César Gaviria, Dilian Torres y Efraín Cepeda muestran sus cartas de reforma a la salud. Este es el proyecto

Al igual que el proyecto presentado por el Gobierno, liberales, conservadores y La U plantean eliminar los regímenes contributivo y subsidiado; pero mantienen las EPS, a las que, según su propuesta de reforma, darían un control mucho menor sobre el presupuesto y en cuyas juntas directivas, en el caso de las privadas, el Gobierno tendría un representante.

Los partidos Liberal, Conservador y La U radicarán en la Cámara de Representantes su proyecto de reforma a la salud que recoge, en buena medida, los planteados por el Gobierno de Gustavo Petro, además de importantes cambios al modelo actual, pero sin caer en los fundamentalismos que la ministra de Salud, Carolina Corcho; el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix Martínez; y el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, han sostenido durante meses.

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En 12 capítulos y unos 110 artículos, la propuesta de reforma liderada por el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal; Dilian Francisca Toro, de la U; y Efraín Cepeda, de las toldas conservadoras, plantean que se mantenga un sistema mixto (público y privado) y de aseguramiento general, en el que las EPS tendrán que transformarse Entidades Gestoras de Salud y Vida (EGVI) que tendrán que responder por la atención primaria en salud, por el aseguramiento y las redes; pero, a cambio, solo podrán recibir hasta el cinco por ciento de los recursos para sus gastos administrativos.

Mientras que la propuesta del Gobierno, liderada por la ministra Corcho, plantea la desaparición de las EPS para darle vida a un modelo altamente estatizado, en el que el Ministerio de Salud, la ADRES, las secretarías de salud y los hospitales públicos tendrán a su cargo el grueso de la atención en salud, prácticamente borrando el modelo creado hace 30 años por la Ley 100. Por otro lado, en el modelo propuesto por las bancadas del Gobierno en el Congreso se propone que se mantenga un modelo mixto.

¿Qué significa esto?

Que las EPS podrán mantenerse, pero acreditando todos los requisitos para convertirse en EGVI y sin integración vertical en los niveles superiores de prestación (desde el segundo nivel), pero sí en el primer nivel, que será el llamado a convertirse en la puerta de entrada del modelo a través de los Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva (CAPIR) planteados en la reforma del Gobierno.

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Las EPS (futuras Entidades Gestoras de Salud y Vida) tendrán que reconocer y pagar sus deudas; además de operar, inicialmente, por regiones, de acuerdo a la distribución hecha por el Ministerio de Salud.

Otra de las propuestas del proyecto es ponerle fin a la diferencias que hay entre los regímenes contributivo y subsidiado, pues todos los colombianos harán parte de un solo sistema, con un plan básico y universal de salud.

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Ahora, bien, en vez de tener un modelo sin costos ni gastos claros por cuenta del presupuesto nacional y el aporte de los trabajadores y empleados, el proyecto de los partidos propone que se mantenga la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto anual que se les reconoce a los prestadores (instituciones prestadoras de servicios de salud —IPS—, que pasarían a ser Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud —RIISS— en ambos proyectos) por asegurar y prestar la atención de salud a la población a su cargo.

Para resolver las enormes inequidades que hay de salud entre grandes ciudades y el centro del país, con el Pacífico o zonas de los antiguos territorios nacionales, pero también en pequeños municipios y poblados, el proyecto propone que las EGVI privadas, públicas o mixtas puedan —o tengan— que prestar sus servicios.

En las zonas dispersas o con poca población, el Gobierno podrá convocar a estas empresas para que respondan por la salud, pero también podrá hacerlo de forma directa, a través del financiamiento de las secretarías de salud y hospitales, especialmente públicos.

En últimas, se busca que solo las EPS con mejores indicadores, como la Nueva EPS, Sura, Sanitas, Salud Total, Coosalud o Famisanar, que hoy agrupan a más 25 millones de afiliados y beneficiarios, puedan seguir, pero con más limitaciones y responsabilidades.

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Tal y como lo quiere el Gobierno, en este proyecto, la ADRES será la encargada de manejar los recursos y hacer los pagos; controlará los gastos y permitirá que los hospitales puedan tener un flujo rápido de recursos. Se establece que, una vez radicadas las cuentas, la Administradora les gire el 80 por ciento.

El cuarto proyecto de reforma

Si bien el proyecto plantea —con demasiado detalle para una Ley— la forma como operarán los hospitales públicos, se escogerá a sus directores o como se deben organizar en redes, al igual que con el proyecto de la ministra Corcho, no se establece una responsabilidad única, central, desde el Ministerio de Salud, que responda por la operación, servicio y calidad de todos los hospitales del Estado.

También hay capítulos especiales para dignificar a los empleados de la salud, formalizar su vinculación laboral, aumentar la formación del talento humano y profesional, entre otros.

Este es el cuarto proyecto de reforma a la salud que se presentará en la actual legislatura, que se suma al presentado por el Gobierno, al del Centro Democrático y al de Cambio Radical.

La pregunta es si el Gobierno y la ministra Corcho están dispuestos a conciliar o si definitivamente se la jugarán a muerte por su propuesta. Lo cierto es que los partidos Liberal, Conservador y La U tienen 41 senadores y 71 representantes a la Cámara, el peso suficiente para bloquear cualquier proyecto… siempre y cuando se mantengan unidos.

Esta es la propuesta completa:

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