“Me manosearon hasta el alma”: Alison Salazar Miranda, antes de morir

La adolescente se suicidó al día siguiente de ser detenida por el Esmad. Antes de quitarse la vida, la joven dejó un mensaje en su cuenta de Facebook.

La historia de Alison Salazar Miranda es dolorosa e indignante por donde se le mire. Si bien en redes sociales circula un coctel explosivo que mezcla verdades con mentiras, lo único cierto es que la joven de apenas 17 años de edad, hija de un intendente de la Policía, está muerta.

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El reporte oficial habla de suicidio, mientras que en las calles de Popayán y redes sociales se grita a todo pulmón que la asesinaron, tal como lo replicó el senador y líder indígena Feliciano Valencia, en su cuenta de Twitter.

¿Cómo pueden existir dos versiones tan contradictorias?

La detención de Alison se produjo el pasado 12 de mayo a las 8:57 de la noche, en medio de protestas y desmanes que se presentaron en el barrio La Esmeralda de Popayán. Justo en ese sitio se hallaba Kevin Acosta, periodista que transmitió en vivo las manifestaciones a través de una plataforma de comunicación llamada Red Alterna.

Cuando Kevin llegó al sitio exacto donde estaba Alison, ya los uniformados del Esmad y algunos patrulleros de la policía la habían detenido: “Alcancé a ver que ella estaba sentada en el andén. Luego llega un policía y le dice que se pare. En ese instante llega otro agente que le propina a la joven un golpe en el abdomen, que no se alcanza a ver muy bien en el video. A partir de ahí comienza el forcejeo y ella les decía que era menor de edad, que la soltaran, que no hizo nada”, recordó el reportero consultado por Diario Criterio.

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En las imágenes que grabó en vivo y en directo el joven Acosta se observa que los uniformados la llevaban por la fuerza, sujetada de pies y brazos, sin esposar, hacia la sede de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, ubicada a pocas cuadras en el sector de Chirimía. “A ese lugar estaban llevando a todos los detenidos”, explicó el periodista.

También se escucha cómo la joven Alison les reclamaba porque le estaban bajando el pantalón en el forcejeo y por su celular. De acuerdo con la bitácora de las autoridades, la menor de edad fue entregada a su abuela a las 10:51 de esa misma noche.

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Sin embargo, al día siguiente en Popayán circuló rápidamente la noticia del suicidio de la adolescente y, en medio de la marea de información y desinformación, a través de redes sociales señalaron al Esmad como responsable de su muerte.

Al respecto, el propio general Ricardo Alarcón, comandante de la Regional Cuatro de la Policía en todo el suroccidente colombiano, publicó un video en las redes sociales de la institución para desmentir versiones falsas sobre el hecho: “Ante la noticia que viene siendo publicada en diferentes medios, especialmente por redes sociales, en la que se afirma la posible violación y muerte de una adolescente en unas instalaciones policiales, la Policía Nacional se permite afirmar de manera categórica que es una noticia, aparte de falsa, vil y ruin”.

En efecto, Alison nunca estuvo detenida en las instalaciones de la Policía, sino en las de la URI. Su muerte se produjo al día siguiente, en su casa ubicada en el barrio El Uvo.

Lo que sí será materia de investigación es la denuncia que hizo la propia víctima, a través de su perfil de Facebook, sobre una posible agresión sexual por parte de los cuatro uniformados del Esmad que la detuvieron y por la fuerza la llevaron hasta la URI, tal como se ve en los videos.

“¿Les tocó coger me (sic) entre 4 no Hijueputas? Yo soy a la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa, cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban “desnuando” (sic) quitando el pantalón”.

“Pero casi les da un mal cuando me revisaron los documentos y se dieron cuenta que soy hija de un policía, apoyo totalmente el paro y las manifestaciones, pero ayer NO ESTABA CON LOS DE LAS MARCHAS”, escribió en el muro de su perfil de Facebook.

De hecho, Casa Mujer, un colectivo feminista que trabaja hace más de tres décadas por los derechos humanos de las mujeres, se puso al frente de este caso y exigió a las autoridades investigar, con enfoque de género, la presunta agresión sexual y sancionar a los responsables.

Reformar la Policía

Alison podría convertirse en el combustible que avive la llama de indignación que crece como espuma contra la fuerza pública y sus presuntos abusos desde el 28 de abril, día en que se iniciaron las protestas. Para más señas, hoy el país amaneció con una propuesta de reformar a la policía, liderada por el expresidente César Gaviria.

Si bien hasta la publicación de esta nota no había una prueba contundente que relacione la muerte de Alison con el Esmad, lo cierto es que el mensaje que publicó en su perfil de Facebook deja entrever que para la adolescente el episodio de su detención, y la forma como procedieron los uniformados, fue humillante y abusiva.

Por eso, hay quienes hilan muy delgado y se aventuran a sentenciar que el mensaje que publicó en realidad es una carta suicida y, por tanto, no dudan que las presuntas agresiones de las que fue víctima por parte del Esmad la llevaron a terminar con su vida.

No obstante, Lizeth Montero, abogada que representa a la familia de la víctima en el proceso, se concentra en algo más revelador que se aleja de esa hipótesis: “El mensaje es una clara denuncia sobre una agresión sexual y decir que es una nota suicida es una especulación”, enfatizó la abogada, tres aclarar que no darán detalles sobre la manera como la joven aparentemente se quitó la vida, por respeto a ella y su familia.

En la actualidad, las autoridades se concentran en el dictamen de Medicina Legal que establecerá con certeza la causa de muerte de Alison y si tenía heridas previas en su cuerpo o señales de abuso sexual.

Mientras tanto, en las calles y especialmente en Popayán, la denuncia despertó tanta indignación y repudio que en redes sociales es tendencia. Solo esperemos que, en medio de tanta marea de desinformación, no se sacrifique la verdad de lo que en realidad pasó con la joven Alison Salazar Miranda.

Por su parte, el general Alarcón anunció que ordenó apartar de sus funciones a los cuatro agentes del Esmad involucrados en la detención de la adolescente para que se pongan a disposición de la Fiscalía, y se abrieron las respectivas investigaciones disciplinarias.

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Las diez parábolas del arzobispo de Cali sobre el paro, el Gobierno y el país

Muy fiel a su estilo frentero, monseñor Darío Monsalve habló sobre el estallido social que padece Colombia tras 15 días de paro, con opiniones polémicas sobre los bloqueos de vías, los saqueos y el vandalismo.

Colombia y el mundo ya están acostumbrados a las explosivas declaraciones del arzobispo de Cali, Darío Monsalve, que se ha ganado fama de no tener pelos en la lengua y exponer sus duras posturas, sin medirse en diplomacias, en contra de los abusos e injusticias contra los desprotegidos.

De ahí que una de las voces más esperadas para hablar del paro nacional sea justamente la de monseñor Monsalve, y que llegan en medio del estallido social que vive la capital del Valle desde el pasado 28 de abril y deja decenas de muertos, miles de heridos, cientos de desaparecidos, pérdidas millonarias aún no cuantificadas y una ciudad desabastecida.

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Las declaraciones del arzobispo siempre sacuden al Gobierno y a la Iglesia. Su más reciente terremoto político lo causó al asegurar que el Gobierno Duque era tirano y genocida; o cuando criticó al Gobierno Santos por no preservar la vida del máximo jefe de las Farc, Alfonso Cano, abatido por el ejército el 4 de noviembre de 2011.

Pero detrás de esa cruda irreverencia hay un hombre de fe, generoso, misional y con amplia experiencia en el diálogo y la comunicación entre polos opuestos. Todo un gestor de paz.

En la mañana de este jueves 13 de mayo, rompió su silencio en La W radio durante 52 minutos y explicó que lo hizo porque en el fondo sentía que tenía muchas cosas para decir. Y las dijo. Algunas muy duras y controversiales, y otras con el tono conciliador que lo caracteriza. Aquí resumimos las diez ideas concretas de su discurso radial.

