El cine, los autores de libros, las librerías y otros afectados por la reforma tributaria

El artículo 69 de la reforma presentada por el gobierno Petro deroga varios de los beneficios tributarios que han convertido al cine en una industria nacional y otras exenciones que apoyan al sector editorial. El ministro de Hacienda dijo que iban a “subsanar errores”.

Cada que un gobierno presenta una reforma tributaria, buscando recaudar más impuestos para financiar sus programas y el sostenimiento del Estado, pasa algo parecido: en algún punto del articulado se incluye una propuesta para derogar algunas de las exenciones y los beneficios tributarios que apoyan a las empresas del sector cultural. Ya sea la exención de IVA de las publicaciones periódicas en el gobierno Santos o los beneficios de la ley del cine en el gobierno Duque, siempre parece que, en un primer momento, a alguien se le ocurre que es una buena idea intentar conseguir recursos a partir de eliminar las prebendas existentes en la cultura.

Con la propuesta de reforma que presentó esta semana el gobierno de Gustavo Petro no ha sido la excepción. Con la idea de eliminar varias de las exenciones sectoriales que reciben muchas empresas, el artículo 69 del documento deroga varios de los beneficios tributarios que crearon en su momento la ley del cine, la ley de fomento a la actividad cinematográfica y la ley del libro, específicamente los dirigidos a las librerías y a los autores de libros.

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El sector cultural ha puesto el grito en el cielo. Apenas el domingo, en plena posesión presidencial, Petro había hecho énfasis en su idea de tener una sociedad del conocimiento, “una donde todos sus integrantes tengan el máximo de escolaridad y de cultura”. Y muchos celebraban que su plan de gobierno hablara de una gran movilización “artística, cultural y deportiva”, y de la cultura como un “derecho fundamental y una dimensión sustancial del saber, el cuidado y de la economía productiva”.

Unos días después, sin embargo, las alarmas ya estaban encendidas. “Hay mucha preocupación”, dijo en Blu Radio Claudia Triana, directora de Proimágenes -la entidad que maneja los recursos del cine nacional-. Por su parte la Cámara Colombiana del Libro publicó un comunicado en el que se comprometían a iniciar “la defensa del sector editorial ante todas las instancias de Gobierno”.

Algunos cineastas, por otro lado, le escribieron al senador del Pacto Histórico Gustavo Bolivar pidiéndole que intercediera. Su respuesta, un audio en el que le decía a Harold Trompetero que, “teniendo la batuta de la Comisión Tercera, no dejo pasar eso”, generó acusaciones de tráfico de influencias. Pero, más allá de las polémicas con las que se ha desviado la atención del tema principal, los llamados surtieron efecto y se supo que la ministra de Cultura, Patricia Ariza; los congresistas Bolívar y Susana Boreal, y algunos representantes del sector se reunieron con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para hablar del tema.

El propio ministro dijo en Blu Radio que discutirán cualquier error y que la idea no es afectar al cine colombiano. “Estamos dispuestos al diálogo y a corregir errores, pero no al regateo. Que pidan más beneficios a costa de otros que ya tenían. Hay objetivos claros del Gobierno”, explicó. El problema es que como la reforma ya fue presentada, las modificaciones tendrán que hacerse en el Congreso de la República. Y así como el sector cultural, hay otros (como el turismo, las bebidas azucaradas, etc.) que también buscan mantener sus beneficios.

¿Cuáles son los beneficios tributarios que se quitarían en cine?

En el medio de la discusión están las dos leyes que han logrado transformar al cine colombiano. La Ley 814 de 2003, conocida como la Ley del Cine, y la Ley 1556 de 2012, conocida como la Ley de Filmaciones o la Ley de Fomento a la Actividad Cinematográfica. La primera, entre otras cosas, creó un fondo que se arma con una parte de las boletas de todas las personas que asisten a una sala de cine y que sirve para financiar el cine nacional. La segunda, establece una serie de condiciones atractivas para que las empresas extranjeras vengan a filmar producciones (no solo cine, sino de televisión e incluso la producción de videojuegos) a territorio colombiano.

