Claves para entender las sanciones de la JEP a exjefes de las Farc

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los integrantes del antiguo secretariado de las Farc reconocieron su responsabilidad en los casos de secuestro. Ahora, el tribunal tendrá que definir las sanciones que les impondrá a cada uno, que en todo caso no podrán superar los ocho años. 

Según las investigaciones de la JEP, las Farc secuestraron a más de 21.000 personas durante el conflicto armado, una cifra que incluso podría ser mayor teniendo en cuenta los subregistros de las bases de datos que están a la mano. 

Para el tribunal, estos crímenes hacían parte de una política estructural de la guerrilla, con la cual buscaban réditos políticos y económicos. “Convertía a los seres humanos en cosas cuyo valor no radicaba en la dignidad humana”, dijo la JEP en el escrito de imputación del Caso 01. 

Por estos crímenes, hoy responden ante el tribunal siete exintegrantes del llamado Secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño (Timochenko), Jaime Alberto Parra (El Médico), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda Escobar. 

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Para la JEP, todos reconocieron efectivamente su responsabilidad individual y colectiva en los casos de secuestro, “así como la responsabilidad de mando de cada uno por los crímenes de guerra de torturas, tratos crueles y otros tratos inhumanos, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado contra los secuestrados”.

Esto significa que la justicia transicional encontró en dicho reconocimiento un carácter “restaurativo”, lo cual es suficiente para aplicarles sanciones que van desde los cinco a los ocho años. Puntualmente, seis de los comparecientes tendrán penas de ocho años y solo Granda, quien no tuvo responsabilidad de mando, recibirá una sanción cercana a los cinco años.

Las posibles sanciones a las Farc por los casos de secuestro

La pregunta que muchos se hacen es si los exjefes de las Farc tendrán que pagar cárcel o qué tipo de penas les serán impuestas. Si bien es cierto que la JEP contempla la restricción de libertad y movilidad, la resolución de conclusiones advierte que no podrán ser restricciones carcelarias. 

Este ha sido uno de los puntos más explotados por los críticos del Acuerdo de Paz, pero como la ha señalado el tribunal, lo que se busca es que las sanciones tengan, principalmente, un contenido restaurador y reparador. 

En este sentido, la Sala de Reconocimiento aprobó algunos proyectos de reparación propuestos por los comparecientes: trabajos de desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, restauración ambiental del páramo de Sumapaz, y actividades de memoria. 

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Este último punto está relacionado con la realización de un libro y un audiolibro en el que los comparecientes trabajarán directamente con las víctimas y sus familiares. A esto se suman trabajos de pedagogía y un monumento con los nombres de todos los secuestrados. 

Frente a este punto la JEP pidió incluir, más que acciones simbólicas, mecanismos que permitan, por ejemplo, que las víctimas tenga encuentros privados con los exjefes de las Farc, en los que éstos pidan perdón y acuerden otros mecanismos de reparación directamente con los afectados.  

Ahora, el Tribunal de Paz tendrá seis meses para hacer un juicio de correspondencia, escuchar a las víctimas y emitir una sentencia que materialice las sanciones y roles para los comparecientes.

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