Contrario a lo que afirmó Rodolfo Hernández, el fiscal que lo acusó por presunta corrupción sí tiene pruebas para llevarlo a juicio

Diario Criterio tuvo acceso al escrito de acusación contra el candidato presidencial Rodolfo Hernández, quien junto con otras seis personas, irá a juicio por interés indebido en celebración de contratos, por el escándalo Vitalogic.

Una de las frases más polémicas que soltó el candidato presidencial Rodolfo Hernández, durante su entrevista radial en La W este miércoles primero de junio, es que el fiscal que lo imputó y acusó por presunta corrupción en el escándalo Vitalogic, no tendría pruebas.

Cuando el ingeniero Hernández se sintió acorralado por la insistencia de los periodistas en el proceso judicial que se adelanta en su contra, soltó la siguiente frase, “en la audiencia el mismo fiscal pidió aplazamiento porque dijo no tener pruebas”.

Seguidamente añadió, “yo no tengo una investigación, le están diciendo mentiras (…) el objetivo concreto era sacarme de la Alcaldía porque les quité la chequera, no les dejé robar. El procurador se prestó a favor de la clase politiquera de suspenderme cinco veces”.

No obstante, otra cosa muy distinta dice el expediente judicial que se le abrió al candidato Hernández junto con cinco de sus exfuncionarios de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB) y un contratista.

La acusación contra Rodolfo Hernández

Acusación Rodolfo Hernández
Escrito de Acusación contra Rodolfo Hernández por presunta corrupción.

Este medio tuvo acceso al escrito de acusación que presentó el fiscal Jorge Alberto Villamizar Suárez, adscrito a la unidad de delitos contra la Administración Pública en Bucaramanga.

En ese escrito de acusación con fecha del 12 de mayo de 2021, el fiscal le entregó una carpeta con 50 folios al juez de conocimiento que atenderá el juicio contra Hernández, sus funcionarios y el contratista.

Lo llamativo de esa acusación, es que contrario a lo afirmado por el candidato presidencial, en realidad el fiscal le dedicó diez páginas solo para enumerar las 108 pruebas entre documentales, periciales y testimoniales.

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Cabe resaltar que, entre las pruebas más llamativas y contundentes, estarían los correos electrónicos incriminatorios del propio gerente de la EMAB, José Manuel Barrera Arias, quien estaría intentando negociar algún beneficio legal con la Fiscalía, a cambio de confesar y delatar a todos los salpicados en el escándalo de Vitalogic.

Pruebas acusación Rodolfo Hernández por presunta corrupción.
Pruebas acusación Rodolfo Hernández por presunta corrupción.

Los acusados por el fiscal, además del ingeniero y exalcalde Rodolfo Hernández, son los exfuncionarios de la EMAB, José Manuel Barrera Arias (gerente); Rubén Enrique Amaya Vanegas (jefe disposición final); César Augusto Fontecha Rincón (director jurídico); Abelardo Durán Leiva (subgerente técnico operativo); Abigail León Nieves (subgerente administrativa y financiera) y el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.

Salvo el ingeniero Hernández, a todos los demás el fiscal los acusó por el presunto delito de interés indebido en celebración de contratos, falsedad en documento público y privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El exalcalde será llamado a juicio solo por el presunto delito de interés indebido en celebración de contratos.

Para el fiscal Villamizar, es evidente que Rodolfo Hernández Suárez, actuando como alcalde de Bucaramanga y miembro de la junta directiva de la EMAB, “(…) se interesó indebidamente, tanto en provecho propio y de un tercero, esto es, que Jorge Hernán Alarcón Ayala, ingeniero químico, contratista y consultor fuese el contratista escogido, dentro del proceso de trámite y celebración del Contrato de Consultoría No. 096 del 28 de julio de 2016, indicándole a su subalterno funcional, esto es, a José Manuel Barrera Arias, gerente de la EMAB, que debería ser el escogido”, dice textualmente la acusación de la Fiscalía.

Sumado a lo anterior, en esa misma acusación el fiscal del caso aseguró que el propio Rodolfo Hernández fue más allá en su actuación indebida, revelando detalles concretos de la manera ilegal como habría actuado, cuándo y dónde ocurrieron los hechos investigados.