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1. Protesta y diálogo

El arzobispo no se opone a la protesta y mucho menos al diálogo, pero coincide con los propios manifestantes en que, antes de llegar a una concertación, es el Estado el que debe garantizar sus derechos.

“He sugerido dos consignas; una protesta sin armas y eso es toda una expresión, es volver las calles a la gente; y lo segundo, concertación con garantías. Eso significa un compromiso de inclusión inmediata, una anticipación de derechos no reconocidos a sectores de reclamantes, sobre todo en los puntos de bloqueo y una estrategia de conversación pronta, porque no son diálogos alargados, dilatados, sino de anticipar derechos, como es el deber del Estado, ya que mucha gente de los que están en las protestas no son sujetos de derechos. Para ello, pues lógicamente el esquema militar no ayuda, en la medida en que se disparan armas dentro de la ciudad”.

2. Indignación represada

Monseñor Monsalve cree que los actos de vandalismo y saqueos son una expresión de una actitud e indignación represada de los manifestantes.

“Hay una actitud represada en el alma de la gente que se ha expresado también con saqueos y vandalismo en algunos sectores (…). Todo este tema de destrucción es un simbolismo en relación con la carestía, con la opresión que siente la gente en términos económicos”.

3. Ejército y Policía como fuerzas disuasivas

Una de sus posturas polémicas, y que va en contravía de la mano dura que se proclama desde el uribismo y el mismo gobierno, tiene que ver con la idea de convertir al Ejército y Policía como fuerzas disuasivas de los ciudadanos que protestan.

“La verdad que es muy difícil (saber quién dispara) y yo estoy tratando solo de que no disparen, porque aparece gente disparando por todos los lados, se han movido por toda la ciudad como ´pedro por su casa´, se han identificado carros de alta gama, blindados, a veces escoltados aparentemente por la policía, o realmente, se ha confundido los carros de la policía con hombres armados que bajan y disparan, se han encontrado implementos, bueno ha habido de todo”.

El tema es lograr que no disparen y he propuesto que el Ejército y la Policía sean fuerzas disuasivas”.

Le he dicho al general Hoover Penilla (subdirector de la policía) que hay que reconciliar a la policía con la ciudadanía, porque las imágenes de lo de Bogotá en épocas anteriores, meses anteriores y lo de ahora en Cali, para no hablar sino de esas dos grandes ciudades, son realmente desalentadoras y desgastadoras; entonces necesitamos que la policía reorganice a sus unidades para proteger a quienes también hay que reconocer como sujetos de derecho a la vida”.

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4. Desarmar a la policía y a los civiles

El jerarca de la Iglesia católica en Cali fue más allá al pedir que la policía debe acompañar los bloqueos, pero desarmados, y criticó el rearme de la población civil.

“Que en cada punto de bloqueo haya una unidad de policía con radios o lo que sea, pero sin armas de fuego, pero debidamente coordinados y que en la ciudad haya retenes por toda la malla vial del Ejército, como en otras épocas, pero fundamentalmente para que hagan requisas, detectar armas y sancionar a quien las lleve; hay que congelar el porte de armas, hay que congelar el uso de armas amparadas y de permisos“.

Yo siempre he dicho que esta es una ciudad con un arsenal por donde la mire; seguridad privada, particulares, gente con armas amparadas, pandillas urbanas, milicias, entorno geográfico de un policrómico inmenso, mar de gente en distintas cosas, que las disidencias, nombres interminables de mencionar y todos peleándose por los territorios, las rutas, de los ríos San Juan, Mira, Naya, que junto con el océano hoy por hoy forman la ruta más grande no solo para el tráfico de narcóticos, lavado de activos, sino de tráfico de armas, contrabando y trata de personas. Entonces hay unas economías ilegales muy fuertes, muy poderosas y van cooptando a todas estas organizaciones. El riesgo es que todo ese entorno se una con el arsenal urbano y se genere una situación irreversible estilo ciudades del oriente (Siria)”.

5. No satanizar el bloqueo

Para monseñor Monsalve, los bloqueos son una herramienta de protesta de los sectores excluidos y estigmatizados.

“Que no se satanice el bloqueo. El bloqueo es el único elemento que tuvieron estos sectores excluidos tradicionalmente en sus territorios y jóvenes barriales estigmatizados y degradados en su forma de vivir”.

A esos 50.000 jóvenes en Cali, no sé cuántos estarán en la protesta, tradicionalmente excluidos, pues hay que decirles ustedes: ‘también son un yo, un sujeto de derechos’. No les podemos decir ´yo amo a Cali´, no. Tenemos que decirles, al contrario, ´Cali me ama´; ellos tienen que sentir que ellos también son incluidos. Esta tarea de inclusión inmediata exige también que todos dejemos la confrontación y nos metamos también en una cooperación de salvamento colectivo (…) Sí a la protesta, no al bloqueo, pero no se dan cuenta que también esa gente que hace los bloqueos la está pasando muy mal, tienen víctimas, sus familias que eran sostenidas por tal muchacho, [que] está ahora desaparecido, encarcelado, o muerto, o herido, o fugándose. Cuando la gente está en una protesta es verdaderamente porque no tiene mínimos vitales. Si tú le dices a un muchacho ‘deje pasar comida’, pero a ese muchacho no le ofreces comida. (…) Siempre lo he dicho, si se meten a sacar los bloqueos a la brava, es darle el estartazo al arsenal que es Cali. (…) Eso es un punto de inflexión (los bloqueos) donde el instinto de conservación hay que convertirlo en instinto de cooperación, estamos en una emergencia ya o ya y es vida o muerte. El mecanismo de los bloqueos no es nuevo. Recuerden que Popayán estuvo bloqueado 45 días así en estas condiciones y sobrevivió; Buenaventura estuvo 23 días en el paro cívico en estas condiciones y sobrevivió”.

6. Militarizar fue un error

El arzobispo Darío Monsalve remarcó varias veces el error que significó militarizar las ciudades, especialmente Cali, y argumentó que el Gobierno tomó esa decisión por petición el poderoso sector económico.

“En Cali, por ejemplo, y esto lo digo con todo el cariño y respeto, los sectores fuertes económicos pidieron la intervención militar ante los destrozos del paro. El Gobierno acaba de justificar en esos destrozos la acción militar, se dio todo lo que se ha dado en Cali y que está por esclarecerse y establecer responsabilidades, incluida la del domingo con 10 o 12 indígenas heridos, algunos al borde de la muerte; esto los hizo sentir que los militares eran la solución, pero rápido en sus reuniones el sector económico de Cali entendió que no era por ahí, sino que era el camino de la concertación”.

7. Peticiones concretas

El arzobispo caleño adelantó lo que, según él, son las cuatro concesiones concretas iniciales que debe ofrecer el Gobierno a los manifestantes que lideran los bloqueos en las ciudades.

“Esta gente no está pidiendo el oro y el moro, ni está pidiendo hacer grandes revoluciones, sino que comencemos a abrir el camino de la inclusión inmediata y ese es el que estamos componiendo y yo los traduzco en tres (cuatro) puntos concretos: 1) Protección a la vida de esos reclamantes en los puntos de bloqueo. 2) Mínimos vitales para esos puntos de bloqueo. 3) Solidaridad con las víctimas de estos jóvenes y estos territorios, porque esta vez la protesta los protege a ellos, las familias y los vecinos están solidarizados con este tipo de jóvenes que antes del paro anterior eran solo los vecinos quienes se movían en el territorio, ahora están en torno a los puntos de resistencia y que nosotros llamamos de bloqueo, de diálogo y de encuentro. 4) Garantías jurídicas; ahí hace falta la Fiscalía con la anticipación de posibilidades de no judicialización, excarcelación de los que no tienen pruebas. (…) Todo eso vale centavos al lado de lo que cuestan las pérdidas y de lo que valen las pérdidas de vidas humanas, animales, de todo”.