Ambas leyes ofrecen beneficios tributarios a las empresas y personas que inviertan en el cine nacional, y a aquellas que deciden filmar producciones en Colombia. Sus resultados han sido bastante positivos: desde la década de 1910 hasta 2002 en el país solo se habían hecho unas 200 películas, mientras que entre 2003 (el año de promulgación de la ley) y 2020, según cifras de Proimágenes, se hicieron 485 largometrajes y 977 cortometrajes. Muchas de ellas, además, alcanzaron puestos de honor en festivales como Cannes e incluso El abrazo de la serpiente fu nominada a un premio Óscar.

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Además, hasta 2019, las empresas extranjeras filmando en Colombia habían dejado 128.181 millones de pesos, generando empleo (casi todas han usado talento nacional detrás y delante de las cámaras) y dejando una industria fuerte, que se codea y aprende de los más grandes del sector a nivel mundial.

La actual reforma tributaria propone, específicamente, eliminar los artículos 16 de la Ley 814 de 2003 y el inciso segundo del artículo 9 de la Ley 1556 de 2012. El primero es el que establece que quienes “realicen inversiones o hagan donaciones a proyectos cinematográficos de producción o coproducción colombianas de largometraje o cortometraje aprobados por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cinematografía, tendrán derecho a deducir de su renta por el período gravable en que se realice la inversión o donación e independientemente de su actividad productora de la renta, el ciento veinticinco por ciento (125 %) del valor real invertido o donado“.

El segundo, dice que las empresas que filmen en Colombia “tendrán una contraprestación equivalente al cuarenta por ciento (40 %) del valor de los gastos realizados en el país por concepto de servicios cinematográficos contratados con sociedades colombianas de servicios cinematográficos y al veinte por ciento (20 %) del valor de los gastos en hotelería, alimentación y transporte”.

Sin esos beneficios seguramente se caerían las inversiones a los proyectos cinematográficos y las filmaciones extranjeras que mueven la economía del país.

¿Y cuáles son los beneficios que se quitarían para los libros?

En el caso de la industria editorial la que está en el centro del debate es la llamada Ley del Libro, que se expidió en 1993 para impulsar la lectura y democratizar el acceso a los libros. Aunque la actual reforma no quita la exención de IVA a los libros, uno de los beneficios tributarios más defendidos por la industria editorial, si deroga los artículos 28 y 30 de dicha ley, que establecen otros beneficios para los autores y traductores de libros y para las librerías.

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El artículo 28, por ejemplo, declara “exentos del pago de impuestos sobre la renta y complementarios los ingresos que por concepto de derechos de autor reciban los autores y traductores tanto colombianos como extranjeros residentes en Colombia, por libros de carácter científico o cultural editados e impresos en el país”. También dice que “están exentos del impuesto a la renta y complementarios los derechos de autor y traducción de autores nacionales y extranjeros residentes en el exterior, provenientes de la primera edición y primer tirada de libros, editados e impresos en Colombia”.

El artículo 30, por su parte, dice que “la inversión propia totalmente nueva, que efectúen las personas naturales o jurídicas en ensanche o apertura de nuevas librerías o de sucursales de las ya establecidas, será deducible de la renta bruta del inversionista para efectos de calcular el impuesto sobre la renta y complementarios hasta por un valor equivalente a quinientos (500) salarios mínimos vigentes”.

Gonzalo Castellanos, gestor cultural y asesor de proyectos culturales, le explicó al diario El Tiempo que, con esa decisión, “se estarían afectando asuntos del ecosistema del libro”, justo cuando “el interés prioritario de este gobierno y de todos los gobiernos de cualquier sociedad es la lectura, la política de lectura”.

Es cierto que, como sucede casi siempre, la reforma presentada sufrirá varias modificaciones. El sector cultural espera que algunas de estas decisiones se revisen y que se sigan usando estos beneficios tributarios para impulsar dos sectores importantes para el futuro de un país que sueña con una cultura que aporte para la paz.