La reforma rural integral, el gran punto pendiente en la implementación de los acuerdos de paz

Aunque la tenencia de la tierra ha sido uno de los principales ejes del conflicto armado en Colombia, la reforma rural integral es el punto del acuerdo que más retrasos presenta.

Este domingo se cumplen cinco años del pomposo acto celebrado en Cartagena para la firma del acuerdo de paz con las Farc. El texto sufrió algunas modificaciones después del plebiscito del 2 de octubre de 2016, con la victoria del No, pero en todo caso quedó claro que la reforma rural integral seguiría siendo el primer punto del acuerdo y que, además de la participación en política, sería una de las claves para su implementación.

Lo negociado con las Farc pretendía, entre otras cosas, solucionar los problemas con la tenencia de la tierra, en un país donde el despojo ha sido una marca de violencia estructural.

Hoy, cinco años después, más allá de las cifras del Gobierno, es claro que los avances en la reforma rural están lejos de solucionar esos problemas.

“Nosotros sacamos el decreto que aceleró ciertos trámites [de la reforma rural], hizo algunos ajustes, pero, con todas las limitaciones de la Corte Constitucional, solo se pudieron generar cambios de forma, pero se requieren cambios de fondo”, explicó a Diario Criterio Miguel Samper Strouss, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), una entidad creada en 2015 por el gobierno de Juan Manuel Santos.

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De acuerdo con el exfuncionario, los “cambios de fondo” son necesarios “para la adjudicación de baldíos exprés, para que no se tengan procesos que se demoren tantos años, o para la formalización masiva de la propiedad rural en los esquemas administrativos de formalización”.

“Y esa reforma nosotros la dejamos radicada y ni siquiera se ha hablado sobre eso, porque no les interesa”, dijo Samper Strouss, quien dirigió la ANT hasta agosto de 2018, cuando Iván Duque llegó a la Presidencia.

Los jueces rurales

El 20 de julio, en la instalación de sesiones del Congreso, el Gobierno anunció un paquete de once proyectos de ley. Entre ellos estaba el de especialidad judicial rural y agraria —el único relacionado con la implementación del acuerdo de paz.

La iniciativa planteaba la creación de los jueces rurales para dirimir “litigios y controversias respecto de los derechos de propiedad, posesión, ocupación, uso y tenencia” de la tierra. El Ministerio de Justicia llevaba más de un año discutiendo la especialidad judicial agraria, y el proyecto parecía tener todo a su favor para pasar sin problemas.

En efecto, el proyecto alcanzó a superar el tercer debate, pero al final se hundió por falta de trámite. El ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo en su momento que esa caída no se le podía atribuir al Gobierno.

Sin embargo, lo cierto es que desde la bancada del Centro Democrático había una fuerte resistencia hacia el proyecto, y “el Gobierno lo dejó morir” ante las presiones “del ala más radical del uribismo”, como reveló en su momento a Diario Criterio la representante Juanita Goebertus.

La idea de crear los jueces agrarios era clave “para formalizar la propiedad en el campo”, puesto que “hoy en día el 60 por ciento del campo es informal”, indicó Samper Strouss. Es decir, la ley de especialidad agraria era “absolutamente fundamental (…) para entregarles títulos de propiedad a los campesinos, para resolver los conflictos sobre la tierra por un mecanismo institucional”, añadió el exdirector de la ANT.

De la aprobación de este proyecto de ley dependía “el avance de compromisos importantes” de la reforma rural integral, advirtió el Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, en su informe sobre la implementación del acuerdo de paz.

“La expedición de esta norma es de gran relevancia para la implementación, pues ofrece medidas específicas para superar las barreras en el acceso a la tierra de la población rural y prevenir las conflictividades asociadas a esta”, dice el informe.

Los retrasos en la reforma rural integral

Para la implementación de la reforma rural integral faltan 21 leyes, según explicó Goebertus a Diario Criterio el pasado 24 de junio.

Además, solo el 4 por ciento de las disposiciones de este punto han sido completadas, mientras el 13 por ciento está en fase intermedia de implementación y el 64 por ciento en mínima, de acuerdo con el Instituto Kroc. En ese sentido, es el punto con más retrasos en la implementación.

Entre los temas clave para el avance en la reforma rural integral están los predios incluidos en el Fondo de Tierras. “Se han ingresado 1.161.389 hectáreas al Fondo de Tierras de la Nación, equivalente a 10.869 predios, para un total de 1.388.220 hectáreas”, explica la Consejería Presidencial para la Estabilización, con corte al pasado 31 de julio.

Sin embargo, en su informe —que recoge datos de avances hasta noviembre de 2020— el Instituto Kroc advierte que se han añadido predios que “no están disponibles para su adjudicación ulterior” pues ya están ocupados. “Esto no es compatible con el compromiso de garantizar el acceso a tierras por medio de la disposición de 3 millones de hectáreas para distribuir de forma gratuita a campesinos sin tierra“, dice Kroc.

La Consejería para la Estabilización, por su parte, asegura que “se han entregado a través del Fondo de Tierras un total de 232.539 hectáreas en beneficio de 9.335 familias”.

Por otro lado, con corte al 31 de marzo de 2021, se habían aprobado nueve Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral (PNRRI), que, sin embargo, “estaban previstos para el primer año de implementación del acuerdo”, dice el noveno informe de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional, a cargo del Cinep y el Cerac. “Este tema se encuentra iniciado, con grandes retrasos y parcial correspondencia con los establecidos [en al acuerdo de paz]”, añade ese documento.

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