La Superindustria se le mete al rancho al fútbol para proteger a las futbolistas

En medio de las celebraciones por el Día de la Mujer, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidió darles una regalo a las futbolistas al extender una inspección, sin precedentes, a toda la estructura de este deporte en Colombia para determinar si han sido objeto de prácticas anticompetitivas o restrictivas.

Desde el lunes 6 de marzo, funcionarios de esa entidad se han tomado, de forma escalonada, las sedes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la Dimayor, de la Difutbol y de equipos como el América, Deportivo Cali, Atlético Nacional, Junior, Santa Fe, Deportes Tolima, Huila, la Equidad, Cortuluá, Deportes Tolima y Orsomarso.

De acuerdo con varias versiones, la SIC aún tenía abierta, desde 2021, una investigación contra 16 equipos y la Dimayor por, supuestamente, limitar los derechos profesionales de los jugadores.

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Esto, en respuesta a una queja que el 23 de abril de 2021 hizo la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) contra la Dimayor y la Federación porque se habría vetado a varios profesionales para jugar en los torneos locales. Esto hizo que a finales de noviembre de ese año el entonces superintendente, Andrés Barreto González, les abriera un pliego de cargos a 16 equipos.

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En su momento, la SIC identificó mensajes de los clubes investigados en los que se habla de “un listado de jugadores vetados con los que se restringe la negociación de sus derechos deportivos, en lo que constituiría un acuerdo anticompetitivo entre los clubes por la adquisición de estos derechos”.

Finalmente, las investigaciones y eventuales sanciones quedaron en el limbo con el cambio de gobierno, en parte, por una ‘jugadita’ que la administración Duque hizo al final del periodo para beneficiar a los directivos y equipos, tal y como DIARIO CRITERIO denunció en su momento.

En esencia, la misma SIC suspendió la investigación frente a la oferta que hicieron la Dimayor y 20 equipos de garantías para no repetir aparentes vetos, listas negras o prácticas para perjudicar los deportistas.

Pero lo que muchos no contaban es que, desde hace varios años, el presidente Gustavo Petro tiene el fútbol entre sus preocupaciones, debido las viejas historias y relaciones no muy claras que han sostenido algunos equipos y directivos con personas investigadas o condenadas por narcotráfico, lavado de activos o grupos armados. A esto se suma el incumplimiento continuo del fútbol y sus directivas para crear una liga femenina profesional, con los mismos calendarios, remuneraciones y beneficios de los jugadores masculinos.

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Como aún la SIC no había determinado, dentro de las investigaciones previas, si en el ramo de las mujeres también hay prácticas anticompetitivas por parte de la Dimayor, los clubes, la propia Federación o la poderosa y nunca investigada División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difutbol), decidió revivir esa investigación.

Como hecho relevante está que en las visitas, los funcionarios se llevaron copias de los celulares, computadores, correos electrónicos, entre otros, de los mismos Ramón Jesurún, presidente de la Federación; Fernando Jaramillo, de la Dimayor; Álvaro Gonzalez, de la Dimayor; además de los miembros del comité director de la Federación y los equipos investigados.

El director de Publimetro y columnista de DIARIO CRITERIO, Alejandro Pino Calad, fue uno de los primeros en contar lo ocurrido:

Estas pesquisas, que normalmente buscan determinar prácticas anticompetitivas o de ‘cartelización’ —como las que demostró en los ‘carteles’ del papel higiénico, los pañales o el cemento—, han estado acompañadas de la solicitud de información que, difícilmente, se les había pedido a los equipos.

Como El Espectador advirtió y varias fuentes cercanas a la SIC confirmaron a DIARIO CRITERIO, esta entidad les pidió una larga lista de información a los clubes investigados, entre ellas, cuál es la composición accionaria y controlante de los equipos; sus estatutos, balances contables desde 2017 debidamente aprobados por los revisores contables; activos, negocios relacionados con la institución deportiva o del manejo de las transacciones, y relaciones con todos sus futbolistas, mujeres y hombres.

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Los inspectores y funcionarios de la Superintendencia también se llevaron copias de los libros de accionistas y juntas directivas, y pidieron un detalle de todas las transacciones comerciales hechas por los clubes.

Además de toda esta información, la SIC pidió todos los contratos y documentos relacionados con varios negocios de la Dimayor y la Federación, como el de los derechos de televisión.

Aunque aún no es claro si las pesquisas de la SIC, en la que María del Socorro Pimienta está como encargada, se extenderán a más equipos profesionales, lo cierto es que la información requerida y la forma como actuaron marcaron en comienzo de un nuevo partido entre la Superintendencia y el fútbol. Las apuestas de lo que pueda resultar son inciertas.

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