¿A qué le temen los empresarios con la reforma laboral de Gustavo Petro?

La reforma laboral del Gobierno Petro busca aumentar la cobertura pensional y reducir la informalidad, pero expertos aseguran que ocurriría todo lo contrario.

Los cambios estructurales que prometió Gustavo Petro cuando era candidato presidencial giran en torno a tres reformas: salud, pensional y laboral.

La primera ya le costó que se le desbaratara la bancada de Gobierno en el Congreso. La segunda apenas calienta motores y ya tiene con los pelos de punta a una de las familias más poderosas del país; y la tercera logró que los gremios se unieran para lanzar el grito en el cielo.

Como cualquier cambio rutinario, sin importar el sector donde se aplique, esas reformas levantarán ampollas, incomodarán poderes ocultos y afectarán maquinarias.

Eso es exactamente lo que viene sucediendo con la anunciada reforma laboral, cuya iniciativa será presentada esta semana e incluye 79 artículos que prometen sacudir la estructura del mercado laboral en el país, sobre la base de tres pilares: aumentar la cobertura pensional, reducir la informalidad y otorgar mayor remuneración y protección a los trabajadores.

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Aunque el proyecto aún no ha sido presentado formalmente en el Congreso, ya se conocen algunas puntadas de la filigrana de la reforma laboral y las reacciones de los gremios no se hizo esperar.

Si bien la mayor atención se la robó uno de los estudios económicos que acostumbra publicar el Banco de la República y en el que se asegura que la reforma laboral del Gobierno, si se aprueba como está, podría acabar con 450.000 empleos formales, en realidad dicha reforma es un timonazo al mercado laboral colombiano.

Hay varios puntos clave que tienen con los pelos de punta a los empresarios, no porque se trate de derechos artificiales para los trabajadores, sino porque concederlos y aplicarlos inevitablemente será una cuenta de cobro con cargo a los gastos laborales de las compañías.

Desde algunos sectores políticos del país han catalogado la reforma laboral como un “pliego de peticiones sindicales”, tal como lo manifestó la procuradora Margarita Cabello, durante una reunión gremial.

En eso tienen razón, porque muchos de los aspectos incluidos en la Reforma son reivindicaciones históricas de la causa laboral, como la disminución de la jornada laboral a 42 horas semanales, el aumento de los recargos nocturnos, dominicales, festivos y las indemnizaciones por despidos sin justa causa.

Pero sin duda los cuestionamientos más argumentados provienen de Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.

A juicio del dirigente gremial, la reforma laboral del Gobierno Petro “va en la dirección opuesta de lo que se requiere, desde el punto de vista del mercado laboral (…) porque es una reforma que aumenta los costos del empleo formal”, explicó Mejía.

Para el director de Fedesarrollo, el proyecto que se discutirá en el Congreso, es una reforma que otorga mayor remuneración y protección a los actuales empleados formales, lo que aumentaría los costos laborales a las empresas en un 19 por ciento.

Es por ello que desde los gremios alegan que aumentar los costos laborales sería empeorar el informalismo que en el país supera el 58 por ciento.

Añaden que incrementar los costos de los puestos de trabajo ya formalizados en nada ayudaría a cumplir el propósito de aumentar la cobertura pensional entre los adultos mayores, cuya protección hoy solo alcanza al 25 por ciento.

¿Reforma laboral a cuenta gotas?

Una de las soluciones salomónicas que se viene asomando en la discusión del proyecto de reforma laboral que se discutirá en el Congreso sería la aplicación gradual de las propuestas.

Por ejemplo, tanto para el desmonte de la jornada diurna y nocturna, al igual que el reconocimiento del pago del 100 por ciento de las horas extras, dominicales y festivos, se prevé desde varios sectores la aplicación paulatina a partir de 2024 y hasta 2026.

En ese mismo sentido apuntan las propuestas hechas por Fedesarrollo, en un comunicado a través del cual plantean varias iniciativas para que sean conciliadas y agregadas a la reforma laboral.

Desde los gremios insisten en diferir en el tiempo la entrada de algunas de las medidas, o condicionarlas a que la tasa de desempleo sea inferior a algún umbral (por ejemplo, ocho por ciento promedio anual).

Advierten que los costos del empleo formal en un contexto de desaceleración económica y tasa de desempleo aún superior al 11 por ciento, “agravará los problemas de deterioro en el mercado laboral que, aún en ausencia de la reforma, se verán en este año”.

Proponen desde Fedesarrollo introducir una tasa de cotización en salud progresiva, iniciando en 0 por ciento para quienes tienen ingresos iguales o inferiores a un salario mínimo y aumentar gradualmente hasta el 9 por ciento para los ingresos iguales o superiores a 25 salarios mínimos.

Explican que hoy un trabajador dependiente debe contribuir con 4 por ciento de su salario y, un independiente, con 12,5 de su ingreso para el régimen contributivo de salud. “Esto es un incentivo poderoso para mantenerse en la informalidad, pues el ocupado puede obtener los mismos beneficios en el régimen subsidiado a costo cero”.

Sugieren crear un seguro de desempleo no contributivo, que puede ser financiado con una fracción de los aportes a cajas de compensación.

Aclaran que dicho seguro podría responder por medio salario mínimo hasta por tres meses a ocupados formales (asalariados e independientes) que tengan ingresos no superiores a 1,5 salarios mínimos. “Esta es una forma de proteger al trabajador sin aumentar los impuestos al empleo en la contratación del propio trabajador”.

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