Hospitales, ¿el hoyo negro de la salud?

Diario Criterio recopila la penosa historia de escándalos que azota a un solo hospital y que resume los retos de la reforma a la salud.

Fotos: Presidencia / Luis Ángel Murcia

En Colombia existen cerca de 1.800 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), entre clínicas y hospitales, en los 1.103 municipios del país.

Y para administrar el dinero que se destina en la atención médica de los colombianos, fueron creadas las Empresas Promotoras de Salud (EPS), de las cuales, en la actualidad, hay 30 activas (en el pasado hubo más de cien) y son las intermediarias del sector.

Ese modelo piramidal y de intermediación financiera del sistema colombiano nació con la famosa Ley 100 de 1993 y hoy completa 30 años de operación, con sus altas y sus bajas.

Lo absurdo es que, en la actualidad, esas EPS le adeudan a todo el sistema de salud un total de 23,3 billones de pesos (el mismo dinero que se recaudará con la agresiva reforma tributaria).

Esa cifra astronómica y vital resulta preocupante, si recordamos que el mayor porcentaje de esa cartera son dineros que las EPS les adeudan a las IPS, o sea, hospitales y clínicas.

La otra cara de esos incumplimientos es que el Estado colombiano también es uno de los morosos del sistema de salud y acumula deudas con las EPS. Aunque esa cartera es de apenas dos billones de pesos, correspondientes a giros que el Gobierno del entonces presidente Iván Duque dejó de realizar desde 2020.

Puede leer: Entidades de salud recortan gastos médicos sin supervisión del Estado

Pero, más allá de quién le debe a quien, lo de fondo es que el sistema de salud colombiano, desde hace décadas, se comportan como un paciente con una enfermedad terminal, pero que es atendido con acetaminofén.

Y uno de los síntomas más dolorosos y visibles es, precisamente, las irregularidades marcadas por escándalos de presunta corrupción en las IPS públicas y privadas (hospitales y clínicas) que estarían desangrando el sistema de salud.

Las denuncias van desde falta de atención a los usuarios, sobrecostos en medicamentos, nóminas paralelas, nepotismo, tráfico de influencias y hasta homicidios por las pujas internas del poder político.

Para que tengan una idea de la magnitud del problema, basta citar informes recientes de la Superintendencia de Salud (Supersalud), entidad encargada de vigilar todos los actores del sector.

En un balance con corte a 2020, la Supersalud reveló que esa entidad debió desplegar medidas especiales de intervención a 27 EPS y 15 IPS; y que, para esa misma fecha, un total de 292 IPS fueron liquidadas voluntariamente. De ellas, 260 eran privadas y, las restantes, 32 públicas.

Además, la Supersalud impuso multas por 65.873 millones de pesos por fallas en la prestación del servicio e incumplimientos en el flujo de los recursos para el sistema. El 64 por ciento de esas multas recayó en las EPS y otro 22 por ciento, en las IPS.

Esos informes también demostrarían que la otra vena rota del sistema de salud son las EPS y de ahí que, entre los cinco ejes temáticos de la reforma a la salud aparece, justamente, el de eliminar la intermediación financiera, a cargo de las EPS.

Le sugerimos: La guerra de Los Flacos y la mafia en el norte del Valle y Risaralda (II)

¿Guerra mediática?

Esa propuesta (acabar la intermediación financiera de las EPS) es tal vez la razón de la guerra mediática que hoy tiene enfrascados al Gobierno del presidente Gustavo Petro y a su ministra de Salud, Carolina Corcho, contra las EPS agremiadas en la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).

La discusión ha sido tan álgida que el propio presidente Petro invitó a los colombianos a salir a marchar para defender su reforma a la salud, pese a que aún no se conocen detalles del articulado que se presentará al Congreso para su discusión.

Esa guerra ha tenido varias batallas y la más reciente puso contra las cuerdas al Gobierno y a su ministra de Salud, tras el reporte de cifras erróneas en torno a la cartera que las EPS adeudan a los hospitales.

Básicamente, la ministra dijo que la deuda era de 50 billones de pesos, pero luego se supo que, en realidad, es de 23,3 billones.

Aunque la cartera sigue siendo muy grande y preocupante, el error fue aprovechado por quienes se oponen a la reforma para deslizar que se trató de una estrategia malintencionada del Gobierno para dejar mal paradas a las EPS.

El asunto fue tan delicado que el propio superintendente de Salud, Ulahí Beltrán López, tuvo que salir a rectificar la información, ofrecer excusas públicas y oficiar las respectivas investigaciones.

¿Hospital con todos los males?

En medio de ese crudo panorama es que aparece la historia del Hospital Luis Ablanque de la Plata, una casa de salud pública, de carácter municipal, que presta sus servicios de atención en los niveles 1, 2 y 3 en Buenaventura (Valle).

Ese hospital lleva una década luchando por superar una crisis fiscal y financiera alimentada por toda clase de males que van desde la rapiña política, burocracia excesiva, nepotismo, informalismo contable, sobrecostos en insumos y medicamentos; contratitis y hasta supuestos delitos con alcance penal.

