Otras tragedias carcelarias anunciadas en Colombia están a punto de estallar

Diario Criterio tuvo acceso a un informe técnico que demostraría que las tragedias como la de la cárcel de Tuluá (Valle) fueron diagnosticadas por el INPEC y podrían repetirse en otras regiones del país. ¿Por qué?

En los últimos ocho años, los amotinamientos en las cárceles del país han causado la muerte violenta de 92 personas privadas de la libertad y más de un centenar de heridos.

De ahí que la más reciente tragedia carcelaria ocurrida en Tuluá (Valle) tristemente no sea nueva para los colombianos y amenace con repetirse y estallar como una bomba social en otras prisiones del país.

Lo llamativo de esa alerta es que la crisis anunciada no es desconocida para las autoridades. Tanto el Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) como el actual Gobierno conocen en detalle el diagnóstico de lo que sucede con el sistema carcelario, a tal punto que ellos mismos formularon desde 2019 su reestructuración.

En contexto: 51 muertos y 37 heridos, tras presunto amotinamiento en cárcel de Tuluá:

El problema es tan evidente y cíclico, que la Corte Constitucional ha proferido dos sentencias históricas (T-153 de 1998 y T-388 de 2013) a través de las cuales le ordena al gobierno de turno tomar medidas urgentes para resolver la crisis carcelaria.

Por eso llama la atención que, tras la reciente tragedia en la cárcel de Tuluá, donde un amotinamiento causó la muerte de 51 reclusos y heridas a otros 24 en medio de un incendio, al parecer, provocado por ellos mismos, la reacción de las autoridades sea en el sentido de crear comisiones para investigar a fondo y hallar a los responsables.

Pero olvidan mencionar que el problema de ese sector es tan profundo y estructural que de nada serviría hallar a los culpables de los amotinamientos o los abusos de los guardianes en la reacción, porque los colombianos seguirán observando atónitos la repetición de esas tragedias en otras prisiones del país.

¿La razón? Resulta que de los 128 establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC, en 74 de ellos existe hacinamiento; solo 27 albergan la población privada de la libertad acorde a su capacidad instalada. Y eso que hay otras 71.583 personas, pero en prisión domiciliaria.

Dicho en palabras más simples: el sistema carcelario de Colombia padece un hacinamiento del 20 por ciento. La capacidad instalada es para 81.175 personas privadas de la libertad, pero en realidad hay recluidas 97.541 personas. Eso quiere decir que tiene una sobrepoblación de 16.366 presos.

Al hacinamiento por falta de infraestructura carcelaria se agrega otro indicador aún más delicado: déficit de personal para custodiar y vigilar a los presos.

El más reciente informe técnico elaborado por el INPEC con corte a diciembre de 2019 reveló que, de la planta global de esa entidad (15.795 funcionarios), 12.848 de ellos son personal de custodia y vigilancia.

No obstante, teniendo en cuenta la población carcelaria, el INPEC padece un déficit de 9.750 custodios. En proporción, eso quiere decir que por cada custodio hay 15,2 reclusos. En las prisiones de máxima seguridad de Europa la relación es de 3 internos por cada custodio.

Desde el mismo INPEC, pasando por el Ministerio de Justicia, Presidencia, la Corte Constitucional, juristas y académicos saben y advierten que una de las consecuencias más visibles del hacinamiento carcelario es la corrupción y violación de los derechos fundamentales de los internos.

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“La sobrepoblación carcelaria, por sí misma, propicia la violencia. El hacinamiento penitenciario y carcelario lleva a la escasez de los bienes y servicios más básicos al interior de las cárceles, como un lugar para dormir”, argumentaron los magistrados de la Corte Constitucional en la Sentencia T-388 de 2013.

Y fueron más allá al concluir que la corrupción carcelaria es una consecuencia del hacinamiento, porque propicia un mercado ilegal alterno de bienes y servicios básicos dentro de las prisiones que deberían ser proporcionados por el Estado .

La tragedia en Tuluá

Cárcel de Tuluá (Valle). Tragedia
Cárcel de Tuluá (Valle). Tragedia. Foto: especial

La tragedia ocurrida en Tuluá (Valle) es apenas una radiografía de la crisis del sistema carcelario en Colombia.

