Asociación de pacientes pide eliminar EPS y unificar regímenes de salud

Diario Criterio conoció, en exclusiva, la propuesta del proyecto de Ley para la reforma al sistema de salud creado por la asociación Pacientes Colombia y que, en cierta medida, se alinea con los planteamientos de la ministra Carolina Corcho.

Pacientes Colombia, asociación que agrupa a pacientes con enfermedades raras y de alto costo en el país, redactó una propuesta de Ley para reformar el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que no se distancia mucho de la que el Gobierno ha propuesto por poco más de un año que Gustavo Petro ha tocado el tema, primero, como candidato y, luego, como presidente.

En los próximos meses, según un documento preliminar del Ministerio de Salud, el Gobierno radicará ante el Congreso de la República el anunciado proyecto que busca modificar el modelo actual, creado en 1993, y que tiene tantos defensores como detractores.

En campaña, Petro, junto con su entonces asesora en salud, la médica psiquiatra y politóloga Carolina Corcho —hoy ministra de esa cartera—, prometieron reformar el sistema con miras a llevar los servicios a las zonas apartadas y hacer énfasis en temas de prevención, a diferencia del sistema actual —colombiano y en la mayor parte de Occidente—, en el cual la mayoría del gasto se dirige al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

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Acabar con los regímenes, unificando —como explicó a Diario Criterio la doctora Corcho, antes de las presidenciales— la unidad por capitación (UPC, el monto anual que el Gobierno da a las EPS por paciente); eliminar la intermediación a través de las empresas promotoras de servicios de salud (EPS) y entregar los recursos para la financiación de los servicios a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS)* son algunas de las bases de la propuesta del Gobierno, así como la de Pacientes Colombia.

Viabilidad financiera

Mientras algunos señalan características del sistema actual (siendo la intermediación por parte de EPS privadas la más cuestionada) como un foco de corrupción y burocracia, otros opinan que entregar los dineros a los prestadores (privados o públicos) no evitará la creación, por ejemplo, de ‘carteles‘ de la salud, sino que cambiaría los bolsillos de los corruptos.

Sin embargo, la sociedad de pacientes coincide con el Ministerio en varios puntos.

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Dentro de los 48 artículos del documento titulado Resumen proyecto de Ley Salud para la Vida por medio del cual se dictan disposiciones sobre el sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) está la eliminación de las promotoras y dejar en manos de IPS* privadas y estatales la prestación de los servicios a los pacientes, a las cuales se les girarían los recursos para dicho fin.

Adicionalmente, Pacientes Colombia plantea unificar los regímenes (subsidiado y contributivo), así como la UPC, que es mayor para el régimen contributivo.

Sin embargo, unificar dicha tarifa en 2022, para cumplir el principio de equidad del SGSSS, le habría costado al Estado 1.489.119.748.362 de pesos, según Francisco García Lara, médico y máster en administración de salud de la Universidad Javeriana.

En su análisis, el especialista concluye que, para ello, habría que “crear nuevas fuentes que provean recursos adicionales, como el impuesto a las bebidas azucaradas“, pero aclara que “no es posible precisar la suficiencia de dicho gravamen para financiar la unificación de la UPC“.

García agrega que esto requeriría una “disminución significativa del desempleo y la informalidad (que aumente el número de pacientes en el régimen contributivo), lo que difícilmente se obtiene de un año para otro“.

El médico, por tanto, concluye que “se requiere una gran voluntad política para asignar nuevos recursos presupuestales o crear un gravamen con destinación específica a dicha unificación“.

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Dos años de transición

Pacientes Colombia sugiere también, en su propuesta, una política a largo plazo de incentivos a la investigación, el desarrollo y la producción a pequeña, mediana y gran escala de tecnologías, así como la creación de un Centro Nacional para la Investigación, el Desarrollo y la Producción de Tecnologías en Salud.

Adicionalmente, estipula un plan de transición “del esquema vigente a aquel planteado en el proyecto de reforma, que incluya acciones, responsables y cronograma de implementación, junto con un plan de mitigación de riesgos y de impacto a los usuarios del Sistema de Salud y a los pacientes, en particular los de especial protección“.

Acerca de dicho periodo de transición, la doctora Corcho le dijo en su momento a Diario Criterio que “se puede hacer en dos años (y) se mantienen tres elementos: el personal —mejor contratado y pago—, la cobertura del Estado y los prestadores o IPS”.

El proyecto también estipula el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y el derecho a la autonomía médica —enmarcado en la protección de los recursos—, también protegido en la legislación actual y uno de los más ignorados, como denunció Diario Criterio en el artículo Entidades de salud recortan gastos médicos sin supervisión del Estado.

*Artículo editado con la respuesta del 18 de enero de la doctora Carolina Corcho, a la solicitud hecha antes de esta publicación por Diario Criterio, sobre el papel de las secretarías departamentales y municipales en el manejo de los dineros públicos:

Dicho manejo de los recursos, concluye Corcho, quedaría en manos de los prestadores de servicios, sean públicos o privados: