Lo que hay tras las denuncias de Petro sobre los 5.000 bienes de la mafia perdidos en la SAE

Según varios exfuncionarios de la entidad, en la transición de la Dirección Nacional de Estupefacientes a la Sociedad de Activos Especiales se perdieron cerca de 2.000 registros que la SAE ha ido recuperando. Sin embargo, urge que haya una sola base de datos y claridad sobre los cerca de 30.000 bienes y activos de la mafia en poder del Estado.

Frente a las inconsistencias y falta de claridad de las empresas, haciendas, fincas, casas y activos en poder del Estado que han sido incautados a las mafias del narcotráfico o negocios ilegales, el gobierno de Gustavo Petro denunció que se podría estar ante uno de los casos de corrupción más importantes en la historia del país.

A través de su cuenta de Twitter, Petro le hizo un llamado la Fiscalía General de la Nación para que ayude a reconstruir el inventario de estos bienes en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que reemplazó en 2014 a la extinta y corrupta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

“Le agradezco al fiscal general de la Nación que reconstruya el inventario de bienes en extinción de dominio que se le entregó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy SAE. Podemos estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia”, trinó Petro.

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Días antes, el actual director de esa entidad, Daniel Rojas Medellín, había advertido, en entrevista con Semana, que estaba muy preocupado, no solo por el inventario de bienes que, según el funcionario, estaba relacionado en unas tabla de Excel, sino por como son administrados.

Según Rojas, él mismo ya puso en conocimiento de la Fiscalía y la Contraloría General el caos y el desorden que encontró en la entidad tras llegar al cargo que asumió por designación del presidente Petro.

“El inventario de activos de la SAE no es coherente con lo que materialmente tiene la entidad. No tenemos a ciencia cierta una cifra exacta de los bienes muebles e inmuebles que administramos y los sistema de información de las diferentes entidades comprometidas en esa misión son incompatibles“, dijo Rojas. Al parecer, según el funcionario, más de 5.000 de esos bienes solo aparecen en el papel o en tablas de Excel y les falta la matrícula o el registro catastral.

Las cuentas claras

Pese a la gravedad de las denuncias, estas no son nuevas y reflejan las dificultades del Estado para administrar estos bienes, pero también para conciliar las diferencias de ‘inventarios’ que hay entre las tres entidades encargadas de su manejo: la SAE, la Fiscalía General y la Rama Judicial.

La SAE tiene el programa Sigma, la Fiscalía, el Sagitario, y la rama judicial, el Sierju. Si bien no son compatibles entre sí, también tienen diferentes formas de reunir estos bienes y activos en poder del Estado.

En los tiempos de la DNE, según varios exfuncionarios consultados por Diario Criterio, la relación de bienes se trabajaba en una base de datos denominada Faro. Sin embargo, todas las cifras de administradores, secuestres y datos financieros de cada activo se hacían a través de otros sistemas, lo que hacía muy compleja la operación.

Antes de que se ordenara la liquidación de la DNE, frente a las numerosas denuncias de corrupción e ineficiencia, se hizo una migración de las bases de datos a una nueva plataforma que se llamó Matrix.

En esa migración, según varios exempleados de la DNE y la SAE, hizo que cerca de 2.000 bienes se perdieran de la base de datos. Una parte importante fue por inconsistencias jurídicas y otros, por errores del sistema, lo que hizo que no quedaran listados, que quedaran sin secuestre o administrador. En otras palabras, sus dueños originales, poseedores o antiguos administradores asignados por la DNE los están usufructuando.

Esta, precisamente, es una de las denuncias que pondrá en evidencia una investigación de la Contraloría General de la República (CGR) y en la que se revelará que la entrega de bienes que se hizo entre las entidades fue documental, mas no física, lo que le dificultó a la SAE la plena identificación de todos los activos. Incluso hoy, hay un grupo de bienes sin determinar.

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Según ese informe de la CGR, más de 16.200 bienes inmuebles no reportan estado físico y más de 25.000 carecen de avalúo comercial, lo que hace complejo su dificulta su control y administración con el objetivo de hacerlos productivos y rentables, evitar su deterioro y así contribuir con los programas sociales del Gobierno.

Esa base de datos fue la que la SAE recibió, con la que empezó a construir una nueva, nombrada Sigma, la misma que funciona en la actualidad con 29.424 activos, de los cuales 4.731 ya han sido extinguidos en su propiedad a favor del Estado. A esta base se le incluyeron otros módulos y elementos contables, jurídicos y administrativos, por lo cual hoy se sabe con claridad el estado de la mayoría de esos bienes.

De hecho, como lo advirtió el senador Gustavo Bolívar, la nueva administración de la SAE encontró 400 actas de hallazgos, que no es otra cosa que relacionar en las bases de datos los predios, sociedades o activos que han sido ubicados por funcionarios de la entidad, pero que no están en Sigma.

Entre la Fiscalía y la SAE hay inconsistencias por la forma como cada entidad relaciona los bienes y activos incautados. Antes de la Ley 1708 de 2014, tras un operativo o acción judicial, la Fiscalía le pasaba a la SAE la relación activos que había incautado, que de inmediato eran puestos en las bases de datos, lo que generaba inconsistencias.

Tras esa Ley, la Fiscalía tiene la obligación de hacer un acta de materialización de la entrega del bien, en la que muestra y entrega físicamente esos activos a los funcionarios de la SAE. Eso significa que no todo a lo que la Fiscalía ordena medida cautelar termina en manos de la SAE.

Un ex alto funcionario de la SAE le dijo a Diario Criterio que, “contrario a lo que denuncian Petro y el director de la SAE, el inventario de bienes está en su mejor momento desde que empezó la entidad, en 2014. Casi todos tienen visita de funcionarios directos o depositarios, como se puede revisar en la base de datos Sigma. Es claro que existen errores en la información, lo que es normal en un cúmulo de información tan alta y con tantos años en procesos de extinción eternos“.

Ahora, sin importar si están o no en las bases de datos —hecho de por sí preocupante y grave—, todos los bienes inmersos en este tipo de procesos penales tienen medidas cautelares en el sistema de información de la Superintendencia de Notariado y Registro que solo pueden levantarse por orden de la Fiscalía o la Justicia. “Robarse un predio o una sociedad es algo prácticamente imposible”, dijo un exdirectivo de esa entidad.

Ahora, frente a los avalúos catastrales, las bases de datos muestran que hay bienes que no los tienen porque no han podido ser identificados plenamente por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) o por las oficinas de catastro descentralizadas que, en los últimos años, se han atomizado. Además, hacer el avalúo a todos los bienes, salvo los que van a venderse efectivamente, valdría varios billones de pesos y no tendría mucho sentido, si se sabe que más de 30 por ciento de estos son devueltos a sus propietarios originales tras largos procesos.

Lo cierto es que desde que la SAE pasó a manos del Ministerio de Hacienda y los activos hacen parte el Frisco nacional, las denuncias y corrupción son pocas. Ahora, frente a las denuncias de Petro y Rojas, es claro que se requiere con urgencia tener una sola base de datos y claridad de los bienes que el Estado y la justicia les quitaron a las mafias y al crimen para que se les dé el mejor uso, aún más, si se habla de entre 2.000 y 5.000 bienes.

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