Trabajar 31 meses sin salario, la historia del hombre que se encadenó frente al Idreec de Valledupar

César Carrillo se encadenó a una silla para exigir el pago de los meses que le debe el Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar (Idreec). Por redes sociales se viralizó el video en el que el trabajador expresa su frustración con lágrimas. Su hijo se ve al lado, tratando de consolarlo. 

Carrillo le dio rostro a la lucha de los 30 trabajadores de la institución. Como le dijo a Diario Criterio Liliana Chinchilla, educadora especial, cada uno tiene su historia, pero ninguno sabe quién les va responder por lo que han perdido, por lo que han empeñado, por los daños a su salud mental. 

“La mayoría de la gente que viene a hacerse su terapia aquí es pobre. Nosotros no queríamos dejar de atender porque vienen desde los pueblos, tienen que pagar pasajes, pero ya llegamos a un punto en el que no podemos más”, afirma Carrillo para Diario Criterio, mientras sigue atado a su silla frente a la institución. 

Al Idreec llegó hace 27 años. “Le dedicó su juventud”, como él mismo dice. Primero tuvo el puesto de celador y después pasó a encargarse del archivo. Hace tres meses los trabajadores decidieron, como último recurso, cesar las actividades en esa institución que atiende a personas en condición de discapacidad. Sin embargo, hasta esta semana captaron la atención del país tras la indignación que generó el video en el que aparece César. 

Puede leer: Ni un metro cuadrado tiene un detenido en Cartagena, denuncia la Procuraduría

Liliana dice que, además, llevan seis meses sin prestaciones sociales. Es decir, en medio de la pandemia no tienen servicio médico y no les han consignado cesantías, primas y vacaciones. 

Vivir trabajando, pero sin salario, no ha sido fácil. Carrillo logró sobrevivir gracias a su moto con la que se rebuscaba para la comida: “Cuando llegaba del instituto me ponía a trabajar en mototaxi, pero me tocó empeñarla para pagar una deuda y al final la perdí. Ahí se complicó la situación”. 

Ya no puede cubrir la comida de sus hijos y tampoco tiene dónde vivir porque no hay salario para pagar el arriendo. Con las deudas hasta el cuello, tuvo que dejar nevera, estufa y televisores en el lugar donde vivía; su esposa volvió con su madre y él se está quedando en el Idreec. Vive en precarias condiciones y lo acompaña otro funcionario que tampoco tiene dónde quedarse. 

“Tengo compañeras embargadas porque habían solicitado préstamos por descuento de nómina, pero como no hay de dónde descontar, las entidades embargan. Hemos visto también cómo llegan los pagadiario a cobrar agresivamente”, dice Liliana. Agrega que la deuda es tan increíble, que no cree que haya otra entidad en el mundo que le deba 31 meses de salario a sus empleados. 

Los trabajadores narran que la situación ya cobró una vida. Se trata de uno de los funcionarios del instituto que falleció de un infarto. Sus compañeros atribuyen su muerte al estrés y la desesperación, las llamadas de los bancos y la falta de dinero. “Compañeros como César se han intentado suicidar. Hoy hacemos responsable a la Gobernación de lo que nos pase”, asevera Liliana Chinchilla.  

¿Quién responde?

La educadora ha trabajado 25 años en el instituto y conoce personas que llevan incluso 35 años. Recuerda que el Idreec antes era un instituto que recibía apoyo de la Gobernación, pero después pasó a ser una ESE del Estado y ahí empezaron los problemas financieros. 

Los retrasos en los salarios —cuenta Liliana— empezaron en 2017. Desde entonces les pagan dos o tres meses cada año con la promesa de que se va saldar la deuda total en algún momento. “Llevamos así cinco años, con el cuento de que se hará un saneamiento fiscal. Nos tenían engañados. Nosotros sabemos que el ministerio y la superintendencia dijeron que el departamento debe buscar los recursos para pagarnos porque el hospital está en quiebra”. 

La educadora califica de “indignantes” las declaraciones del gobernador Luis Alberto Monsalvo, quien ha dicho en medios de comunicación que la administración departamental no puede asumir el pago. 

También le puede interesar: La ley del silencio en Tibú, nadie puede hablar de los feminicidios

De hecho, Liliana compartió con Diario Criterio una respuesta enviada por la Supersalud al Idreec (que también circula por redes sociales) en la que se indica que las decisiones sobre la viabilidad financiera del instituto deben ser tomadas por la junta directiva en cabeza del gobernador del departamento.  

Para ella, la Gobernación se niega a aceptar el costo político de liquidar el instituto. Considera que Monsalvo ha ignorado por completo el tema y que solo se pronunció frente a la presión ejercida por los colombianos después de que se difundió el video de César. 

Asimismo, asegura que hay muchos intereses detrás y que incluso podría haber casos de corrupción: “En diciembre se firmó un convenio con la Secretaría de Salud por 300 millones, pero nosotros sabemos que no se ejecutaron 130. Están usando la institución para dar contratos a quienes les conviene, pero no cancelan nuestra nómina que está cerca de los 133 millones al mes. Los pasivos son unos 5.000 millones”. 

Por ahora, pese a las cartas que han mandado a todas partes, solo la Personería se ha reunido con ellos. A la larga, lo único que piden los funcionarios es que les den una respuesta y les paguen el dinero por el que ya trabajaron. “Lo único que nos importa es que nos paguen, que liquiden o lo que quieran, pero que nos paguen porque estamos pasando necesidades”, manifiesta Liliana. 

En esa misma línea, César asegura que seguirán luchando hasta que les entreguen respuestas positivas. “Quiero decirles a todos los colombianos que esta es una entidad que le ofrece servicios a las personas más pobres, pero por culpa de la clase política no podemos funcionar y lo hemos perdido todo”, concluye Carrillo. 

El gobernador, por su parte, anunció que el próximo lunes se realizará una mesa de trabajo para discutir la situación del instituto, “cuya crisis tiene origen en la dificultad para la venta de servicios para su sostenimiento”. Y también del hospital Rosario Pumarejo, que, igualmente, tiene deudas con sus empleados y no cuenta con recursos para sostenerse. Diario Criterio habló con personal de salud de esta institución, tema que se abordará en una próxima entrega. 

Seguir leyendo: El peligroso rearme del paramilitarismo en Córdoba