¿Es la reforma laboral un “pliego de peticiones sindicales”?

Carlos ObregónCarlos Obregón

Con la presentación al Congreso de las reformas laboral y pensional en la última semana, que se suman a la de salud, se completa el trípode de los cambios sociales que busca el presidente Gustavo Petro. 

Con la discusión de estas reformas se pondrán a prueba la solidez de la alianza del Gobierno y el Pacto Histórico con los partidos tradicionales, y aun con los sindicatos, y su capacidad para llegar a acuerdos con la sociedad. Pero también se sabrá los empresarios hasta dónde están dispuestos a conceder ante las propuestas de un gobierno de izquierda en temas sensibles de seguridad social y laboral.

Lo que de allí salga marcará la suerte de las generaciones de al menos las próximas tres décadas. Las leyes vigentes en esas materias fueron aprobadas en la última década del siglo XX y la primera del XXI. Para ese entonces, el celular ‘panela’ solo servía –cuando no se caía la llamada— para hablar y no había aplicaciones digitales, Zoom, WhatsApp, Onlyfans, tiendas virtuales ni Rappi.

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Con las tres reformas, el presidente espera cumplirles a los sectores sociales y populares que fueron definitivos en su elección. Por algo puso a la cabeza del Ministerio de Trabajo a una dirigente sindical y social; militante del Partido Comunista, a Gloria Inés Ramírez, que hasta ahora sido más conciliadora que activista y eso se lo empiezan a reconocer.

De las tres reformas, la laboral podría terminar siendo la más compleja de tramitar. El nervio del proyecto le apuesta a devolverles a los trabajadores los avances que les quitó la Ley 50 en materia de horas extras y pagos plenos de dominicales y festivos, más que a reducir los niveles de desempleo.

“La centralidad es la estabilidad laboral”, según la ministra. Desde la otra orilla, la de los gremios, el temor es el crecimiento del desempleo por el aumento de los costos laborales en actividades de servicios, especialmente, que demandan alta mano de obra.  

Hay consenso que la reforma laboral es necesaria. La Ley 789 que se hizo hace 20 años no solo no ha reducido sustancialmente el desempleo, sino que además, no está acorde con las nuevas realidades del mercado laboral. 

La informalidad general sigue en niveles del 60 por ciento —unos 12.7 millones de personas versus nueve millones de empleos formales— en tanto que en el sector rural es del al menos el 86 por ciento, como si aún se viviera un siglo atrás.

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Pero, además, hay otras realidades. Las mujeres siguen padeciendo discriminación laboral, los empleados de los pequeños negocios –restaurantes, salones de belleza, tiendas, taxistas, rusos de almuerzo ‘colombo-francés’, etc.— trabajan más de ocho horas sin extras, con trabajos inestables y no todos cuentan con seguridad social y menos con los otros beneficios del empleado formal. Esos son los sectores con menos capacidad de cabildeo ante el Congreso.

A los recién egresados de la universidad no los contratan si no tienen al menos dos años de experiencia, pese a haber una ley de primer empleo que da estímulos a quien lo haga. Pero, además, la formación está divorciada de las necesidades del mercado: mientras la demanda de trabajadores con formación técnica es de 44.2 por ciento, la oferta de mano de obra es apenas del 13.7. Entre tanto, la demanda de profesionales (8.6 por ciento) está por debajo de la oferta (10.9%), según cifras que presenta en un gráfico Mauricio Olivera, economista y vicerrector de la Universidad de los Andes.

Un sector que más se podría beneficiar con la formalización de los empleos, los ‘rapitenderos’, no quieren una reforma que los amarre a un contrato de estabilidad. La mayoría de ellos prefiere tener más de una ocupación en el día para ‘cuadrarse’. Muchos jóvenes, que ven lejos su pensión, poco quieren saber de trabajos presenciales que los obliguen a marcar tarjeta de ingreso y no aspiran a quedarse toda la vida en la misma empresa, como lo hicieron sus padres y abuelos. Son realidades distintas a lo que pasaba hace 20 años.

La gran pregunta es si la reforma se va a quedar en la devolución de los derechos perdidos del pasado o si va considerar la realidad laboral y tecnológica del presente. O si los gremios van a ir más allá de exponer cifras de pérdidas de empleos, estrategia válida, pero tal vez poco efectiva al final del día. 

Lo ideal sería que el nuevo marco laboral no golpee las empresas grandes ni pequeñas, ni soslaye los derechos de los trabajadores, reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los fallos constitucionales. Pero si la parte sustancial del articulado se recarga apenas en hacer justicia con los trabajadores que representan a las centrales obreras, la reforma tendrá más cara de pliego que de estatuto laboral.

@caobregon 

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