Las tres reformas económicas que le esperan al próximo gobierno

El próximo presidente de Colombia tendrá que alistarse para la dura lucha que significará sacar adelante en el Congreso tres reformas que pueden sonar impopulares pero son claves: pensional, tributaria y laboral.

Las reformas económicas suelen generar grandes controversias. Basta ver lo que sucedió el año pasado: la propuesta tributaria del entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla generó el mayor estallido social de los últimos años. El presidente Iván Duque retiró la reforma, Carrasquilla se vio obligado a renunciar y las protestas se extendieron por tres meses.

Sin embargo, pese a su impopularidad y sin importar quién llegue a la Casa de Nariño, es claro que Colombia necesita garantizar que los adultos mayores se pensionen, solucionar el problema de la informalidad laboral y disminuir el déficit fiscal.

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Expertos coinciden en que las reformas pensional, tributaria y laboral son necesarias. ¿Por qué son tan importantes?

La reforma pensional

Colombia tiene dos regímenes principales de pensiones: el de prima media, que es el de Colpensiones, y el de ahorro individual (RAIS), administrado por los fondos privados de pensiones.

El Régimen de Prima Media (RAM) funciona así: los aportes que hacen los jóvenes se van a una especie de bolsa que financia a los pensionados de hoy. Por su parte, en el RAIS, los fondos privados administran el aporte pensional de cada persona y lo invierten en el mercado financiero. Cuando llegue la edad de pensionarse, la persona, supuestamente, recibirá las contribuciones que ahorró y los rendimientos.

Sin embargo, el sistema tiene varios problemas. Primero, la mayoría de jóvenes cotiza en los fondos privados y, en consecuencia, Colpensiones no tiene suficientes aportes para cubrir las pensiones actuales, lo que genera un déficit que debe cubrir sí o sí el Estado, explicó el experto en reforma pensional Kevin Hartmann, consultado por Diario Criterio en marzo pasado.

Para 2021, se presupuestaron 18,8 billones de pesos para cubrir ese déficit, pero al final se ejecutaron 14,8 billones, como precisó en su momento Juan Manuel Villa, presidente de Colpensiones.

El otro gran problema es que las posibilidades de pensionarse son muy pocas. “Las cifras son contundentes: hoy el 68 por ciento de los colombianos que trabajan no puede construir una pensión y el 69 por ciento de adultos mayores no tiene ingresos mínimos que les garanticen una vejez digna”, dice la economista Cecilia López Montaño en la introducción del libro Reforma pensional en Colombia, el debate pendiente. Lecciones desde América Latina, publicado en 2019 por el Banco de la República.

En 2019, por ejemplo, el 62 por ciento de las personas que terminaron “su proceso de ahorro para la vejez” en los fondos privados no lograron una mesada pensional, de acuerdo con el documento Mercados laborales fragmentados y sistemas de protección social en Colombia, elaborado por los economistas Marcela Meléndez, Marcela Pantoja y Francisco Alvarado, .

Y el Régimen de Prima Media (RPM) tampoco está exento de problemas: “(…) en el RPM los trabajadores que no cumplen con el requisito del número de semanas cotizadas no solo no reciben una mesada pensional sino pierden recursos frente a lo que habrían podido obtener si, en cambio de realizar sus aportes al sistema, los hubieran depositado en una cuenta de ahorros”, explicaron Meléndez, Pantoja y Alvarado.

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Para Hartmann, la solución no está en facilitar que las personas puedan trasladarse rápidamente a Colpensiones, pues el mercado laboral no lo resistiría, sino que, en lugar de competir, los dos regímenes dejen de competir por contribuyentes, como sucede actualmente, sino que coexistan: que, por ejemplo, una parte de los aportes se use para cubrir las pensiones actuales y otra parte se vaya al ahorro individual.

La informalidad laboral

El éxito de cualquier reforma pensional depende de que los empleados hagan sus aportes. El problema es que en Colombia la informalidad sigue siendo muy alta. Durante el primer trimestre de 2022, el porcentaje de ocupados informales fue de 44,7 por ciento en 23 ciudades y Áreas Metropolitanas, según el Dane.

Hay ciudades donde esa informalidad supera el 60 por ciento: Sincelejo, por ejemplo, está en 66,8 por ciento, y Cúcuta en 63,8 por ciento. Le siguen Riohacha (63 por ciento), Valledupar (62,9), Florencia (62,2) y Santa Marta (60,9).

Además, el porcentaje de ocupados que cotiza a pensión sigue siendo muy poco: 56,8 por ciento durante el primer trimestre del año (en 13 ciudades y Áreas Metropolitanas). De hecho, descendió: en el mismo periodo de 2021, la cifra estaba en 57,8 por ciento.

“Hay varias explicaciones de por qué hay una tasa de informalidad tan alta. Una de ellas son las rigideces del mercado de trabajo, la forma de funcionar de los contratos de trabajo, la poca productividad que el aparato productivo colombiano tiene, es decir, las industrias se han quebrado, el agro está quebrado, etcétera. Eso hace que naturalmente las tasas de informalidad suban”, indicó Hartmann en su momento.

