¿Cuál es la trama del novelón Tcherassi-Janna que sacude a Barranquilla y se acerca a su final?

El próximo 22 de noviembre se podría definir uno de los pleitos legales que enfrenta a dos prominentes familias barranquilleras: los Janna Raad y los Tcherassi Janna. Una disputa entre hermanos y sus familias que tiene en juego más de 30.000 millones de pesos y el futuro de varias reconocidas empresas del Caribe.

Todo esto por cuenta de una cuantiosa participación accionaria en empresas como Inmobiliaria Janna, Arrocera Sahagún, Agropuecuaria Janna, AJR y la joya de la familia: Janna Motors, distribuidor autorizado de Mazda para Barranquilla y de Ford para buena parte del Caribe, y que genera unos 900 empleos entre directos e indirectos.

Diana Janna, casada con el empresario textil Samuel Tcherassi, reclama a sus hermanos, en especial a Aníbal Janna –administrador de las sociedades mencionadas–, por supuestos manejos irregulares con los que supuestamente querían sacarla de las sociedades familiares y desconocer sus derechos patrimoniales, según lo denunció ante la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades.

Justamente esta última entidad se apresta a decidir si existen las irregularidades denunciadas, como actas falsas de juntas que no se efectuaron, auto embargos y pagarés falsos, sin contar con el supuesto movimiento millonario de recursos entre unas empresas y otras, y que no estarían debidamente soportados.

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La disputa entre los hermanos Janna data de septiembre de 2020 cuando Samuel –como socio gestor suplente de Inversiones Janna Raad– pidió a la Supersociedades declarar nulas una serie de transacciones de préstamos entre las sociedades.

“En efecto –dijo el demandante ante la Supersociedades–, el señor [Aníbal] Janna Raad ha celebrado operaciones de préstamo y/o de entrega de dineros entre las sociedades en las cuales funge como administrador, sin haber solicitado y, menos aún, obtenido la respectiva autorización del máximo órgano social [junta directiva] de cada una de ellas”.

Añade que “el señor Janna Raad ha efectuado operaciones de préstamo y/o entrega de dineros entre las sociedades demandadas y él, directamente” y argumenta que “existen conflictos de interés del administrador, estando obligado a velar por los intereses de dos compañías, celebra actos entre sí”.

La Superintendencia, a partir de este escrito, decretó medidas cautelares sobre Aníbal Janna, como administrador de las empresas mencionadas, para que se abstenga de realizar operaciones o cualquier acto jurídico entre ellas, así como con las vinculadas a los Janna Raad y con miembros de ese núcleo familiar.

La contraparte, en especial Aníbal Janna, no se ha quedado quieta. El abogado Miguel Ángel del Río, su apoderado, anunció acciones penales contra Tcherassi y su esposa por las presuntas conductas de concierto para delinquir y fraude procesal. Según W Radio, por el supuesto incumplimiento de acuerdos de pago y la modificación de los números contables presentados en la demanda ante la Súper.

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El frente judicial de la pelea Tcherassi-Janna

Del Río y Tcherassi, adicionalmente, anunciaron demandas mutuas. Mientras el abogado señaló que, por intermedio de una tercera persona, le habrían ofrecido un soborno para bajar la animosidad en redes sociales y deshacer los proceso judiciales, acusó directamente al empresario. Este, por su parte, dijo que buscará procesar a del Río por injuria.

Todo esto hace parte de un novelón caribe que, tras la demanda ante la Super, continuó con un proceso penal iniciado ante la Fiscalía este año, cuando Diana Janna decidió denunciar sus hermanos Aníbal y Yolanda por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, respectivamente.

Palabras más, palabras menos, el expediente se centra en la discusión por un pagaré que la firma Inmobiliaria y Construcciones Janna otorgó a favor de Arrocera Sahagún, actuando con Yolanda como representante legal suplente. Aníbal, sin embargo, siempre estuvo a la cabeza de ambas empresas.

El asunto es que ese documento –por 1.045 millones de pesos– se expidió aparentemente en 2010 a nombre de Arrocera Sahagún, cuando para entonces se llamaba realmente Aníbal Janna Cía en C, lo que evidenciaría su irregularidad.

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Aún así —en una especie de auto cobro y auto demanda—, esa letra fue presentada en un proceso ejecutivo de mayor cuantía de Arrocera Sahagún contra Constructora e Inmobiliaria Janna ante el juzgado 13 civil de Barranquilla. Es decir, se pretendía que fuera plata que salía de un bolsillo para pasarlo al otro, del mismo pantalón, pero con orden judicial.

“Con ello [Yolanda Janna] incurriría en la falsificación ideológica de un título valor, con el objeto de engañar e inducir en error a los funcionarios judiciales y, así, proceder al cobro y apropiación de dineros de la sociedad demandada, en perjuicio de las sociedades y sus socios”, dice la denuncia elaborada por el abogado Juan David Riveros.

Mientras los hechos se siguen sumando en este complejo caso, la Supersociedades y la justicia determinarán si hay responsables en estos procesos, cuyo final aún se vislumbra lejano.

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