8. Puente de confianza

Monseñor Monsalve reveló que, desde la orilla radical de quienes piden mano dura contra los manifestantes, han sido intransigentes frente a sus esfuerzos por lograr puentes de concertación, pero que, pese a ello, él y la iglesia seguirán en esa gestión.

“Se logra mucho con la palabra. A las personas que me han dicho, yo no soy inhumano, yo también siento rabia, pero no tengo ni odio ni rencor con nadie; yo he estirado siempre mi mano a la izquierda y a la derecha. He encontrado dentro de los sectores radicales, los indígenas, las negritudes, las plataformas ideológicas, los estudiantes, educadores, la subversión, los paramilitares, hemos encontrado muchas respuestas de querer llegar a un punto de acuerdos de paz, pero desde el otro lado, la otra orilla, ha sido mi gran sorpresa: estiro la mano y he encontrado la respuesta ‘no’ total, porque parcialmente hay gente que trabaja con nosotros, incluso empresarios, pero una respuesta mayoritaria intransigente; esa intransigencia ahora debe convertirse en cooperación y esa voluntad armada, y que es a bala que vamos a cambiar este país, debe volverse cooperación”.

9. Gobierno provocador

El sacerdote no duda en calificar al Estado colombiano como responsable de este estallido social para el que el actual gobierno encendió el fósforo, si bien, aclara, se trata de un descontento acumulado.

“En primer lugar, en el Estado colombiano las estrategias no pueden ser dilación, porque el Estado colombiano ha sido provocación. No podemos mentirnos: esto fue provocado y está siendo provocado. La reforma (tributaria) fue sencillamente el fósforo final de una cantidad de fósforos de promesas incumplidas. (…) Todo eso lo que genera la protesta, y ahora genera un paro que es agónico y que se une a una situación trágica con la pandemia, (…) sume todo eso y el resultado qué es: parálisis. ¿Vamos a seguir con eso? Hay que cambiar esa estrategia. Aquí no es el problema de una Conmoción Interior para establecer un Estado autoritario y a la brava y con armas, ya eso el mundo ni la comunidad internacional lo va a aceptar. Ese no es el camino”.

10. Legitimar al Gobierno

Este es quizás el argumento más duro del arzobispo Monsalve, al sugerir que el Gobierno debe legitimar de nuevo al Estado.

“Hay que saber leer esto y yo creo que el tema es que ya no estamos en una situación donde es la legalidad y punto a sangre y fuego, no señor. Le aseguro que este país que ha tenido más del 50 por ciento de abstención (electoral) en muchas ocasiones. Este país, donde posiblemente todo el mundo tenga cédula y a veces las cédulas de los muertos se utilizan también para los fraudes, este país donde mucha gente no sienten que hay un Estado, que hay ciudadanía, que ellos no son parte de este país, porque es un país complejo, multiétnico, con un abandono de los social pasmoso, porque el Pacífico no existía para el Estado, vino a existir ahora con el libre comercio internacional; toda esta forma de entender el país, de venderle el país al extractivismo, a entregárselo para montar seguramente negocios gigantescos de importación de maquinarias mineras, lo que sea, todo esto le ha hecho mucho daño a la sociedad colombiana. Ya estamos en una situación larguísima de ilegalidad, la economía no está ya más ilegal que legal”.

A veces hasta la misma gente piensa que el Estado maneja la economía ilegal, por miembros del Estado, por la corrupción. La contratación con coimas es economía ilegal, lo de Odebrecht, los puentes que se hacen, costosísimos, y al otro día se caen. Entonces, este es un país que necesita caminar hacia la legalidad, pero no hacia la ley; a la legitimidad, pero no hacia los gobiernos; los gobiernos tienen que legitimar al Estado para poder ser legítimos”.

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Egan Bernal, muy cerca del liderato del Giro. Ya es tercero de la general

El colombiano le descontó seis segundos en la etapa a Remco Evenepoel. El húngaro Atilla Valter, nuevo líder

Egan Bernal, del Ineos, fue segundo en la sexta etapa del Giro de Italia que terminó hoy en Ascoli Piceno (San Giacomo) tras un recorrido de 160 kilómetros que comenzó en Grotte di Frasassi. El suizo Gino Mader (Bahrain) fue el primero en línea de meta.

El campeón del Tour de Francia, en 2019, perdió 12 segundos con el vencedor del recorrido y llegó acompañado del irlandés Dan Martin y de su gran rival, el belga Remco Evenepoel. Entre tanto, el húngaro Atilla Valter, del Groupama, nuevo líder tras una sexta etapa llena de emociones.

El colombiano, quien bonificó seis segundos en la línea de meta, ahora es tercero en la general a 16 segundos, cinco por detrás de Evenepoel.

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Así fue el desenlace de un día sin tregua. A 60 kilómetros de la meta, el Ineos empezó a poner un fuerte ritmo que dejó a varias ciclistas rezagados, como el líder hasta hoy de la carrera, Alessandro De Marchi (Israel).

Ya desde el kilómetro 40 hubo una fuga ocho ciclistas, Guglielmi, Ravanelli, Janssens, Bouchard, Cataldo, Mollema, Mohoric y Mader, que dominaron los sprint intermedios y dos premios de montaña.

Más adelante del lote grande, donde venían los favoritos de la carrera, saltaron Bardet, Ciccone y Bettiol, lo que obligó al Ineos, al ritmo de Filippo Ganna, a marcar el paso dejando muchos perjudicados con su ritmo. La selección dejó apenas a 35 corredores en el grupo.

El colombiano Daniel Felipe Martínez fue el encargado de lanzar un primer ataque, que luego fue secundado por su compatriota Egan Bernal

En punta, Cataldo, Mollema, Mohoric y Mader distanciaron a sus compañeros de fuga y llegaron a tomar más de cinco minutos, pero a 30 kilómetros del desenlace la diferencia se había reducido a tres.

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Ya en la subida final a Ascoli Piceno (San Giacomo), en medio de la lluvia, los favoritos decidieron el destino de la etapa. El colombiano Daniel Felipe Martínez fue el encargado de lanzar un primer ataque, que luego fue secundado por su compatriota Egan Bernal, que se llevó a su rueda a Ciccone, Martin y Evenepoel.

Corredores como Vlasov, Carthy y Yates no pudieron seguirlo y le concedieron 17 segundos en meta.

Mader, del grupo de la fuga inicial, se sostuvo en la cima y 12 segundos de ventaja fueron suficientes para obtener la victoria.

Daniel Felipe Martínez fue séptimo, a 25 segundos de Mader. Otros dos colombianos, Einer Rubio y Harold Tejada, tuvieron una muy buena etapa. Rubio (Movistar) fue 20 a 1:10 segundos; y Tejada (Astana), 30, a 1:46 segundos.

La etapa de mañana será plana e irá entre Notaresco y Termoli, en una distancia de 181 kilómetros.

Clasificación general

  1. ATTILA VALTER (GFC) HUN

2. REMCO EVENEPOEL (DQT) BEL 11″

3. EGAN BERNAL (IGD) COL 16″

4. ALEKSANDR VLASOV (APT) RUS 24″

5. LOUIS VERVAEKE (AFC) BEL 25″

6. HUGH CARTHY (EFN) GBR 38″

7. DAMIANO CARUSO (TBV) ITA 39″

8. GIULIO CICCONE (TFS) ITA 41″

9. DAN MARTIN (ISR) IRL 47″

10. SIMON YATES (BEX) GBR 49″

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Lo que proponen los duros de la economía alternativa para sacar al país del hueco… fiscal

En una carta pública, más de 150 economistas de Colombia, Estados Unidos, Argentina, España e Italia, le propusieron al país y al Gobierno nacional sus recomendaciones, más allá de una reforma tributaria, para ponerle fin al déficit fiscal y reactivar la economía colombiana. Incluso advierten, que contrario a lo que se ha publicado en los últimos días, es falso que haya un consenso sobre la necesidad de presentar y aprobar una nueva reforma al Congreso de la República.