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Así las cosas, expertos han planteado la necesidad de hacer una reforma que apunte a mejorar la formalidad laboral. Fedesarrollo, por ejemplo, tiene dos propuestas. La primera es “modificar la tasa de cotización en salud para que sea progresiva, iniciando en 0 por ciento para ingresos mensuales iguales o inferiores a 1.000.000 pesos, y aumentando gradualmente hasta llegar al 9 por ciento para ocupados con ingresos de 25.000.000 pesos o más”.

La segunda tiene que ver con las pensiones: permitir que el ingreso base de cotización sea de menos de un salario mínimo mensual, lo que daría luz verde “a cotización por jornadas de trabajo parcial en las que los ocupados tengan ingresos inferiores a un salario mínimo”.

Fenalco, el principal gremio de los comerciantes, se ha mostrado a favor de una reforma laboral de este tipo pues estimularía el trabajo por horas, ya que los aportes serían proporcionales lo que gane cada empleado, sin importar que sea menos de un mínimo mensual.

Fenalco, así mismo, también ha propuesto un salario mínimo diferenciado por regiones, con el mismo objetivo: reducir la informalidad: “Si bien una persona no puede vivir bien con un salario mínimo en ciudades como Bogotá, Medellín o Cartagena, en otras regiones del país el mínimo es suficiente para tener una vida digna”, dijo el gremio, en agosto del año pasado, con base en las recomendaciones que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) al respecto.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) está de acuerdo con esa propuesta.

No obstante, varios expertos consideran que la propuesta de salario mínimo diferenciado sería perjudicial: “podría propiciar que las empresas ubicadas en zonas productivas migraran a zonas menos productivas para encontrar mano de obra barata, lo cual aumentaría la tasa de desempleo de las zonas más productivas”, advirtieron las economistas Angie Culma y Andrea García en un artículo de Razón Pública.

Las centrales obreras se han opuesto a ese tipo de reformas porque consideran que empeorarían la precarización laboral y lesionarían derechos laborales.

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Por su parte, el senador Rodrigo Lara Restrepo dice que la mejor forma para garantizar el empleo formal es fortaleciendo la manufactura. “La manufactura genera empleos masivamente y formales. Usted tiene que tener el señor ahí manufacturando; usted no puede tener como tienen al trabajador del ‘siglo XIX’ que trabaja en las plataformas de Uber y Rappi”, dijo Lara Restrepo a Diario Criterio.

“Es un problema ya de incapacidad del Estado colombiano, de ineptitud profunda del Estado colombiano, para lograr crear esa simbiosis con el sector privado y crear procesos de industrialización”, añadió.

Y la reforma tributaria

El gobierno de Iván Duque ha implementado dos reformas tributarias. La primera, aprobada en diciembre de 2019, estableció el Día sin IVA y redujo gradualmente la tarifa de renta para las empresas.

En 2021, en medio de la crisis derivada de la pandemia, Duque intentó tramitar un nuevo proyecto de impuestos, pero fracasó. La propuesta estipulaba ampliar la base con la que las personas naturales pagan renta y gravar varios productos de la canasta familiar, así como los servicios. Miles de ciudadanos salieron a protestar y el Gobierno retiró la reforma.

Posteriormente, Duque radicó una nueva reforma tributaria, ya con otro ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y consiguió que el Congreso la aprobara en septiembre de 2021, ya con el estallido social apaciguado.

Bautizada como Ley de Inversión Social, esta reforma aumenta a 35 por ciento el impuesto de renta de las empresas, mantiene los días sin IVA. El objetivo de esta ley es recaudar 15,2 billones de pesos.

No obstante, expertos consideran que es insuficiente. “No importa quién llegue a la Presidencia en los próximos comicios, lo cierto es que el déficit fiscal está muy alto y el futuro mandatario tendrá que poner en marcha por lo menos una reforma tributaria de gran calado. De lo contrario no tendrá recursos para ejecutar su plan de gobierno”, advirtió la Anifel el pasado 20 de mayo. “No hay forma de que el problema fiscal se resuelva exclusivamente desmontando la corrupción”, añadió.

En 2021, según cálculos del Gobierno, el déficit fiscal cerró en 7,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y se estima que para este año sea de 6,2 por ciento. Sin embargo, la Anif considera que podría llegar a 10 por ciento.

Así que lo que se viene para el próximo gobierno en términos de reformas económicos será difícil y, seguramente, no caerá muy bien en algunos sectores, por lo que será clave conciliar. “Quien gane las elecciones debe convocar, por lo tanto, a un grupo de expertos que presente las ideas básicas de una reforma tributaria estructural, que después tendrá que ser concertada con múltiples sectores. Es una tarea absolutamente necesaria“, dijo al respecto el economista José Antonio Ocampo.