Reforma a la salud: lo que las sociedades médicas y la academia le piden al Gobierno

Las agremiaciones de profesionales de la salud más grandes del país les plantearon a la ministra y el viceministro de esa cartera sus dudas sobre la reforma al sistema que este Gobierno espera implementar.

En mayo de 2022, durante la última contienda electoral por la Presidencia de la República, el Gobierno nacional, los entonces candidatos y la opinión pública recibieron un documento titulado Acuerdos fundamentales para el pleno desarrollo de la Ley Estatutaria 1751 de 2015.

Su elaboración inició en junio de 2021 y estuvo a cargo de la Academia Nacional de Medicina, junto con algunas de las agremiaciones de profesionales de la salud más grandes del país, que manifiestan en un comunicado de prensa del pasado 18 de enero, “considerando que existen problemas en el actual sistema de salud que deben superarse”:

La iniciativa fue expuesta al Dr Jaime Urrego —hoy viceministro de salud—, “quien manifestó que la candidatura de entonces (de Petro), de resultar ganadora en la contienda electoral, acogería todos“ los puntos de los Acuerdos; y a la hoy ministra de la cartera, Carolina Corcho, “con el fin de contribuir a la construcción del mejor sistema de salud posible para todos los colombianos”.

En su comunicado, las agremiaciones mencionan que, a pesar de desconocer el texto de la reforma que será presentado ante el Congreso, coinciden, “de manera general, en aspectos tales como:

• La reforma debe girar alrededor del cumplimiento de la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015.

• La necesidad de contar con el Consejo Nacional y los Consejos Territoriales de Salud como organismos de dirección y concertación, con amplia representación de todos los actores y toma de decisiones vinculantes para el sector.

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• Que la base del modelo de atención sea la Atención Primaria en Salud como puerta de entrada al sistema, con base en la intervención positiva, multi e intersectorial de los determinantes sociales de la salud; los equipos médicos interdisciplinarios territoriales (Emit), articulados con las redes integradas e integrales de servicios de salud; el fortalecimiento y la modernización de la red pública, incluidos los subsidios de oferta y los modelos de salud diferenciados para la población dispersa, según lo establece el artículo 24 de la citada Ley Estatutaria.

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• La constitución de un sistema único e integral de información en salud.

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• La autonomía en el ejercicio de los profesionales de la salud.

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• El fortalecimiento de las condiciones laborales del sector de la salud, en un proceso concertado con las organizaciones gremiales y sindicales.

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• En que los recursos para la salud son bienes públicos meritorios que deben prevalecer sobre cualquier interés comercial o de mercado. En que dichos recursos deben ser los suficientes y necesarios para garantizar el derecho fundamental a la salud, y que, por tanto, no debe haber intermediación financiera en el sistema.

• En el fortalecimiento de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) como un fondo público, único recaudador y pagador, a través de giros directos a los prestadores de los servicios.

• En el fortalecimiento de la Supersalud.

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• Avanzar en la política farmacéutica nacional, acorde con lo ordenado en el artículo 23 de la Ley Estatutaria de Salud.

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• El fortalecimiento de la participación ciudadana, entre otros aspectos.

“No debe haber intermediación financiera”: gremio médico

No obstante, en otros temas, expresaron tener “dudas que desearíamos aclarar —mediante el diálogo social y la concertación, cuando conozcamos el texto del proyecto— (sobre) aspectos claves para el éxito de una reforma a la salud, como son:

• El déficit de talento humano en salud existente en el país, para lograr el fortalecimiento de la atención primaria.

• El manejo y gobernanza de las RIISS (redes integradas de servicios de salud).

• Las formas de pago a los prestadores de servicios de salud.

• La ausencia de políticas y recursos para la formación profesional y educación continua, en términos de equidad y accesibilidad, para los profesionales de salud.

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• La necesidad de contar con los recursos necesarios para la formalización laboral, tanto en el sector público como en el privado.

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• En el caso de prescindir de las EPS (empresas promotoras de salud), la necesidad de contar con una o varias entidades que tengan las capacidades para realizar las funciones de administración, gestión del riesgo (financiero y de salud), entre otras funciones.

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• Los riesgos por falta de capacidad de auditoría y revisión de cuentas derivadas de la prestación de servicios de salud.

• La necesidad de superar las disímiles capacidades técnicas de los entes territoriales y los hechos conocidos de politiquería y malversación de los recursos públicos de la salud”.

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Finalmente, los colectivos declaran su entusiasmo por participar en la reforma en el marco de sus conocidos “conocimiento y experticia en el tema, habiendo sido gestores de la Ley Estatutaria en Salud“, así como del sector académico y normativo del sistema.

Personal de salud: mismo trabajo, peor pago

Al comparar los acuerdos y las dudas que las academias, sociedades y federaciones de salud más grandes del país manifiestan en su comunicado, llama la atención que, entre los puntos en los cuales coinciden se encuentran los más cuestionados en el debate sobre la reforma: la creación de los EMIT y eliminar la intermediación por las EPS.

Por otro lado, las dudas corresponderían a los artículos de la Ley, aún no publicada, que describirían cómo obtener los objetivos planteados en los puntos de acuerdo.

Asimismo, en el proyecto de ley elaborado por la asociación Pacientes Colombia (que reúne a personas en el país con enfermedades de alto costo e impacto social) coincide con lo planteado en los documentos preliminares de la reforma que se han conocido, y lo expuesto por la ministra, en cuanto a temas como el financiamiento del sistema, las condiciones laborales del personal de salud y el acceso de la población a los servicios.

Llama particularmente la atención que en el comunicado se exhorte a concertar, entre otros, con las organizaciones gremiales y sindicales el punto referente a las condiciones laborales del personal humano encargado de la prestación de los servicios de salud.

Una parte del empresariado, en este contexto, ha manifestado preocupación en cuanto a la reforma laboral planteada por el Ministerio del Trabajo, en cabeza de Gloria Inés Ramírez, expresidenta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode); y la doctora Corcho, quienes han defendido darle mayor estabilidad laboral al personal de la salud, incluyendo el regreso de los recargos nocturnos y las horas extras laboradas, jornadas usuales en los servicios de salud.

En ese sentido, el entonces senador Álvaro Uribe no solo fue ponente de la Ley 50 de 1990 (en el mandato del expresidente César Gaviria), la cual suprimió la retroactividad del pago de cesantías.

Durante el primer periodo del gobierno de Uribe, en diciembre 2002, se modificó la Ley 782. Al respecto, el exmandatario le dijo a La W, en diciembre de 2019, que “el pago de horas extra se haría a partir de las 10:00 p. m., no de las 6:00 p. m., como era antes“, lo cual justificó con las cifras de desempleo de 16 y 21 por ciento que encontró al inicio de su mandato.

El expresidente también aseguró que “darle al trabajador el beneficio de pagarle lo mismo por tres horas menos es algo bueno. Haría que trabajara más contento“, lo cual sería cierto si en el sector de la salud —como en muchos otros— el trabajo después de las 6:00 p. m. se hubiera acabado con ese decreto.