Los enredos ‘non sanctos’ de la millonaria licitación para el manejo del Runt

El Ministerio de Transporte busca adjudicar, por un valor que supera los 805.000 millones de pesos, el contrato para la administración del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Este proceso ha estado plagado de polémicas, retrasos y hasta filtraciones, lo que ha generado enormes sobrecostos y que una sola empresa siga con el control del sistema desde hace 14 años. 

El Runt es la columna vertebral de la mayoría de trámites y servicios relacionados con tránsito y transporte en Colombia. Se trata de una especie de base de datos que alberga información sobre vehículos, conductores, infracciones de tránsito, empresas de transporte público, licencias de conducción, traspasos y más.

Tan solo en 2021, sin contar el mes de diciembre, el Runt registró más de 14,2 millones de solicitudes para la realización de todo tipo de trámites. Además, para este mismo periodo, cerca de 905.000 personas, naturales y jurídicas, se inscribieron al sistema a través de organismos y direcciones territoriales de tránsito. 

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Desde 2007 hasta la fecha, esta importante herramienta ha sido operada por una misma empresa, la Concesión Runt S.A. A pesar de que el contrato inicial terminaba en 2019, las fallas en la estructuración de una nueva licitación, al parecer por responsabilidad de los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, así como los pleitos judiciales, obligaron a extender la concesión. Cada día que se extiende el contrato, el actual concesionario factura millones y millones de pesos.

El 29 de abril de 2019 el Ministerio de Transporte suscribió un otrosí del contrato que le permitía a la Concesión Runt S.A operar el Runt por dos años y seis meses más, contados desde el primero de mayo del mismo año. Según la cartera, la medida se tomó porque ese era el tiempo necesario para diseñar otra licitación y realizar un empalme adecuado. 

“El peor escenario era suspender la plataforma sin haber seleccionado el nuevo operador del Runt (…) No podemos improvisar y tomar a la ligera la modernización del cerebro tecnológico del sector transporte”, dijo el entonces viceministro de Transporte Juan Camilo Ostos, hoy candidato al Senado. 

La prórroga del contrato fue cuestionada por varios sectores, especialmente porque implicaba un costo cercano a los 109.000 millones de pesos. Pero además, porque mantenía sobre una misma empresa el control de lo que puede considerarse una mina de oro y, porque con un nuevo operador, el valor de los trámites podría disminuir para los usuarios. 

En medio de los cuestionamientos se reveló que uno de los mayores accionistas de la Concesión Runt S.A es Intelred S.A.S, con un 46,96 por ciento de participación. Esta empresa es propiedad de Mario Fernando Pinzón, un empresario que hace parte de la familia de Juan Manuel Santos, pues el hijo, el golfista Sebastián Pinzón, está casado con María Antonia Santos, hija del expresidente. 

La relación generó críticas porque, para muchos, la administración de Santos es responsable por no haber estructurado a tiempo un proceso que permitiera el cambio de operador. Además de esto, según el abogado José Roberto Acosta, el consorcio terminó premiado por haber incumplido una cláusula del contrato que lo obligaba, precisamente, a preparar su salida un año antes. 

La Concesionaria pretendía prorrogar hasta junio de 2023 (50 meses más)
Una propuesta irregular e inaceptable pues están inmersos en incumplimiento de la cláusula 35.3 del contrato inicial
Propuesta igual de inaceptable a la prórroga firmada por @MinTransporteCo violando Ley pic.twitter.com/jidcp1hAOF

— José Roberto Acosta (@jrobertoacosta1) August 31, 2019

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La tormenta del Runt en el Gobierno Duque

Para muchos, con el cambio de Gobierno, uno de los principales retos que tenía el Ministerio de Transporte era desenredar este proceso, por lo que la ministra Ángela María Orozco debía estructurar el contrato. Sin embargo, además de que fue bajo su administración que se firmó la prórroga, la nueva licitación sufrió todo tipo de tropiezos.  

En marzo de 2021 la ministra denunció que varios documentos que hacían parte de los estudios para el diseño de los pliegos de condiciones de la licitación fueron filtrados. Según Orozco, se trató de información reservada que pudo haber favorecido a cualquier interesado en el millonario proceso. 

La ministra pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría General que investigaran el hecho y publicó los documentos para que todos los oferentes tuvieran la misma información. En medio de todo esto, se cumplieron los dos años y medio de la prórroga del contrato y el ministerio no logró tener una nueva licitación. 

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Por esta razón, se empezó a especular que el Runt se desactivaría el pasado 31 de octubre, perjudicando a miles de personas a nivel nacional. Así las cosas, el Gobierno tomó una decisión similar a la de 2019 y el pasado mes de octubre firmó otra prórroga. Según el documento otrosí, se trata de una extensión del contrato hasta el 31 de enero de este año, de la cual no se tiene un valor concreto. 

“Dada la importancia del servicio público del Runt en Colombia, no contar con el mismo traería graves afectaciones al desarrollo normal de las operaciones de tránsito y transporte, así como un impacto social en el evento en que se suspenda el servicio”, argumentó el ministerio. 

En medio de todo este proceso se arrancó con la nueva licitación, que tampoco estuvo libre de problemas. El pasado 5 de enero, a pocos días de cerrarse el plazo para la presentación de ofertas, el ministerio suspendió el proceso por cinco días. La razón eran los reclamos de algunos aseguradores por un aparte del pliego de condiciones que los obligaría a hacerse cargo de multas o cláusulas penales. 

Según la ministra Orozco, se trató de un “yerro de transcripción”, por lo que era necesario suspender la licitación para corregirlo. El pasado miércoles el proceso fue demandado, a través de una acción de tutela, por una supuesta violación al debido proceso tras los cambios que sufrieron los pliegos a última hora. 

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Sin embargo, la tutela no ha sido resuelta por un juez, por lo que el ministerio continuó con el proceso. Finalmente, en la noche de este jueves se conocieron las ofertas de ocho empresas que buscan ser los nuevos operadores del Runt. Según el cronograma, el nuevo contrato debería ser adjudicado el próximo 23 de febrero, siempre y cuando no aparezca una jugada jurídica que permita darle más vida al actual operador, que cobra una comisión por cada trámite que realiza. 

Desde este viernes el Ministerio de Transporte, con el trabajo de la Universidad Nacional, estudia cada una de las propuestas presentadas por ocho oferentes, entre los que se encuentran consorcios y empresas únicas. 

Cabe resaltar que el ministerio busca que la empresa ganadora lleve a cabo el proceso de modernización de las herramientas, si se tiene en cuenta que actualmente tiene varios componentes casi obsoletos.  

Empresas y sociedades postuladas:

1. Runt Digital 2.0
2. Promesa de Sociedad Futura Circulemos Colombia S.A.S
3. Promesa de Sociedad Futura Concesión Runt 2.0
4. Promesa de Sociedad Futura Concesión Runt Digital
5. Promesa de Sociedad Futura Trámites Digitales Integrales (TDI)
6. Yak Til S.A.S
7. Concesión Nuevo Runt S.A.S
8. Cosmocolor Colombia.

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