Memoria en disputa: El debate detrás de la estatua de Belalcázar que fue derribada por los Misak

En la mañana de este miércoles 28 de abril, durante el desarrollo del Paro Nacional contra la Reforma Tributaria, el pueblo indígena Misak derribó la estatua de Sebastián de Belalcázar, ubicada al occidente de Cali. Este hecho va más allá del monumento del fundador de la ciudad, el tema -analizado desde diferentes perspectivas- tiene en el centro un debate sobre la historia y el patrimonio cultural del país.

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Hasta el momento, parece que las posiciones se pueden agrupar en tres grupos: quienes defienden la caída de la estatua, los que tildan de vándalos al pueblo indígena y quienes promueven una resignificación de estas representaciones. Además, queda en el aire la pregunta de ¿quién debería decidir la suerte de los monumentos en discordia? 

Este no es un hecho aislado. El 16 de septiembre de 2020 el pueblo indígena Misak derribó la estatua de Belalcázar situada en el Morro del Tulcán, Popayán. “La caída de las estatuas hace parte de un proceso de restitución de la memoria colectiva”, asegura Indy Piapya Fernández, lideresa indígena Misak.“Fuera los símbolos de opresión”, era una de las consignas del pueblo indígena en las manifestaciones. 

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Pedro Velasco, líder indígena Misak y vocero del movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (Aiso), asegura que eliminar la estatua hace parte del proceso de reivindicación, tanto de la memoria de este pueblo, como de sus procesos culturales y  territoriales. 

La primera estatua fue derribada por los indígenas después de que la jurisprudencia del pueblo Misak determinó que Belalcázar es responsable de varios crímenes. “Magnicidio, despojo, violación, empalamiento e invisibilización de la memoria colectiva, y estos son solo algunos de los crímenes porque en la memoria oral y colectiva de los pueblos hay más hechos aterradores”, afirma el vocero. 

Incluso, el colonizador fue condenado a muerte por la Corona Española en 1546. Algunas versiones señalan que Belalcázar, tras ser denunciado por los abusos contra los indígenas, ordenó el asesinato del juez Jorge Robledo, quien había sido enviado por un tribunal español para verificar los hechos de violencia. 

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El debate

El historiador Fabio Zambrano, profesor de la Universidad Nacional, explica que para analizar este hecho es necesario partir de la diferenciación entre memoria e historia. Zambrano asegura que es difícil encontrar una unión entre los dos conceptos, ya que la primera es individual y la otra colectiva. “La visión de Belalcázar como un genocida hace parte de la memoria del pueblo Misak, lo cual es respetable. Pero en la historia, su imagen también tiene la dimensión de fundador de ciudades, urbanista, entre otras”, asegura. 

El profesor aclara que, si bien es cierto que Belalcázar, como los demás conquistadores, fue un genocida y que la historia siempre la escriben los vencedores, es imposible borrarla de la realidad. “Otra cosa es ver qué posición ocupan en la historia y si es necesario reescribirla, pero yo no creo que esa reescritura esté en la destrucción de las estatuas”, dice. 

Monumento de Belalcázar derrumbado por comunidad Misak. Foto: Flickr
Monumento de Belalcázar derrumbado por comunidad Misak. Foto: Flickr

Una opinión similar tiene Alberto Escovar, director de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, quien cree que la solución debe nacer de los consensos y de la resignificación de los símbolos. “Algo así pasó en Lima, cuando varias comunidades abrieron la discusión sobre el monumento de Francisco Pizarro y este fue reubicado pacíficamente”, dice Escovar. 

En línea con la propuesta de resignificación, se pueden encontrar ejemplos como lo ocurrido en Auschwitz, uno de los peores campos de concentración usados durante el Holocausto. En este caso, los polacos decidieron mantener el lugar como un testimonio para comprender lo ocurrido y que no volviera a pasar. 

Escovar manifiesta que las instituciones están abiertas a generar diálogos para avanzar en la resignificación.”En el caso de Popayán, se redescubrió que el lugar donde se había puesto a Belalcázar era una piramide prehispanica, entonces el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural acordó que no podría ponerse de nuevo en ese lugar”, asegura.

Sin embargo, el líder Velasco argumenta que los gobiernos nunca los han tenido en cuenta para tomar decisiones que los afectan directamente, por el contrario, dice que: “el Estado ve las acciones de las comunidades como vandalismo, pero lo que hemos hecho es resistir a la hegemonización cultural por más de 500 años”. 

Monumento de Belalcázar derrumbado por comunidad Misak. Foto: AISO
Monumento de Belalcázar derrumbado por comunidad Misak. Foto: AISO

Por ahora, encontrar un acuerdo en el tema parece complicado. Para Monika Therrien, profesora de la Maestría en Patrimonio Cultural y Territorio de la Universidad Javeriana, la solución puede estar en la unión de todas las voces. “La construcción de patrimonio cultural desde hace muy poco admite que el proceso de identificar, nombrar y preservar los monumentos debe contener un alto componente de participación”, dice Therrien.

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Al respecto, Zambrano comenta que si la pregunta es cómo lograr la participación, para él solo se alcanza con educación. Es decir, encontrar la forma de enseñar sobre Jiménez de Quesada o Sebastián de Belalcázar sin tomar una sola cara de la historia. “Esta es una oportunidad pedagógica para ampliar el conocimiento histórico”, agrega el profesor. 

Lo más probable es que se desate una polémica en la ciudad de Cali por la posición de varios ciudadanos que admiran y sienten como parte de su identidad el monumento. En este sentido, algunos expertos advierten que el papel de los símbolos no es el de referencia, sino que deben enseñarse, comunicarse y generar reflexiones. El vocero Velasco, por su parte, dice que no entienden como “líderes de partidos tradicionales y alternativos alaban símbolos de poder colonial argumentando que son patrimonios históricos culturales”.

La caída de la estatua de Belalcázar muestra la necesidad de abrir una discusión pública respecto a qué debería pasar con los monumentos que evocan contradicciones y cómo decidir si permanecen. 

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