“(…) Para tal efecto el Ing. HERNÁNDEZ SUÁREZ, citó al gerente y asesor jurídico a su apartamento, a fines de junio y comienzos de julio del año 2016, ubicado en Calle 51 No. 37-12 Cabecera del Llano B/manga, lugar de su residencia, en donde también ejercía sus funciones como alcalde y miembro de la junta directiva de la EMAB, ordenándose allí su ilícito o prohibido interés, esto es, en abierta desviación de poder, decide atendiendo su cargo y funciones como Alcalde y miembro de la Junta directiva de la EMAB, mostrar esa inclinación o ánimo para favorecer al futuro contratista de la consultoría, Jorge Hernán Alarcón Ayala, con desconocimiento de los principios de Transparencia y Selección Objetiva”.

La otra perla que contiene esa acusación, es que, entre las pruebas recolectadas por la Fiscalía, estarían las declaraciones de los dos contratistas, cuyos nombres habrían sido incluidos fraudulentamente para participar como “relleno”, en la convocatoria del contrato de consultoría por 344 millones de pesos y cuyo ganador ya había sido seleccionado previamente por el alcalde.

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Entre las revelaciones que llevará a juicio el ente acusador, aparece la forma como habrían amañado el perfil del contratista por elegir, el cual debía ser un ingeniero químico.

 Curiosamente, de los tres oferentes que se presentaron a pujar por el millonario contrato, el único que cumplía con ese requisito de ser ingeniero químico, era el de Jorge Hernán Alarcón Ayala.

Los otros dos contratistas que supuestamente se presentaron a la convocatoria, eran un ingeniero civil y un ingeniero mecánico. La Fiscalía cuenta con las declaraciones de ambos, en las que aseguran que jamás se presentaron a esa convocatoria pública y que al parecer fueron suplantados con documentos falsos.

“(…) el informe de conveniencia y oportunidad para que los revisara y modificara, como en efecto sucedió, antes de su escogencia como futuro consultor, además de direccionarse con el perfil señalado del futuro contratista de ‘ser preferiblemente un ingeniero químico el oferente’ como efectivamente se facilitó al invitarse, a tres oferentes, un ingeniero mecánico, uno civil y al ing. Químico, en cabeza de Jorge Alarcón”, explicó el fiscal en su escrito de acusación.

Por todo lo anterior, al candidato presidencial Rodolfo Hernández le queda muy mal desconocer públicamente la existencia del proceso judicial en su contra por presunta corrupción. En su defensa, podría alegar que es inocente hasta que el juez del juicio sentencie lo contrario.

El escándalo que persigue a Hernández

El escándalo contractual que persigue al ingeniero Rodolfo Hernández Suárez se remonta a 2016 cuando era alcalde de Bucaramanga (Santander).

Para la época la ciudad y su Área Metropolitana se hallaban ad portas de una emergencia sanitaria por cuenta del vencimiento de la vida útil del relleno sanitario conocido como El Carrasco.

En medio de esa necesidad, Rodolfo Hernández le propuso al gerente de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB), contratar una consultoría para que les dijera cómo escoger a un nuevo operador de ese relleno, pero aplicando nuevas tecnologías.

“Tenía por objeto realizar la elaboración y evaluación técnico ambiental, financiera y jurídica para la implementación de nuevas tecnologías en el sitio de disposición final de residuos sólidos, conocido como El Carrasco, por un monto de 336 millones de pesos”, dice el objeto del contrato.

Dicho en palabras más simples, le pidió al gerente de la EMAB contratar a un particular que les montara todo el proceso para entregar el manejo de las basuras a un operador privado, ya sea mediante una licitación o invitación pública.

Cálculos no oficiales de la época, señalaron que ese nuevo operador tendría en sus manos una licitación a 30 años que movería en total 250 millones de dólares.

Sin embargo, y de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, partiendo desde la consultoría hasta la licitación del operador de las basuras, todo estaría direccionado a un solo contratista: Jorge Hernán Alarcón Ayala, relacionado con la famosa sociedad conocida como Vitalogic.

