El Gobierno se la juega por un aumento del mínimo que no se aleje de la inflación

Contrario a lo que muchos pensaban, el Gobierno de Gustavo Petro y los empresarios podrían terminar en el mismo canal en medio de la discusión por el aumento del salario mínimo. Ambas partes coinciden en que el incremento no puede superar por mucho la inflación, para así evitar que los precios sigan subiendo. La duda está en qué pasará con los intereses de los trabajadores.

Aunque en campaña presidencial Gustavo Petro llegó a decir que los trabajadores colombianos necesitaban un aumento del salario mínimo cercano al 19 por ciento, la realidad de la economía local e internacional lo está obligando a cambiar de opinión.

De hecho, son muchos los sectores que piden un incremento mesurado, y que tenga en cuenta únicamente los datos de inflación y productividad. El Banco de la República, por ejemplo, señala que en 2023 la inflación podría bajar, por lo cual no es necesario ni conveniente un aumento que esté muy por encima de ese dato.

Fedesarrollo, por su parte, recomienda utilizar la fórmula de inflación más productividad. Los cálculos de este centro de investigación hablan de una inflación para 2022 estimada de 12,3 por ciento, que, sumada al 1,24 por ciento de la productividad —revelada este jueves por el Dane— daría un aumento aproximado del salario mínimo de 13,5 para 2023. 

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Desde el gremio de los comerciantes también se suman a esta idea. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, pidió que el incremento no supere el 15 por ciento, esto con el fin de proteger la generación de empleo. El directivo también pidió que la mesa de negociación tenga en cuenta los criterios técnicos y no los políticos.  

Aunque el Gobierno no ha hecho un anuncio oficial al respecto y, además, su papel es lograr un equilibrio entre empresarios y trabajadores, varios de sus integrantes, entre ellos el propio Gustavo Petro, han dado pistas de su apoyo a la propuesta de los empresarios.

“De nada sirve crecer un 10 o 15 por ciento si su canasta familiar crece más. Lo que está es bajando el salario y se trata de que crezca el nivel de vida de las personas, no de que disminuya”, dijo el mandatario, quien aseguró que la mayoría de trabajadores colombianos no está bajo esa relación salarial del mínimo. 

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, también se anticipó a la discusión y defendió la propuesta de no aumentar el salario mínimo por encima del 15 por ciento. Racero aseguró que el próximo año la inflación bajará por las “acciones del Gobierno”, como el subsidio a fertilizantes, la reducción de tarifas de energía y la desindexación del salario a algunos bienes y servicios. 

“Con una productividad total de los factores de 1,24 por ciento y con una inflación que ronda el 12,22 por ciento, el aumento del salario nominal del salario debe ser superior al 13,5 por ciento. Un aumento del 15 por ciento permitiría estimular la economía, vía demanda, en un año que a nivel mundial será complejo”, dijo Racero. 

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Lo que los trabajadores piden en la discusión del salario mínimo 

Así las cosas, la verdadera pelea del Gobierno de Gustavo Petro será con los trabajadores, quienes llegaron a la mesa con una propuesta del 20 por ciento. El tema tiene tintes políticos, pues desde que llegó al poder, Petro se ha mostrado cercano a los intereses de los sindicatos.   

Una muestra de esto es el nombramiento como ministra de Trabajo, de Gloría Inés Ramírez, quien viene de militar en partidos de izquierda y tiene un amplio recorrido como líder sindical. Ramírez fue parte del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), infaltable en la mesa de negociación del salario mínimo. 

Con este panorama, Petro tendrá que convencer a los trabajadores de un aumento moderado, algo que no podrá hacer si no pone sobre la mesa otros beneficios. De hecho, los trabajadores ya le presentaron al Gobierno cuatro propuestas para ayudar a aliviar el bolsillo de los colombianos. 

La primera es cambiar la fórmula para el cobro de la energía, luego está la reducción de la tasa de usura (38,6 por ciento), el control a los precios de los medicamentos y la intervención en el mercado cambiario. A esto se suma desindexar el salario mínimo de cobros como el del copago de las EPS, el aporte a pensiones mínimas, las multas, entre otros. 

Ninguna de esas peticiones es sencilla, primero, porque implican un costo considerable y, segundo, porque pueden tener efectos macroeconómicos. Para dejar satisfechos a los trabajadores, Petro tendría que echar mano de la reforma tributaria o de otro fondo, una carga que se suma a otras, como la del subsidio al 50 por ciento del SOAT o las nuevas transferencias sociales. 

La discusión por el aumento del salario mínimo empezará a aclararse el próximo 5 de diciembre, cuando el Dane publique el dato de la inflación mensual y anual. 

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