En la misiva, que pasó desapercibida por el impacto del paro, los expertos advierten que “no hay tal consenso, que la visión cuestionada por la pasada crisis financiera, desacreditada además por la pandemia, y la falta de pluralismo en la disciplina excluyen otras interpretaciones de la realidad económica y, en particular, de las finanzas públicas… Por ello, manifestamos a la ciudadanía que no hay tal consenso, que la visión cuestionada por la pasada crisis financiera, desacreditada además por la pandemia y la falta de pluralismo en la disciplina, excluyen otras interpretaciones de la realidad económica y, en particular, de las finanzas públicas”.

Este es el texto:

CARTA ABIERTA POR UNA NUEVA POLÍTICA MACROECONÓMICA EN COLOMBIA

En las discusiones en los medios sobre la reforma tributaria, que el Gobierno tuvo que retirar ante la masiva protesta ciudadana, se difundió la idea de que entre los “economistas” había consenso y que el país estaría mejor con esta reforma tributaria que sin ella. Después de su retiro, muchos dicen que la nueva propuesta debería retomar lo esencial del articulado anterior, aunque añadiendo algunas medidas compensatorias, como suelen aconsejar, para salvar la cara, desde que tenemos memoria.

En las últimas cuatro décadas se ha repetido sin cesar y con fe de carboneros que “no hay alternativa”. Quienes firmamos esta carta pensamos que sí hay alternativas, que son posibles otras políticas económicas y sociales, como las que han adoptado los países que mejor han enfrentado la crisis actual, incluso Estados Unidos desde el reciente cambio de gobierno.

Por ello, manifestamos a la ciudadanía que no hay tal consenso, que la visión cuestionada por la pasada crisis financiera, desacreditada además por la pandemia, y la falta de pluralismo en la disciplina excluye otras interpretaciones de la realidad económica y, en particular, de las finanzas públicas.

Con respecto a estas últimas, las interpretaciones más realistas han propuesto medidas distintas a la reducción de impuestos a los ricos y la austeridad fiscal que han sido adoptadas por gobiernos más sensibles a las necesidades de los ciudadanos. Para abrir la conversación y para que la ciudadanía sepa que hay otras opciones de política y encauce de manera informada sus manifestaciones ponemos a su consideración los puntos siguientes:

1) La propuesta de reforma tributaria, que pese a los eufemismos no es solidaria ni sostenible, trata las finanzas públicas como si fuesen las finanzas de un hogar o las del tendero del barrio. Sostiene que un país puede quebrar como quebraría un negocio, de suerte el Estado debe buscar dinero como lo tiene que buscar una familia o una empresa. Eso sería cierto si el gobierno solo gastara en dólares, euros u otra moneda extranjera, pero no es así: también gasta en moneda nacional. Además, la sostenibilidad fiscal de un país no debería ser un problema cuando se endeuda en su propia moneda. Como se sabe desde hace décadas, los impuestos no financian los gastos de un país con moneda fiduciaria y tasa de cambio flexible.

2) La idea del dinero como algo externo al sistema de crédito que defienden nuestros economistas más influyentes es la que lleva a creer que el Gobierno necesita pedir financiamiento. No obstante, si el dinero es una deuda, y no un objeto externo, no hay ninguna razón para seguir considerando que la moneda es un bien escaso como el oro o la plata. Como dijo Keynes “podemos permitirnos todo aquello que seamos capaces de hacer”. La restricción no es financiera, es de recursos reales.

3) El proyecto de reforma tributaria desestimó la fuerte redistribución regresiva del ingreso que se ha presentado en las dos últimas décadas desde los salarios hacia las ganancias, pese a que era fácilmente observable en las cifras que publican el Dane y el Banco de la República. La consecuencia más visible de esa redistribución ha sido el enriquecimiento de unos pocos y el deterioro continuo de la situación económica y del nivel de vida de la mayoría de la población.

4) La menor participación de los salarios en el ingreso de la economía y la caída del nivel de vida de la población, que se agravaron en este último año, son resultado del desmonte de la función del Estado como prestador de servicios públicos y garante de los derechos económicos y sociales promovido por los últimos gobiernos, la concentración de la propiedad y la riqueza propiciada por sus políticas y el mayor margen de ganancia impuesto en particular por las grandes empresas en los diversos sectores de la economía.

5) El proyecto de reforma no abordaba el problema de fondo, pues no tocaba la creciente concentración de la propiedad y la riqueza, ni buscaba modificar los determinantes de la distribución del ingreso. Por ello, apenas afectaba la parte del ingreso que reciben los grandes propietarios de tierras y de capital, y que la supuesta “solidaridad” con las víctimas de la pandemia consistía en realidad en redistribuir la porción restante del ingreso. Es decir, redistribuir el ingreso de trabajadores asalariados, independientes, campesinos y pequeñas empresas entre trabajadores informales, desempleados y grupos marginales, o sea, trasladar parte del ya bajo ingreso de la clase trabajadora y la clase media en vía de empobrecimiento a los sectores ya empobrecidos.

6) En contra de la orientación de los últimos gobiernos, la política fiscal de este gobierno y de los venideros debería reducir los márgenes de intermediación bancaria en el país, entre los más altos del mundo, así como el gran poder de mercado y el alto grado de monopolio de los grandes bancos y consorcios empresariales. Igualmente gravar sus grandes utilidades y los dividendos de los accionistas, de modo que los gastos sociales del gobierno ayuden a mejorar la distribución del ingreso después de impuestos y la situación de la gran mayoría.

7) El último informe del Dane muestra que el número de personas en pobreza monetaria llegó a más de 3 millones de personas en 2020, lo que muchos atribuyen a la pandemia. Aunque no es así, pues no fue un fenómeno natural, y sus consecuencias fueron agravadas por las políticas de gobiernos anteriores. Las políticas de austeridad y de finanzas sanas, que promueven y apoyan el supuesto consenso de los economistas han perjudicado la economía restringiendo la demanda efectiva. La pobreza y el desempleo son muy preocupantes (sobre todo para los jóvenes y las mujeres) y son producto de las medidas de austeridad que perjudican a la mayoría de la población. El gráfico 1 contrasta el tamaño del gasto público para enfrentar la COVID-19, un vergonzoso 2,8% del PIB en Colombia, con las tasas de desempleo en algunos países de la Ocde, a febrero de 2021.

8) Las políticas adoptadas para enfrentar la pandemia afectaron en mayor medida a las mujeres, como muestran estudios del FMI y del Banco Mundial. Colombia no es la excepción. Los datos del Dane indican que la tasa anual de desempleo de las mujeres aumentó al 19,3 % en marzo de 2021. La pobreza monetaria también afectó más a las mujeres; según esta clasificación, hoy un 46,7% son pobres y un 17,8 %, pobres extremas. De modo que se debe repensar la política fiscal en clave de género para enfrentar esta desigualdad estructural.

9) Un programa de empleo público y de renta básica universal son las bases de un plan creíble de recuperación y estabilización de una economía restringida por la demanda y con baja utilización de la capacidad instalada. Las políticas de flexibilización laboral deben sustituirse por acciones dirigidas a mantener el pleno empleo en la economía. Las agendas de mejoramiento de los derechos de los trabajadores y de políticas de empleo garantizado en las que el Estado actúa como empleador de última instancia deben ser la base para reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso con el fin de promover la reactivación económica. Esto debe complementarse con la puesta en marcha de políticas de corte universal e incondicional en materia de educación y salud, en especial para las y los jóvenes del país.

