeza de que sus casi 290 compañeros piensen igual

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