Pero el cáncer más agresivo de esa entidad, que atiende a los cerca de 310.000 bonaverenses se relaciona estrechamente con la pugnacidad política que ha desencadenado amenazas, muertes y denuncias de presunta corrupción.

El poder político que le endilgan a esa entidad corre por cuenta de su músculo presupuestal, que rodea los 50.000 millones de pesos y porque, después del municipio, es la mayor fuente de empleos públicos, con cerca de 500 puestos de trabajo, entre contratistas y empleados.

El punto más alto de esa guerra política por el manejo del hospital de Buenaventura sucedió en 2013, con el asesinato del pastor y concejal liberal Stalin Ortiz.

Tristemente, ese homicidio quedó impune, pese al arsenal de pruebas, señalamientos y coincidencias entre sus denuncias sobre presunta corrupción en el hospital y el momento de su muerte.

Una de las que más denunció lo ocurrido con el concejal Ortiz fue su hermana Elizabeth Ortiz, quien, en redes sociales, publicó todas las pruebas que su hermano tenía.

Gracias a las denuncias del concejal Ortiz, el país pudo corroborar, con evidencia documental y testimonial de los involucrados, el detalle de todo el entramado de corrupción que se monta para el control político de un hospital.

Por ejemplo, gracias a las denuncias del asesinado concejal, los porteños y los colombianos conocieron la manera amañada de como se elige al gerente de un hospital, pese al concurso de méritos, y las garantías pedidas por un alcalde, para obligarlos a cumplir sus órdenes.

Entre las pruebas que Stalin Ortiz aportó en su momento aparecían las cartas de renuncia anticipada que su cuota política en la gerencia del hospital Luis Ablanque de la Plata tuvo que firmarle al mandatario local de la fecha.

También aparecía un documento notariado con las respuestas anticipadas del concurso de méritos para ser elegidos como gerentes de hospitales. De esa manera, aseguraban que al cargo llegara el nombre escogido por los políticos.

Una década después de ese escándalo que habría causado el asesinato del concejal Stalin Ortiz, ese hospital aún padece de los mismos males que lo aquejaban.

¿Hospital sin remedio?

La situación es tan repetitiva y crítica que, esa casa de salud ha tenido diez gerentes en los últimos diez años y, hace menos de un mes, la Supersalud ordenó la intervención forzosa del hospital.

Lo insólito es que las razones de esa medida son las mismas que fueron diagnosticadas hace décadas y han sido ratificadas por informes de fiscalización de la Contraloría.

“Es claro que el hospital presenta incumplimientos en los estándares del Sistema Único de Habilitación, evidenciándose deficiencias en la infraestructura hospitalaria, dotación, mantenimiento, medicamentos, dispositivos médicos e insumos; historia clínica, procesos prioritarios e interdependencia de servicios”, argumentó el superintendente de Salud, Ulahí, Beltrán López, en la Resolución 8594-6.

A través de esa medida especial, la Supersalud ordenó la separación del gerente o representante legal y de los miembros de la junta directiva del hospital. “La decisión de ordenar la intervención se da después de una auditoría que realizó la Supersalud hace un mes, generando un total 32 hallazgos: 10 correspondientes al componente salud, 17 al financiero y 5 de orden jurídico”, dice el comunicado de prensa a través del cual se informó de la decisión.

La situación financiera crítica que el hospital experimenta, según la Supersalud, fue causada, entre oras razones, “(…) por una escasa gestión gerencial, deficiente contratación, inexistencia de sistema de costos que sirva de herramienta gerencial, deficiente depuración de cartera y gestión de recaudo; (y) demandas contra la entidad”.

En efecto, en noviembre del año pasado la propia ministra de Salud, Carolina Corcho, tuvo que asistir a una reunión en el hospital de Buenaventura para mediar en una crisis relacionada con la renuncia masiva de 20 especialistas, porque les adeudaban hasta ocho meses de sueldo.

“(…) Hay 20 especialistas a quienes se les adeuda entre seis y ocho meses de salario. En ese sentido, el Ministerio de Salud convocó a la Superintendencia de Salud y a las EPS, que adeudan más de 10.000 millones de pesos al hospital, para que iniciaran giros y pagos; esta gestión se finiquitó con el compromiso de la gerencia del hospital del pago a los médicos. Nos informan que han pagado a 15 médicos, y estamos en espera de los otros cinco para poder reiniciar la prestación del servicio”, explicó en su momento la ministra.

Todas esas denuncias podrían ser paisaje en otras regiones del país, donde el problema se repite al pie de la letra.

Pero lo absurdo y preocupante de esta situación cíclica que azota a los hospitales es que todo parece indicar que esas entidades serán claves y cruciales en la anunciada reforma a la salud.

Puede leer: Dilian Francisca y la maraña de contratistas de la salud en Cali y Valle del Cauca