10) El problema actual más grave es el desempleo, y no se puede tratar con el instrumental microeconómico del siglo XIX, pues es un fenómeno monetario y macroeconómico, y requiere técnicas de la macroeconomía del siglo XX y XXI. El Estado debe actuar como empleador de último recurso. Ante la caída de la demanda efectiva ocasionada por el colapso del gasto privado en bienes de consumo e inversión, el único agente estabilizador es el Estado, recurriendo por ejemplo a un buffer de empleo público, que actúe como estabilizador automático. Utilizando las cifras de desempleo del Dane estimamos un modelo de buffer cuyos resultados muestran que en cuatro años el desempleo se podría reducir del 14,2 % al 5,2 % de la población económicamente activa. El primer año se inicia con 547.997 jefas y jefes de hogar, en el cuarto año habría 2.191.989 jefas y jefes de hogar en el sistema. El salario sería de $800.000 mensuales y el costo fiscal pasaría del 0,49 % del PIB en el primer año al 1,5 % en el cuarto año. Los efectos multiplicadores del buffer llevarían a que en el último año el PIB aumente en un 1,5 % y los ingresos tributarios en un 0,24 % del PIB.

11) Por su parte, el temor a perder las calificaciones de crédito tiene que ver más con el alarmismo para crear pánico, sin hechos que respalden ese temor. Como señaló Daniel Munévar, experto en deuda, “el grueso de nuestra deuda tiene tasas de interés fijas […], y no hay razón para que no puedan seguir siéndolo a futuro si el gobierno hace bien su tarea ante los prestamistas internacionales, además de que el Tesoro ha fijado un límite máximo de amortizaciones del 8% del monto total actual de la deuda. Es decir, que incluso si perdemos el grado de inversión, el aumento de tasas de interés sólo afectaría eventualmente a la deuda nueva”. Así, la política interna parece estar determinada por las agencias calificadoras, las cuales, vale la pena recordar, contribuyeron a la crisis financiera global de 2007 por su malas prácticas. Como dice Srinivas Raghavendra: “La política emergente de la crisis actual está impulsada por el poder coercitivo de las agencias de calificación sobre las instituciones del Estado mediante la desvinculación de la democracia deliberativa en la conducción de la política económica en general y de la política fiscal en particular”.

12) Pensar que la redistribución del ingreso se logra con mayor “libertad económica” es ignorar la historia de los países desarrollados, que no solo se apoyaron en el “mercado” sino también en el uso de políticas estatales como herramienta de desarrollo: el país necesita políticas de industrialización y reformas tributarias progresivas. Pero en la crisis causada por la pandemia, las personas y las mipymes necesitan un apoyo inmediato para atenuar o subsanar su pérdida de ingresos monetarios al igual que medidas claras que mitiguen los efectos de las políticas convencionales. Sin embargo, ello requiere liberarse de dogmas que impiden actuar con diligencia y eficiencia.

13) Los banqueros centrales no son dictadores benevolentes y tampoco pueden seguir promoviendo la idea de que la política monetaria es una materia puramente técnica. Como lo dijo James Tobin, la política monetaria es un problema político. Digan lo que digan, los bancos centrales más importantes del mundo están actuando como prestamista de primera instancia del Gobierno Central, sin que ello implique en modo alguno desconocer que los grados de libertad de una financiación de gasto público vía la banca central deben condicionarse a la conservación de la capacidad efectiva de manejo de la política monetaria de la banca central frente a la eventualidad de dinámicas inflacionarias.

14) En un país con elevada dolarización de sus activos y pasivos externos en el marco de una profunda liberalización de su cuenta de capitales, como Colombia, es necesario acompañar estas políticas monetarias no convencionales con medidas que controlen los flujos de capital, ciertamente de manera sopesada de suerte que no haya lugar a una desestabilización mayor de la tasa de cambio. Estas medidas van en la dirección correcta en una situación de emergencia y es pertinente ponerlas en práctica.

Para enfrentar una situación de calamidad pública como la que padece el 99 % de la población, una reforma tributaria sigue siendo una alternativa irrelevante en medio de la pandemia y la crisis económica. Los ciudadanos deben saber que hay otras maneras de pensar y de entender la economía, que entre los economistas no hay un consenso de toda la profesión, como tampoco lo fue el Consenso de Washington. Solo una ciudadanía bien informada puede presionar para que los gobiernos desatiendan las teorías anticuadas y las políticas contrarias al bienestar que prometen.

Gonzalo Cómbita, Universidad Nacional de Colombia
Nohora García, Universidad Nacional de Colombia
Alejandro Garay, University of Missouri – Kansas City
Cesar Giraldo Giraldo, Universidad Nacional de Colombia
Camilo Guevara, Universidad Nacional de Colombia
Diego Guevara, Universidad Nacional de Colombia
Forrest Hylton, Universidad Nacional de Colombia, Medellín
Manuel Martínez Mantilla, Universidade Estadual de Campinas, Brasil
Stanley Malinowitz, Universidad Nacional de Colombia
Hernando Matallana, Universidad Nacional de Colombia
Guillermo Maya Muñoz, Universidad Nacional de Colombia, Medellín
Carolina Méndez, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá
Laura Moisá, Universidad Nacional de Colombia, Medellín
Andrés Felipe Mora, Universidad Nacional de Colombia
Fernando A. Morales, Universidad de Bio Bio, Chile
Álvaro M. Moreno Rivas, Universidad Nacional de Colombia
Manuel Muñoz Conde Universidad Nacional de Colombia
Elizabeth Oviedo, Universidad Cooperativa de Colombia
Vanessa Ramírez Quintana, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Liliana Elizabeth Ruiz, Universidad Militar Nueva Granada
Flor Esther Salazar, Universidad Nacional de Colombia
Rafael Orlando Suárez, Universidad Nacional de Colombia
Carlos Suescún, Universidad Nacional de Colombia
Luisa Fernanda Tovar, Universidad Nacional de Colombia
Iván D. Velásquez Bemidji, State University, Estados Unidos
Pablo Bortz, Universidad Nacional de San Martín, Argentina
Sonia López Cerón, Pontificia Universidad Javeriana
Juan David Parra, Universidad del Norte
Florencia Médici, Universidad Nacional de Moreno, Argentina
Camila Niño Fernández, Estonian Business School Helsinki
Martha Susana Jaimes, New School for Social Research, Estados Unidos
Pedro Clavijo, University of Utah, Estado Unidos
Carlos Mejía, Universidad del Valle
David Cano, Università degli Studi di Siena, Italia
Jairo Parada, Universidad del Norte
Jaime Rojas, Universidad Nacional de Colombia
Daniel Rojas, Medellín Universidad Nacional de Colombia
Diego F. Fernández R., Universidad Nacional de Colombia
Jairo Bautista, Universidad Nacional de Colombia
Luis Arturo Rosado, Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales
Juan Pablo Aguirre, UNAD. Camilo Rodríguez, Universidad Nacional de Colombia. Alejandra Mora, Universidad Nacional de Colombia. Yenny Carolina Ramírez Suárez, Universidad Nacional de Colombia. Nicolás Serrato Uribe, Pontificia Universidad Javeriana. Álvaro Zerda, Universidad Nacional de Colombia. Juan Pino, Universidad Nacional Tres de Febrero, Argentina. Christian Samir Méndez, Universidad Simón Bolívar – Cúcuta. Juan Pino, Universidad Nacional Tres de Febrero, Argentina. Christian Samir Méndez, Universidad Simón Bolívar – Cúcuta. Milthon Javier Betancourt, Docente Universitario. Manuel Alejandro Rubio García, Universidad Nacional de Colombia. Segundo Abrahán Sanabria, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Andrés Gallegos Vargas, Universidad Nacional de Colombia – Universidad del Rosario. Jorge Martínez Carvajal, Universidad Santo Tomás. Katherine Ramírez Cubillos Universidad Nacional de Colombia.
Juan Carlos Lezama, Universidad Santo Tomás. Daniel Ossa, University of Utah, Estados Unidos. Manuel Francisco Marrugo Rondón, Universidad de Cartagena. Nicolás Escobar Forero, Universidad Nacional de Colombia. Juan Vela, Universidad Nacional de Colombia. Luis Álvaro Gallardo Eraso, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Brian Carreño Alfonso, Universidad Nacional de Colombia. Stephanie Acevedo, Universidad Nacional de Colombia
Christian Camilo Morales Romero, Universidad Central…. (siguen los académicos firmantes)

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“La mayor amenaza para Colombia es el narcotráfico, y este pasa por Venezuela”

Según el ministro de Defensa, Diego Molano, el régimen de Maduro es el mayor generador de inseguridad para Colombia y la región, debido a la protección que da al narcotráfico y por albergar a grupos terroristas. Y, para completar este coctel, advierte que habría apoyo operacional de Rusia, no solo militar, sino en la ciberguerra. 

