SIC investigará a 29 equipos, Federación y Dimayor por discriminar a mujeres futbolistas

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) acaba de tomar una decisión histórica a favor de las mujeres futbolistas profesionales: investigar y abrir pliego de cargos contra la mayoría de equipos de la Liga, además de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), como Ramón Jesurún y Luis Fernando Jaramillo.

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En una resolución de 81 páginas, expedida por el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, la SIC hizo un profundo análisis sobre la estructura del fútbol colombiano, su organización jurídica y económica y la forma como se maneja la Liga Femenina en comparación con la de los hombres.

Esto, para concluir que en la Liga Femenina no se cumplen con las suficientes condiciones y garantías para exista un libre mercado, sino que, por el contrario, desde la Dimayor se fijaron directrices y conductas, como una minuta unica de contrato por un salario mínimo o equipos solo de 15 jugadoras, entre otras. Condiciones muy diferentes a las que rigen el mercado del balompié masculino.

La SIC determinó abrir investigación y formular pliego de cargos contra la FCF, la Dimayor y los equipos Millonarios, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Junior, América, Cali, Deportes Tolima, Atlético Huila, Independiente Medellín, Once Caldas, Pereira, Alianza Petrolera, Envigado, Cortuluá, Patriotas Boyacá, Deportivo Pasto, Real Cartagena, Real Santander, Deportes Quindío, Atlético Bucaramanga, Chicó Futbol Club, Fortaleza, Unión Magdalena, la Equidad, Cúcuta Deportivo, Llaneros, Orsomarso Sport Club y Bogotá Futbol Club para determinar si infringieron la prohibición general prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959.

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De igual forma, la Superindustria determinó abrir investigación y formular pliego de cargos contra Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, junto con Jorge Enrique Vélez, expresidente de la misma, además de otros de sus directivos o exdirectivos, como Diego Fernando Perdomo, Eduardo Méndez, Carlos Alberto Barato, Carlos Mario Zuluaga Pérez y Óscar Ignacio Martán.

Las denuncias de la SIC contra la Dimayor y la FCF

Según la SIC, “desde la Dimayor, como entidad encargada de organizar, administrar y reglamentar los campeonatos del fútbol profesional colombiano, se habría discutido la necesidad de contar con un modelo para contratar a las jugadoras que se habría distribuido hacia los clubes de la liga profesional de fútbol femenino en Colombia. Los clubes habrían celebrado contratos con las jugadoras teniendo en cuenta este modelo que tenía una tendencia a reconocer únicamente lo mínimo en relación con algunos aspectos laborales (…), como el salario y el término de duración, entre otros. El reproche consistiría en que alinear las condiciones contractuales entre competidores puede generar una distorsión en el mercado, impidiendo que la dinámica de competencia se desarrolle”.

De igual forma, la SIC considera que, desde las Juntas de Competencia y la Asamblea General de clubes de la Dimayor, los clubes de fútbol profesional que han participado en la liga femenina colombiana habrían fijado una tabla de salarios según la cual, de acuerdo con la categoría en la que encajara cada jugadora, se determinarían los topes salariales a los que tendría derecho como remuneración por sus servicios profesionales.

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Adicionalmente, dentro de los mismos órganos de decisión, de la Dimayor se habría cerrado la posibilidad de contratar jugadoras extranjeras.

Para la SIC, la decisión de los directivos de la Dimayor y de los clubes de fútbol profesional femenino se habrían negado a recibir fondos públicos, provenientes del Ministerio del Deporte, lo cual habría permitido dinamizar la Liga y el mercado, y evitar así que los clubes fueran vigilados y auditados.

Un asunto polémico y complejo es el del contrato firmado entre la División con Win Sports para los derechos de televisión y transmisión de los torneos organizados por la primera, pues esto “habría perjudicado el desarrollo del fútbol profesional femenino. Esto, como quiera que se habría estipulado, que únicamente se transmitiría un partido de la Liga Profesional Femenina de Fútbol que, en todo caso, podía reemplazarse por cualquier otro partido, incluso de la liga masculina“, describe la entidad en la resolución.

La decisión expedida por la Superintendencia empezó a ser enviada a todos clubes y directivos vinculados, quienes tendrán que responder ante la entidad por estas acusaciones.

De ser comprobadas las conductas, de acuerdo con un comunicado expedido este viernes por la SIC, se podrían imponer multas hasta de 100.000 salarios mínimos mensuales, es decir, unos 116.000 millones de pesos por cada infracción; y a las personas naturales que hubieran colaborado, hasta de 2.000 salarios, unos 2.320 millones.

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