Aún sin conocer los detalles de lo sucedido con exactitud en la madrugada de ese martes 28 de junio, basta señalar que, de acuerdo a lo revelado por las autoridades, esa cárcel padecía los dos flagelos más visibles de las prisiones en el país: hacinamiento y déficit de custodios.

Sobre el hacinamiento, el propio INPEC reconoció que en ese establecimiento hay sobrepoblación de reclusos en un 17 por ciento. La cifra oficial es de 1.266 presos, cuando su capacidad instalada es para 1.078 personas.

En cuanto al déficit de custodios y vigilantes, el ministro de justicia, Wilson Ruiz, en declaraciones públicas, admitió que durante la noche de la tragedia en la cárcel de Tuluá solo había de turno 26 funcionarios de los 106 que trabajan en ese establecimiento penitenciario y carcelario.

Incluso, uno de los guardianes del INPEC que labora en esa cárcel, dijo en una entrevista con Blu Radio, que en el patio 8, donde ocurrió la tragedia, solo había un custodio, “Sí, es verdad, por la falta de personal que se tiene (…) En ese momento, por necesidades, solo se tenía uno”, respondió el guardián de apellido Gómez.

Otras de las versiones en las que han coincidido funcionarios del INPEC y reclusos que salieron con vida es que el amotinamiento comenzó con la riña entre dos prisioneros que se disputaban el control del patio 8 que alberga a 200 internos hacinados en sus corredores.

Todo parece indicar que, para evitar el ingreso de los guardianes a ese patio, los reclusos le prendieron fuego a un colchón y ahí comenzó el incendio que terminó en una emergencia mayor.

Hasta ahora parece convincente la versión en el sentido de que la mayoría de las víctimas fatales de esa tragedia habrían muerto por la inhalación del humo producto del incendio.

Como si lo anterior no fuera suficiente, al día siguiente de la tragedia en la cárcel de Tuluá se presentó otro lamentable episodio protagonizado por policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y familiares de los presos.

Las afueras de esa cárcel se convirtieron en un campo de protesta de familias desesperadas por conocer las condiciones de sus parientes presos. Irónicamente, varios de los manifestantes iracundos ante la falta de noticias oficiales fueron detenidos a la fuerza por el Esmad.

Villahermosa, la otra bomba carcelaria

La cárcel Villahermosa de Cali (Valle) es tal vez la otra bomba social en materia carcelaria y que podría estallar en cualquier momento.

Es tan vulnerable esa prisión que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aprovechó la tragedia ocurrida en Tuluá para recordarle al Gobierno Nacional que declare la emergencia carcelaria. Esa solicitud la viene haciendo desde 2021.

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“Nosotros le insistimos y le solicitamos al Gobierno Nacional que decrete la emergencia carcelaria porque hay unos problemas muy graves de hacinamiento, de comportamientos faltos a la legalidad, de realidades dolorosas y la mejor forma de resolver este conflicto es declarando la emergencia carcelaria y movilizando importantes recursos para poderla atender”, argumentó el mandatario caleño.

Sus temores no son exagerados, ya que esa prisión es la campeona nacional en hacinamiento, no tanto por el porcentaje, sino por la tasa de sobrepoblación.

Según cifras del INPEC, a junio de este año, en Villahermosa hay un total de 4.556 reclusos, pero la capacidad instalada de ese establecimiento penitenciario es de apenas 2.046 personas. Así las cosas, en esa prisión caleña hay una sobrepoblación de 2.510 internos, lo que equivale a un hacinamiento del 122 por ciento.

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Aunque las imágenes que retratan las condiciones inhumanas que padecen los reclusos de Villahermosa le han dado la vuelta al mundo, el problema persiste y son numerosos los informes y alertas que han hecho organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, Personería, Concejo, Alcaldía y hasta la Defensoría del Pueblo.

Tragedias carcelarias en Colombia. Foto Defensoría del Pueblo.
Tragedias carcelarias en Colombia. Foto Defensoría del Pueblo.

El mayor porcentaje de hacinamiento carcelario en Colombia lo ostenta la cárcel de mediana seguridad La Paz, en Itagüi (Antioquia).