Para el funcionario, en el estado de Apure en Venezuela, entraron en conflicto el ELN y las dos disidencias de las Farc por acuerdos de protección y negocios ilegales con miembros de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Diario Criterio: ¿Qué información tienen ustedes de lo que está pasando en Apure y que ha generado un desplazamiento masivo hacia Arauquita y al parecer hacia otras poblaciones en Colombia?

Diego Molano: Detrás hay una disputa por el negocio del narcotráfico y otros negocios ilegales y que involucra a tres grupos: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la disidencia de Narcotalia, liderada por Iván Márquez, el Paisa y Santrich, y las que comandan Gentil Duarte y Mordisco. El acuerdo de protección, que el grupo de la Narcotalia tiene con miembros de la Fuerza Armada Bolivariana, permitió una arremetida contra la de Duarte.

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Diario Criterio: Pero ¿cuál es el sentido de un operativo tan particular?

D.M.: Busca sacar al grupo de Duarte y Mordisco de esa zona, o llevarlos a que se sometan y negocien con Márquez y Santrich. Como siempre ha dicho el presidente Iván Duque, hay un régimen en Venezuela que protege a los terroristas colombianos, que tienen connivencia total con el narcotráfico allá y que eso afecta nuestra lucha contra ese delito.

Maduro está usando esta situación para responsabilizar a Colombia, en vez de asumir sus responsabilidades. Otra lectura que nosotros hacemos es que lo hicieron para probar a la administración de Joe Biden que sí combaten a los grupos terroristas y así tratar de tener una mejor relación con los Estados Unidos.

Diario Criterio: ¿Qué información han recogido de la actuación y presuntos abusos de las Fuerzas Especiales (Faes) venezolanas en la zona de conflicto?

D.M.: Cuando fuimos a Arauquita, los desplazados venezolanos nos aseguraron que las Faes cometieron todo tipo de actos criminales. Las víctimas nos contaron que disfrazaron personas de guerrilleros para mostrarlas como bajas, otros denunciaron que a sus hijos los torturaron con alicates o tienen familiares detenidos de forma arbitraria. 

Diario Criterio: ¿Cuáles son las consecuencias para Colombia de este tipo de conflictos en Venezuela?

D.M.: Creo que, para Colombia, la mayor amenaza que hay a la seguridad nacional es el narcotráfico, que está muy focalizado en algunas zonas especiales, fenómeno que está directamente vinculado con Venezuela. Las cabezas de las dos disidencias de las Farc están allá, así como las cabecillas del ELN.

Diego Molano Venezuela
Diego Molano

Diario Criterio: ¿Hay un punto de quiebre que derive en un enfrentamiento armado entre Colombia y Venezuela? 

D.M.: Está muy claro que con Venezuela la única forma de actuar es articulando con la comunidad internacional una transición política. El régimen de Maduro es el que más afecta las condiciones de seguridad de Colombia y el resto de la región, por su protección al narcotráfico y por albergar a grupos terroristas. Es una verdadera amenaza. Nosotros aquí combatimos el tráfico de drogas, pero desde que todo se mudó a Venezuela, entonces la lucha se ha hecho más compleja.   

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Diario Criterio: ¿Cómo evalúan la presencia y el apoyo operacional de Rusia a la Fuerza Armada venezolana?

D.M.: Hay preocupación, que es cierta y se ha incrementado para apoyar al régimen de Maduro en el fortalecimiento de su aparato militar. Sabemos también que han estado metidos con el tema de la ciberguerra, es algo que debemos revisar. Creo que a la relación que tiene Rusia con Venezuela hay que ponerle mucha atención. 

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El mítico paro de 1977 y por qué lo están comparando con el actual

Tras una semana de protestas, que han dejado más de 30 muertos, cerca de 90 posibles desaparecidos, centenares de denuncias de excesos de la fuerza pública y un balance de daños y destrozos millonarios, muchos periodistas y analistas han dicho que estas jornadas superaron al paro cívico nacional de 1977. ¿En qué consistió?

En la madrugada del 14 de septiembre de 1977, los pocos conductores que se atrevieron a salir encontraron que las principales avenidas de Bogotá y otras ciudades del país estaba llenas de tachuelas que desconocidos habían regado durante la noche. Era el preámbulo del paro cívico, una de las jornadas de protesta más importantes de la segunda mitad del siglo XX que, según diversos historiadores, trajo consecuencias para la vida política y social durante los diez años siguientes.

El presidente Alfonso López Michelsen (1974-1977) estaba en su último año de gobierno y el país atravesaba una ola inflacionaria que había afectado los bolsillos de los colombianos y empobrecido a los sectores populares.

Según Luis Sandoval, exdirigente sindical, la inflación de la época alcanzó el 40 por ciento mientras que los salarios aumentaron solo el 18 por ciento. Como si fuera poco, y en una aparente desconexión con la cruda realidad que vivían millones de ciudadanos, López aumentó el IVA y eliminó los subsidios al trigo encareciendo el precio del pan. Esto, adobado por graves denuncias de corrupción pública y el aumento de la violencia en los campos.

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El autoritarismo y el recorte de libertades era la regla. Desde octubre de 1976, el presidente había declarado su tercer estado de sitio con la excusa de enfrentar a la guerrilla y la difícil situación de orden público en el territorio nacional, pero que sirvió para perseguir a la oposición y a los movimientos sociales y sindicales.

El origen del paro

Tras numerosas protestas durante mayo de 1977 y cansados de la situación, las principales centrales obreras de la época, junto al Partido Comunista y organizaciones de izquierda, urbanas y campesinas comenzaron a cocinar un paro general.

A mediados del año, el paro era una realidad y sus organizadores acordaron una larga lista de peticiones al gobierno, entre las que se destacaban: aumentar el salario mínimo por encima del 50 por ciento, congelar los precios de los productos de la canasta familiar y las tarifas de servicios públicos y levantar el estado de excepción.

El Gobierno hizo caso omiso al pliego de peticiones, arreció la persecución contra los sospechosos de organizar la movilización y llevó a cabo una campaña mediática para estigmatizar al paro, tildándolo de subversivo y de ser una estrategia para implantar el comunismo.

En la mañana del 17 septiembre, las capitales departamentales, así como numerosas ciudades intermedias estaban paralizadas. Pocas personas se atrevieron a salir a actividades distintas a las de protestar y la mayoría de los locales comerciales estaban cerrados.

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La capital, corazón del paro

El epicentro del paro cívico de 1977 fue Bogotá. Desde temprano las principales vías de la capital se encontraban taponadas por barricadas. Los enfrentamientos con la fuerza pública no se hicieron esperar y poco a poco la logística del paro se le salió de las manos a los organizadores, quienes se encontraba en la clandestinidad para evitar ser capturados.

Algunos manifestantes atacaron los buses que se atrevieron a prestar el servicio y saquearon almacenes de alimentos, ropa y ferreterías. La furia de los manifestantes también se dirigió hacia los bancos. El Ejército y la Policía, amparados por el Estado de Sitio y con la excusa de defender la democracia, respondieron con exceso de fuerza y reprimieron con violencia las protestas.

Trascurridos más de 40 años, todavía no se tiene certeza de los muertos de esa jornada. Se habla de entre 40 y 25 personas asesinadas durante la jornada, que en Bogotá duró 48 horas.