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Dentro de las pesquisas judiciales se supo además que, el mismo contratista de la Consultoría, haría parte de la Unión Temporal que se ganaría la licitación para operar el relleno sanitario. Es decir, él elaboraría los pliegos y recomendaciones de una licitación en la que participaría como intermediario a cambio de una jugosa comisión.

Para rematar, entre las pruebas recaudadas por el ente investigador, la Procuraduría y la Contraloría, aparece un contrato de corretaje (intermediario de un negocio) entre uno de los contratistas de la Unión Temporal que operaría el relleno sanitario y Luis Carlos Hernández Oliveros, hijo del entonces alcalde Rodolfo Hernández.

Rodolfo Hernández y su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros.
Rodolfo Hernández y su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros.

“Se evidenció que Hernández Oliveros junto con Luis Andelfo Trujillo y Carlos Gutiérrez suscribieron un documento de corretaje que les permitía cobrar una comisión si la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB S.A. E.S.P.) celebraba un negocio jurídico con quienes promovían la tecnología”, aseguró en 2019 la Procuraduría en el pliego de cargos que le formuló al exalcalde y hoy candidato presidencial.

En el material probatorio que poseen tanto del ente judicial como el disciplinario y el fiscal, aparecen mensajes de chat del propio hijo de Rodolfo Hernández, revelando detalles del proceso con quienes habría firmado el contrato de corretaje. Denuncias de la época aseguran que la comisión esperada por ese contrato sería de 199 millones de dólares.

“Entre las pruebas que sustentan el cargo están el acuerdo de voluntades de corretaje, las impresiones de las conversaciones de Whatsapp de las personas que lo suscribieron y en las cuales Hernández Oliveros refiere que comentaba con su padre aspectos de la licitación que luego eran informados a los participantes y sobre las reuniones del alcalde sostenidas con los representantes de WastAway en Colombia, José Manuel Hormaza, Florin Volcinschi y Héctor Hernando Baquero, en particular los días 22 de abril y 24 de julio de 2016”, explicó la Procuraduría.

Cabe aclarar que de los dos contratos en cuestión (Consultoría y Licitación) solo se firmó y ejecutó el primero, o sea el de Consultoría por 336 millones de pesos, porque la licitación se declaró desierta cuando estalló el escándalo en 2017.

La otra perla que se descubrió de ese escándalo (hallazgo de la Contraloría) mediante una auditoría exprés que le hizo a todo ese proceso del relleno sanitario y el nuevo operador, es que los funcionarios de la EMAB habrían mentido, lo que motivó el reporte de nueve reportes fiscales con alcances administrativos, disciplinarios y penales.

Uno de los hallazgos más llamativos y con alcance penal, tiene que ver con la invitación pública que hicieron en 2016 para contratar la Consultoría por 336 millones de pesos. Resulta que a esa invitación pública se presentaron tres ofertas, pero en realidad solo una de ellas sería verídica (Vitalogic), porque los dos restantes oferentes, al parecer no tenían idea del proceso.

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Sumado a lo anterior, en esa auditoría fiscal de la Contraloría reposan pruebas de la manera como el entonces alcalde Rodolfo Hernández intervenía en la junta directiva de la EMAB, para abogar y respaldar por la contratación de esa Consultoría con Vitalogic.

Así quedó registrada en acta de junta directiva de la EMAB, celebrada el 10 de agosto de 2016, en la que el alcalde Hernández Suárez pone en conocimiento lo siguiente:

“(…) ya la EMAB S.A. E.S.P., realizó el contrato de Consultoría No. 096 del 2016 con el señor el Ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala el cual tiene una vasta experiencia del ramo y nos va ayudar a buscar la solución de la Disposición Final de Residuos Sólidos en la ciudad de Bucaramanga, este contrato de consultoría tiene todo mí respaldo ya que resolver este problema es una de las principales obligaciones que tiene mi gobierno frente a la ciudad de Bucaramanga”.

Frente a esos cuestionamientos, señalamientos e investigaciones, el ingeniero Rodolfo Hernández ha repetido siempre que todo se trata de una persecución política.

“Esto es una clara persecución política a una persona que aspira a la Presidencia de la República, que ha luchado con toda su alma para derrotar la corrupción y hoy esa corrupción me llama a juicio por delitos que nunca se cometieron”, aseguró a medios regionales en Santander.

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