La reforma política pone a prueba la fuerza de Gustavo Petro en el Congreso

El Gobierno de Gustavo Petro inició una carrera contrarreloj para avanzar en el trámite de la reforma política, que debe superar cuatro debates antes de que termine 2022. La tarea no será sencilla, pues la aplanadora de Petro no anda bien y todo parece indicar que los partidos volverán a ‘peluquear’ el proyecto original. 

La reforma política del Gobierno de Petro enfrentará el próximo martes el tercero de sus ocho debates reglamentarios. Luego de varios días de discusiones y polémicas, la Cámara de Representantes dejó lista una ponencia que, sin duda, tendrá varios cambios a medida que avance el debate. 

Aunque el Gobierno ha demostrado que su aplanadora legislativa funciona bien, este proyecto podría enredarse, ya que, además de las voces de oposición, la iniciativa tiene detractores en los partidos de centro, que han pedido numerosos cambios antes de llevar a cabo la votación. 

Puntualmente, la reforma política propone cambios estructurales al sistema electoral, con herramientas como el fortalecimiento de la financiación pública de campañas y la obligatoriedad de las listas cerradas en cremallera; es decir, que respeten el principio de paridad de género.

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Frente al tema de la financiación, aunque muchos concuerdan en que los aportes de particulares han encarecido las campañas y generan todo tipo de conflictos de interés, otros dicen que limitar los mecanismos podría generar un efecto contrario, ya que algunos candidatos buscarían meter dineros sucios a sus campañas. 

“No tiene nada de malo recibir financiación privada, siempre y cuando se declare. Nos encanta fijar un deber ser normativo muy elevado, lleno de doble moral, que al final no se cumple. Si se pone un umbral artificial de financiación pública, yo le garantizo que muchos congresistas seguirán acudiendo a la financiación privada, solo que esta vez por debajo de la mesa“, le dijo a Diario Criterio Rodrigo Lara, exsenador y analista.

Por ahora, la ponencia para el debate de la próxima semana plantea un mecanismo en el que el 80 por ciento de la plata de las campañas la pone el Estado y el 20 por ciento restante los privados. 

El texto también llega con otros ingredientes que no convencen a muchos sectores, como el voto obligatorio, que ya se había hundido en la discusión del Senado y tampoco parece tener el respaldo de las mayorías en la Cámara. Al respecto, algunos congresistas y analistas insisten en que la abstención también es una expresión política y democrática.

Por último, cabe destacar que la ponencia de la reforma política no incluye el polémico artículo que pedía ampliar a cinco años el periodo del presidente, los alcaldes, gobernadores y congresistas. En cambio, sí establece la segunda vuelta para elecciones de alcaldes y gobernadores en entidades territoriales con amplia población.

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Las reservas de los partidos 

En la Cámara de Representantes hay duda sobre el respaldo de la Alianza Verde y la Coalición Centro Esperanza a la reforma. Un grupo conformado por figuras como Katherine Miranda, Jennifer Pedraza, Catherine Juvinao y Daniel Carvalho aseguraron que no están de acuerdo con el punto de las listas cerradas. 

Para ellos, si bien es cierto que la medida busca mermar el clientelismo, existe el riesgo de que termine siendo una forma de entregarles más poder a las directivas de los partidos, las que manejarían una suerte de dictadura a la hora de entregar los avales. Cabe recordar que en las pasadas elecciones los verdes optaron por la lista abierta y muchos lograron la curul porque explotaron su imagen, una ventaja que pierden en las listas cerradas. 

Lo mismo ocurre con los partidos tradicionales, especialmente con el Conservador y la U, que, a pesar de estar alineados con las propuestas del Gobierno, prefieren mantener las listas abiertas para jalonar los votos con los caciques políticos que tienen en cada región.  

Esto no es lo único. A los partidos de centro también les preocupa que la reforma política le dé vía libre a los congresistas para cambiarse de partido o ingresar al Gobierno como ministros. Para algunos analistas, esa propuesta debilita a los partidos en su función de contrapeso al poder Ejecutivo. 

Hasta el momento, partidos como la Alianza Verde le piden al Gobierno que los escuche y les dé el espacio para corregir los errores de la ponencia. Esto indica que, a diferencia de la reforma tributaria o la Paz Total, la bancada de Petro no podrá ‘pupitrear’ el proyecto sin antes haber hecho una amplia discusión. 

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¿Mico en la reforma política?

Uno de los artículos que más ha causado revuelo tiene que ver con las facultades que perdería la Procuraduría para sancionar o destituir a funcionarios elegidos por voto popular. Según la ponencia de la reforma política, “las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial”. 

Aunque en muchos medios hablan de la propuesta como un ‘mico’, lo cierto es que el tema no es nuevo y, además, tiene varias interpretaciones. Lo primero es que el artículo ya había sido discutido en el Senado, donde se hundió porque la mayoría consideró que quitarle esas facultades a la Procuraduría afectaría la lucha contra la corrupción. 

Sin embargo, es de recordar que este tema se remonta al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá en 2013. Según ese tribunal, al ser destituido por la Procuraduría, a Petro se le vulneraron los derechos de imparcialidad, presunta inocencia, derecho a la defensa y principio de jurisdiccionalidad. 

Por esto, la Corte ordenó que se reformara el sistema para que ningún funcionario perdiera su investidura por acción de una autoridad administrativa, sino solo cuando existiera el fallo de un juez. 

Aunque el año pasado el Congreso aprobó una reforma a la Procuraduría que supuestamente subsanaba los errores, lo cierto es que el ente mantuvo sus facultades jurisdiccionales y mejoró sus capacidades para investigar y sancionar. 

Por ende, lo que para muchos es un ‘mico’, para otros es una respuesta a los fallos internacionales. Sobre este punto no está claro qué piensan los partidos, por lo que lo más probable es que, sí pasa, termine siendo discutido por la Corte Constitucional.

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