Allí, el alcalde, Bernardo Gaitán Mahecha, decretó toque de queda, con el objetivo de asfixiar en vano el paro. Los disturbios, los enfrentamientos y los bloqueos continuaron en la noche. Según un balance hecho por la revista Alternativa, la jornada en la capital dejó 23 muertos, un número de heridos difícil de calcular, “cerca de 3.800 detenidos, distribuidos en el Velódromo, el Coliseo de EL Campín, la Plaza de Toros y algunas comisarías”. El mismo medio dio a conocer el asesinato de varias personas, presuntamente perpetrados por los entonces organismos de inteligencia: F-2 y el DAS.

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Para entender

¿Cuál fue la lectura del paro? Historiadores y analistas, entre ellos el doctor en historia Medófilo Medina, coinciden en que, si bien la jornada de 1977 fue un hito en la historia del país por el impacto que tuvo sobre la vida de los ciudadanos, la lectura dada por el gobierno y las agrupaciones de izquierda fue sobredimensionada y trajo importantes consecuencias políticas y sociales.

Por una parte, el Estado asumió el paro como una muestra del poder de los movimientos sociales que podría poner en vilo al régimen. En respuesta, la persecución a los opositores arreció y los militares le solicitaron a López Michelsen imponer medias aún más restrictivas a las libertades y a la democracia. Propuesta que se consolidaron en el gobierno del también Liberal, Julio César Turbay (1978-1982) con su famoso y tenebroso Estatuto de Seguridad.

Por su parte, la izquierda y las guerrillas vieron en el paro una situación prerrevolucionaria. Para estos grupos, había que agudizar aún más el descontento social y el enfrentamiento con el Estado para logra la caída del régimen y creyeron que “La revolución estaba a la vuelta de la esquina”.

Por supuesto, nada de eso sucedió. El choque entre ambas posturas, condujo al recrudecimiento del conflicto colombiano y al aumento de la violación de los derechos humanos durante la década de los años 80.     

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Qué viene después de retirar la propuesta de reforma tributaria

Después de tres días de intensas protestas y un número indeterminado de muertos, el Gobierno de Iván Duque decidió retirar la reforma tributaria.

Desde el mismo día en que se presentó el proyecto hubo voces de todas las vertientes políticas en contra.

El presidente mantuvo el pulso y en un momento incluso dobló la apuesta y envió mensaje de urgencia al Congreso.

Pero fue ahí cuando comenzaron los tropiezos porque muchos de los ponentes que quería el gobierno se negaron pues entendían que quien asumiera la presentación de la reforma tributaria tendría serios problemas con su electorado el próximo año, cuando se renueve el Congreso.

Junto a la vicepresidente, Marta Lucia Ramírez, y al ministro de Defensa, Diego Molano, el presidente hoy hizo una alocución a la nación, antes del mediodía, en la que anunció que la reforma era retirada.

Pero también le pidió al Congreso “tramitar de manera urgente” una nueva reforma “fruto de los consensos” para así evitar la incertidumbre financiera; al tiempo que anunció cuáles serán las líneas que seguirá la siguiente propuesta:

“Sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar impuesto a dividendos transitoriamente, crear una sobretasa de renta a personas de altos ingresos, y profundizar programas de austeridad del Estado”.

Nada dijo Iván Duque del problema real que tiene el Gobierno: la imposibilidad de gastar más, mientras no recaude más, dada la regla fiscal que limita el déficit fiscal y que era el corazón de la reforma tributaria que se ha caído.

Inmediatamente, los actores políticos se hicieron sentir. Unos agradeciendo al presidente por entender la situación del país y retirar el proyecto, otros alegando que lo que está en juego es mucho más.

Sea lo que sea, el Gobierno parece quedarse con muy pocos opciones para conseguir los 23 billones de pesos que la propuesta de reforma le daría.

Ahora, ¿de dónde se puede sacar la plata que necesita el Gobierno?

Venta de bienes:

Ya lo está haciendo el Gobierno con el traspaso de sus acciones en Isagen a Ecopetrol. Jugada que aparentemente no tiene impacto real, pues consiste en traspasar dinero de un bolsillo al otro.

Pero que en la práctica equivale a una venta viciada porque: traspasa un activo público rentable y estable de la nación a una empresa de régimen mixto, que todavía no encuentra el rumbo privatizando así, al final, algo más del 10 por ciento de ISA.

Vulnera a trabajadores el derecho prioritario a participar en la OPA. Impide a la nación subastar ISA directamente, al sector privado, donde fácilmente podría obtener hasta cinco veces más dinero, como lo demuestra la privatización de empresas similares en varios países de Latinoamérica.

Adquirir deuda:

El Gobierno lo sabe hacer y lo viene haciendo durante estos tres años anteriores, sin embargo, no es una opción porque aun si el Gobierno recibiera los fondos –que los organismos monetarios internacionales siempre están dispuestos a prestarle a países atrasados como Colombia para luego cobrarles cerrándoles sus democracias tal y como ocurrió con Grecia, Portugal y España- no los puede gastar porque existe una limitación constitucional: la regla fiscal.

Esto, por supuesto, implicaría unos cambios constitucionales que el Gobierno podría proponer al Congreso: una minirreforma técnica que seguramente no tendría tanto rechazo popular.

Recurrir al dinero ahorrado:

Otra alternativa que tiene el Gobierno es recurrir a los ahorros que tiene la nación, por ejemplo, reservas internacionales.

Pero esa opción, buena dada la tasa de cambio actual, tiene varios problemas. El primero: esas reservas internacionales casi que son una obligación que exigen las organizaciones prestadoras internacionales.

El segundo: que dado que esas reservas ya son un activo contable no es posible gastarlas sin que se siga violando la Regla Fiscal. Es decir, esta alternativa precisa también de una mini-reforma tributaria.

Activar la economía por el lado de la demanda:

Esta opción consiste en inyectarle dinero a la economía real para reactivar la demanda agregada y así generar movimiento, de tal manera que se generen más impuestos, lo que tendría dos efectos, más efectivo circulando, pero, por sobre todo, menos déficit fiscal a largo plazo.

Esta opción tiene varias formas de ejecutarse: una, por ejemplo, liberando parte de los dineros que tienen los colombianos ahorrados en fondos de pensiones; dos, asignando cupos de dinero a las medianas y pequeñas empresas de tal manera que estas incrementen su producción, más aun, sus demandas de insumos y así reactiven otros sectores de la economía.

Sin embargo, es una opción con problemas porque significaría que el Gobierno espere para recibir los recursos, lo que, por supuesto, Iván Duque no quiere hacer dado que lo que necesita es gastar en vísperas de las ya inminentes elecciones.

Amanecerá y veremos. En todo caso las protestas lejos de menguar parecen orientarse a ataca la reforma de la salud que cursa trámite en el Congreso y que será –muy seguramente- aprobada este próximo martes en plenaria conjunta de Cámara y Senado.

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Uribe versus Twitter: un debate por la libertad de expresión

Por medio de un video, el exsenador le respondió a los directivos de la red social. El tema abre el debate respecto a la libertad de expresión. Miembros del Centro Democrático manifestaron apoyo a las polémicas declaraciones.

“Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”, publicó el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter.

En medio del Paro Nacional contra la reforma tributaria, el polémico trino de Uribe despertó criticas de diferentes sectores que argumentaron que el exsenador estaba incitando a la violencia y legitimándola. Por eso políticos, activistas y organizaciones solicitaron que se eliminara la cuenta.

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En medio de la controversia, en la tarde del viernes 30 de abril Twitter eliminó el trino.

“Después de una revisión del Tweet en la cuenta de Álvaro Uribe y tomando en cuenta el contexto de la situación actual en Colombia, hemos accionado ese Tweet, por violación a las Reglas de Twitter”, explicó la red.

La eliminación del Tweet abrió nuevamente un debate sobre la libertad de expresión. La declaración de Uribe llega en un momento crítico para las redes sociales, que enfrentan la presión de sus usuarios para regular el discurso de personajes influyentes.

