La cascarita legal de la propuesta de ‘Jota Pe’ Hernández para bajarles el sueldo a los congresistas

El senador lidera una idea rápida y ambiciosa para reducirles en 11 millones de pesos el sueldo a los congresistas, pero tendría una barrera legal. ¿Por qué?

Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como ’Jota Pe’ Hernández, es tal vez uno de los senadores con mayor prestigio y popularidad en el Congreso.

Y una de sus propuestas bandera es, precisamente, bajarles el sueldo a los congresistas, tema que se ha vuelto polémico y espinoso, porque pese a ser promesa de campaña de varios candidatos, ahora electos, hablan de promover una norma en tal sentido, pero con aplicación a partir de 2026.

Esa nueva postura fue percibida como una ‘conejeada’ a los colombianos que votaron masivamente por aquellas listas al Congreso que proponían cambios de fondo y, en especial, los llamados congresistas alternativos, como la Alianza Verde, partido de Hernández y el mismo Pacto Histórico.

Este youtuber, además de ser elegido con la tercera votación más alta al Senado (189.000 votos por la Alianza Verde) es quizá de los pocos legisladores que se puso la camiseta para liderar un cambio en materia política en el país.

Justamente el propio influenciador armó la polémica esta semana, al revelar en su cuenta de Twitter que una senadora alternativa se había negado a firmar la propuesta que él lidera para reducir el sueldo a los congresistas de manera inmediata.

“Porque ella lo que necesita es plata y por nada del mundo se piensa bajar el salario. Le importa cinco traicionar al pueblo”, trinó el youtuber.

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Sueldo a congresistas

Buena parte de la opinión pública colombiana coincide en la idea de reducir el salario de los congresistas.

Y en esa misma idea están varios legisladores del renovado Congreso; la única diferencia radica en la forma de hacerla y los tiempos.

Por un lado, hay quienes advierten que esa propuesta se debe tramitar como un Acto Legislativo, es decir, como una Reforma Constitucional que requiere ocho debates (cuando se trata de una ley ordinaria son solo cuatro).

La otra discusión que han liderado voces alternativas, como la representante a la Cámara Katherine Juvinao, es que esa reforma se haga, pero con aplicación a futuro y no inmediata, para evitar la eterna cascarita de los impedimentos, porque los congresistas no pueden legislar en causa propia.

Cabe recordar que, desde hace 20 años, se intenta reducir el salario a los congresistas y, en 18 oportunidades, se han presentado proyectos de ley que se hunden o ni siquiera son discutidos, a pesar de que el debate de los impedimentos ya fue resuelto con sentencias de las altas cortes que dejaron claro que, cuando se trata de retirar beneficios, esa talanquera que impediría legislar en causa propia no aplica.

Lo cierto es que en el país quedó la amarga sensación de no ver en la práctica la famosa promesa de reducirles el sueldo a los congresistas como mecanismo de castigo ante la desconexión y falta de empatía con los colombianos a la hora de aprobar leyes nocivas.

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La propuesta

Fue en medio de esa desazón social que la propuesta de ‘Jota Pe’ Hernández apareció y que, básicamente, consiste en que la reforma se tramite como una ley ordinaria (en solo cuatro debates), lo cual implica que entraría en vigencia el próximo año y que la reducción se aplique, no al salario base, sino a una de las primas especiales que los legisladores reciben.

Para que se entienda mejor, ‘Jota Pe’ explica que la remuneración mensual por 35 millones de pesos que los congresistas reciben hoy se divide en tres conceptos: asignación básica (8 millones), gastos de representación (16 millones) y primas especiales (11 millones).

Esta última es la que el senador pretende atacar y significaría un ajuste real promedio de 11 millones de pesos mensuales. En carta blanca, si la idea de ‘Jota Pe’ prospera, los congresistas pasarían a percibir 24 millones de pesos mensuales.

El espíritu de la reforma prometida por Hernández no es atacar el salario base de los congresistas, sino las gabelas o beneficios. De esa manera subsanaría el problema de violar uno de los derechos de los trabajadores en el sentido de que a ninguno se le puede reducir el sueldo.

Como en este caso se trata de una prima especial de servicios que fue reglamentada en 2013 durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, todo indicaría que la idea va por buen camino.

Hay que aclarar que esa prima ya existía, pero con otro nombre: prima de salud y de localización y vivienda, creada mediante el artículo 2 de la Ley 4 de 1992. Lo que hizo el gobierno de Santos fue extenderla a todos los congresistas, sin importar el sitio de residencia, y convertirla en factor salarial.

Ese detalle, factor salarial, no es de menor calado en la discusión en torno al sueldo de los congresistas, porque si bien el articulo 128 del Código Sustantivo del Trabajo aclara que las primas ocasionales no constituyen factor salarial, el decreto 2170 del gobierno de Santos sí lo manifiesta de manera expresa.

Así las cosas, esa cascarita se convertiría en una muralla legal a la hora de privar a los congresistas de la polémica prima especial, porque el decreto presidencial de 2013 fue claro en advertir que ese monto hace parte integral del salario y además no es na prima ocasional, sino permanente.

Como los salarios están protegidos legalmente en Colombia, es improbable que una ley ordinaria supere el examen de constitucionalidad en el sentido de permitir que de desmejoren las condiciones laborales de un trabajador.

Todo lo anterior indicaría que, por ahora, los congresistas seguirán recibiendo el regalito de 11 millones de pesos por una prima especial que ningún otro colombiano recibe.

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