¿Servirá la visita de la CIDH para superar la crisis en Colombia?

¿Son vinculantes las recomendaciones de la CIDH? ¿Qué pasa si Colombia no las cumple? Análisis.

Por Mireya Camacho, PhD en Derecho. Especial para Diario Criterio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya inició oficialmente su visita de trabajo a Colombia, que se extenderá hasta el jueves 10 de junio para observar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas que empezaron desde el 28 de abril.

La delegación es liderada por la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, y es integrada por los comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón, la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi; la secretaria ejecutiva adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación, María Claudia Pulido, el relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y personas del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva.

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Las visitas de la CIDH a Colombia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conforma el sistema interamericano de protección de derechos humanos.

La CIDH es el organismo interamericano que se encarga de revisar si se admiten o no los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por los Estados que hacen parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), como en el caso de Colombia, para que posteriormente sean juzgados por la Corte IDH.

Además de revisar la admisibilidad de los casos, decreta medidas cautelares cuando las amenazas contra el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal son inminentes. A través de grupos temáticos y de relatores especiales, hace seguimiento a la situación de derechos humanos en determinados países o derechos.

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En el marco del seguimiento al monitoreo de la situación de derechos humanos, hace visitas que pueden ser de trabajo, en las que designa a algunos de los comisionados, o in loco, en las que va a los países a revisar situaciones puntuales para emitir sus informes anuales. La de esta semana en Colombia es una visita de trabajo.

De las 102 visitas que a la fecha ha realizado la CIDH a todos los países de la OEA, Colombia ha tenido 7 in loco. La primera en 1980 y la última en 2012.

Sobre las visitas de trabajo de la CIDH a Colombia, además de la de esta semana, la más reciente fue del 15 al 18 de mayo de 2018, en razón a que la Comisión identificó a Colombia como un país clave debido a las múltiples formas de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes, en Cali y Bogotá.

Otra fue la visita a la frontera de Colombia con Venezuela, del 10 al 12 de septiembre de 2015, con el propósito de monitorear la situación de los derechos humanos de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo de nacionalidad colombiana que fueron deportados o que retornaron a Colombia tras el cierre del principal cruce fronterizo entre San Antonio, estado de Táchira (Venezuela), y Cúcuta, Norte de Santander, decretado el 19 de agosto de 2015, y la declaratoria del estado de excepción por parte de Nicolás Maduro el 21 de agosto de ese mismo año.

El sentido de estas visitas varía. En el caso de las que son in loco, sirven para verificar hechos denunciados; por lo general se envían cuestionarios previos al respectivo Estado y del resultado se incluyen observaciones y recomendaciones a los Estados en los informes anuales o informe de país. Las visitas de trabajo resultan con un informe y con recomendaciones para que los Estados implementen medidas que eviten amenazas o vulneraciones a los derechos humanos.

¿Qué tan vinculantes son las recomendaciones de la CIDH?

Las expectativas de diferentes sectores respecto a esta visita de trabajo a Colombia radican en la creencia de que los sistemas internacionales de protección de derechos humanos son una instancia adicional en los Estados. Los peticionarios a veces confunden esa situación y creen que allí se lograrán los resultados que no se dieron en el respectivo país. Sin embargo, en la práctica, los procesos son tan demorados que esa instancia resulta un poco desalentadora.

La Convención Americana, en su artículo 41, establece en las funciones y atribuciones de la CIDH. El literal b) dice: “formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos”

Las recomendaciones no son sentencias, como las de la Corte IDH, pero dado el valor moral, jurídico y político, los Estados deben cumplirlas. Sin embargo, su vinculatoriedad es efímera. Obedece más a una potencial represión del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos a cada Estado para hacer exigibles las recomendaciones. Colombia es respetuosa de esta diplomacia, pero el nivel de cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana, y más aún de las recomendaciones de las CIDH o de las medidas cautelares decretadas por esta, es inferior al que se espera.

En muchas ocasiones, las medidas cautelares decretadas por la CIDH o las medidas provisionales de la Corte Interamericana no se cumplen y requieren que el peticionario recurra al mecanismo de protección constitucional interno, como es la acción de tutela, para lograr su garantía. Ese es el caso de la sentencia SU 111 de 2020, de la Corte Constitucional, entre muchos otros ejemplos.

Sobre los informes, ya sean de país, especiales o de visitas, Colombia ha tenido 10, en los que se enumeran muchas recomendaciones que aún siguen sin ser resueltas. Bajo esta perspectiva está la esperanza de muchas organizaciones sociales de ser escuchadas en el marco del paro. Más vinculatoriedad tendrán los casos individuales que requieren una serie de requisitos para ser admitidos, como el agotamiento de recursos internos, la verificación de una vulneración a alguna de las normas contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos u otros tratados interamericanos de derechos humanos que permitan este mecanismo.

A pesar de la rigidez del mecanismo y de su poco carácter vinculante, la visita de la CIDH constituye una alerta para el Estado colombiano frente a la potencial declaratoria de responsabilidad por el incumplimiento de los derechos humanos en Colombia, para ponerlo al nivel de incumplimiento de la normatividad y de las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como le ha pasado en varios informes a Venezuela.

¿A quién más escuchará la CIDH?

Se espera escuchar al grupo más amplio de ciudadanos, víctimas y sus familiares, autoridades de distintos niveles de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, representantes de organizaciones de la sociedad civil, colectivos, agrupaciones, sindicatos y otros representantes de sectores afectados por las protestas.

Asimismo, este lunes en la mañana, en la sede de la Cancillería, los delegados de la CIDH se reunieron con el presidente Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, y el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez.

Además, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tiene un encuentro programado con la CIDH.

Este miércoles 9 de junio, durante una nueva jornada de protestas, la CIDH se reunirá con representantes del Comité del Paro. El jueves, por su parte, la alcalde de Bogotá, Claudia López, le entregará a la comisión un informe sobre la situación de derechos humanos durante los días de paro.

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