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El mismo Uribe le respondió hoy a Twitter por medio de un video: “directivos de Twitter, respetuosamente, el odio no nace del ejercicio legitimo de la fuerza y de la autoridad. El odio nade de la promoción de la luchas de clases (…) de la agresión al Policía a quién impiden defender su autoridad“.

El expresidente le dijo a los directivos que “Colombia necesita respetar a sus Policías y soldados”, argumentando que ellos también requieren protección de los derechos humanos. Y que “la madre, la esposa, el hijo del Policía o del soldado asesinado, siente el mismo dolor, que la madre, esposa o hija del civil asesinado”.

Uribe, además, manifestó que cuando la fuerza pública no puede proteger al ciudadano, “se llega a la anarquía y al ejercicio de la justicia privada, que Colombia se ha esforzado tanto en superar”. Manifestó también que se ha respetado la protesta social, pero no “el vandalismo terrorista”.

¿Por qué se silencian el reclamo y el apoyo a la fuerza legitima ante este sufrimiento ciudadano?, cuestionó Uribe.

Uribe contó que desde 1998 es “protegido por escoltas de la fuerza pública” y que le “duele en el alma” que los asesinen. “Soy incapaz de silenciar mi voz en favor de los soldados y policías de la patria”, concluyó.

Mientras muchos celebraron la eliminación del trino y, además, solicitan que se elimine la cuenta, otros reclaman que esto representa una violación a la libertad de expresión.

Vale la pena recordar que la cuenta del exsenador fue suspendida temporalmente el 21 de noviembre de 2019, durante el Paro Nacional, en ese momento la plataforma argumentó que Uribe había infringido las reglas.

“Si hay algo que tenemos que defender son los derechos y las libertades de los colombianos. Este trino de Álvaro Uribe es el sentir de todo un país. La censura solo muestra los peligrosos tentáculos del terrorismo“, dijo Jennifer Arias, Representante a la Cámara por el Meta y miembro del Centro Democrático.

La senadora Ruby Chagüi dijo que rechaza la censura de Twitter y argumentó que “la Constitución y los tratados prevén el derecho a la legítima defensa y obligan a la fuerza pública a restablecer el orden cuando es turbado”.

El uso legitimo de la fuerza también fue un argumento de la periodista Claudia Gurisatti, quien criticó que la red social sí permitiera los llamados a “incendiar y atacar al país”.

El senador del Centro Democrático Nicolás Pérez también defendió la postura: “No puede ser posible que defender la integridad de los soldados y policías que exponen sus vidas para proteger las ciudades sea motivo de censura”.

Más allá del apoyo al expresidente, el debate sobre la libertad de expresión plantea si las redes sociales deberían poder censurar mensajes, cuáles son los criterios para hacerlo y quién toma la decisión.

La suspensión de las cuentas del presidente Donald Trump, tras el asalto al Capitolio de Estados Unidos, sentó un precedente. En ese caso, Twitter se basó en la política contra la glorificación de la violencia, un mecanismo para evitar publicaciones que “inspiren a otros a replicar actos violentos”.

Su cuenta fue seguida durante la campaña electoral de 2020 y cuando en las elecciones se vio rezagado en el conteo de votos, denunció que había sido “víctima del mayor fraude en la historia de Estados Unidos”. Durante el asalto al Capitolio (el 6 de enero de 2021) varias redes sociales decidieron cerrar las cuentas de Trump simultáneamente, señalando que había “glorificado la violencia”.

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Twitter suspendió temporalmente a Trump y le pidió retirar varios trinos. Pero el exmandatario el 8 de enero escribió en su cuenta: “Los 75 millones de Patriotas Americanos que votaron por mí, America First, y Make America Great Again, tendrán una fuerte voz que se escuchará en el futuro. No seremos irrespetados o tratados injustamente de ninguna manera o forma”. Al bloqueo de Twitter se sumó Facebook e Instagram y hasta ahora no lo han habilitado.

El Tweet de Uribe abrió dos debates que están relacionados: primero, si lo que está pasando en las protestas -en las que muchos han denunciado abusos por parte de la Policía- es un uso legitimo de la fuerza por parte del Estado o si las declaraciones de Uribe incitan a la violencia; segundo, si lo que hizo Twitter implica una violación a la libertad de expresión.

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Las motivaciones de los actores y actrices que se sumaron al Paro Nacional

A la jornada de protestas del Paro Nacional 2021 se han sumado voces de todos los sectores, entre las cuales se han incluidos los actores inconformes con medidas del Gobierno como la reforma tributaria y la eliminación de la exención tributaria para los escritores audiovisuales. 

En 2019 también participaron e impulsaron, por ejemplo, los conciertos en Bogotá denominados “Un canto por Colombia”. Diario Criterio habló con Julio Correal, presidente de la Asociación Colombiana de Actores (ACA), quien manifestó que están “abiertamente a favor del paro”.

 “Las razones para estar unidos al paro – explica Correal – son las mismas que las del resto de la sociedad: el autoritarismo del Gobierno, la no implementación del Acuerdo de Paz, que no haya una política efectiva para la protección de líderes sociales, y la cereza del postre: la reforma tributaria”

Frente al documento, el actor explica que hay artículos que los afectan como ciudadanos y otros directamente al gremio: “Había una exención tributaria para escritores que la están quitando, seguiremos manifestándonos.

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Asimismo, Correal anuncia que la próxima semana presentarán virtualmente Vacúnese, una obra realizada con el apoyo de la Unión Nacional de Empleados Bancarios. “Es un alegato contestatario contra el presente que estamos viviendo. Seguramente seguiremos realizando acciones de este tipo”, cuenta.

Uno de los actores que hará parte de la obra es Julián Román, quien también ha apoyado las movilizaciones.

Otros artistas como Diana Ángel, Alejandro Riaño, Álvaro Rodríguez, Lina Tejeiro, Carolina Guerra y Adriana Lucía se unieron al Paro Nacional.

Ángel, vicepresidente de ACA, se pronunció por redes sociales: “Yo apoyo el paro (…)Todo lo que está pasando es culpa de un Gobierno negligente”. Además, dijo que es tanta la indignación que, aún acabando de perder a su padre por Covid-19, decidió salir a marchar. 

Riaño, actor y comediante, reconocido por la creación del personaje Juanpis Gónzalez, mostró por redes sociales (aquí puede ver el video) como transcurrían las manifestaciones. “Aquí invierten en guerra, pero no en UCI. Los que son un virus para el país son los gobernantes, los que están en el Congreso calentando puesto”, dijo. 

Asimismo, el actor de teatro, cine y televisión Álvaro Rodríguez en conversación con Diario Criterio convocó a los actores, actrices y en general a los trabajadores de la cultura a unirse en contra de la reforma tributaria.

Lina Tejeiro también registró las manifestaciones en sus historias, publicaciones y transmisiones en vivo. “Que tu estabilidad económica no nuble tu empatía”, uno de sus comentarios.

“Luchar aunque no te haga falta nada porque a muchos les hace falta todo” y “Queremos una Colombia con más educación, más Salud más Cultura y menos guerra”, fueron algunas de las frases difundidas por la actriz Carolina Guerra.

Adriana Lucía, por su parte, se ha convertido en vocera de la difícil situación que atraviesa la cultura en el país. El jueves 29 de abril cuestionó las declaraciones del Ministerio de Cultura que rechazó los daños ocasionados a lugares como el Teatro Colón, el Museo Nacional; el derribo del monumento de Sebastián de Belalcázar y la destrucción de la Galería Café 19 en Cali; argumentando que nada justifica el daño a la propiedad pública o privada. 

El ministro de cultura dice que “hoy es un día triste para la cultura” ¿conoce el ministro la crisis de la cultura de este país? ¿Sabe de los días tristes que la gente valiente de pueblos y ciudades padece por tener la “osadía” de vivir del arte en un país que no lo valora?”, señala Adriana Lucía. 

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Diario Criterio