Aunque su capacidad instalada es para 375 personas privadas de la libertad, en la actualidad tiene 1.128 internos. Acumula un hacinamiento carcelario del 200 por ciento al sumar una sobrepoblación de 753 presos.

¿Qué hacer?

Tragedias carcelarias en Colombia. Foto Cali 24 Horas.
Crisis carcelaria en Colombia. Foto Cali 24 Horas.

La crisis en las prisiones en Colombia es producto de un círculo vicioso entre la política criminal y el sistema carcelario.

La política criminal enfoca la prisión como mecanismo para la redención de la pena; es decir, enfatiza en castigar con cárcel a quienes violan la ley.

Lo irónico de esa política criminal es que, al ser tan efectiva con los castigos, termina rebosando al sistema carcelario y eso es lo que sucede desde hace varios años en el país. Mientras el número de presos aumenta, la capacidad carcelaria disminuye, lo cual se presta para las irregularidades mencionadas en las sentencias de la Corte Constitucional.

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Por ejemplo, en 2019 el hacinamiento carcelario era del 55 por ciento, hoy no supera el 20 por ciento, que es el máximo permitido por la Corte Constitucional en su sentencia T-388 de 2013.

Lo engañoso de ese porcentaje nacional es que maquilla realidades escandalosas de sobrepoblación carcelaria como la padecida en los establecimientos penitenciarios La Paz (Itagüí) y Villahermosa (Cali), con el 200 y 122 por ciento de hacinamiento, respectivamente.

Y detrás del hacinamiento vienen inmersos la corrupción y la violación de los derechos fundamentales de los reclusos, tales como la dignidad humana, la salud, la educación y hasta la vida. Es decir, no habría resocialización.

Y detrás del hacinamiento vienen inmersos la corrupción y la violación de los derechos fundamentales de los reclusos, tales como la dignidad humana, la salud, la educación y hasta la vida. Es decir, no habría resocialización.

Como el sistema carcelario en Colombia es progresivo (escalar hacia su libertad mediante beneficios como la detención domiciliaria o la libertad condicional) y su propósito principal es la resocialización y la reintegración de los condenados, a través de la disuasión a la no repetición, no hay duda de que el hacinamiento es un factor que distorsionó esas metas.

En el estudio técnico de rediseño institucional del INPEC presentado en 2019, se identificó que “una de las principales dificultades en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios es la falta de personal y la ausencia de competencias profesionales y técnicas de los servidores”.

Dicho informe agrega que, como la privación de la libertad es uno de los elementos importantes para la reacción punitiva del Estado, “(…) se encuentran en riesgo precisamente por el déficit de personal profesional y técnico para el diseño, ejecución y control de planes programas y proyectos”.

Ese estudio técnico concluyó que el resultado de la ausencia de personal administrativo obligó que personal del cuerpo de custodia sean empleados en labores de oficina.

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La mejor descripción de lo que es hoy el sistema penitenciario en Colombia la hicieron los magistrados de la Corte Constitucional al fallar la famosa tutela T-338 de 2013:

“Las cárceles y penitenciarías están en un estado de cosas que se han convertido en vertederos o depósitos de seres humanos, antes que instituciones respetuosas de la dignidad, de los derechos fundamentales de las personas y orientadas a resocializarlas”.

¿Cuánto cuesta sostener a un preso?

Tragedias carcelarias en Colombia. Foto Twitter CINEP
Tragedias carcelarias en Colombia. Foto: Twitter CINEP.

En 2021, el INPEC manejó un presupuesto de 1.4 billones de pesos, de los cuales el 82 por ciento fue para gastos de funcionamiento, o sea el pago de su nómina de 15.795 funcionarios.

En ese mismo sentido, hay que recordar que el sostenimiento de una persona privada de la libertad les cuesta a los colombianos 31.1 millones de pesos al año; algo así como 2.5 millones de pesos al mes.

Bajo esa perspectiva, pareciera que resolver la crisis carcelaria es como intentar tapar un agujero negro.

Incluso, el artículo 5 del Código Penitenciario y Carcelario dejó muy claro el asunto económico al aclarar que “la carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”.

Para el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, el hacinamiento carcelario en Colombia se resolvería siempre y cuando en las cárceles a cargo del INPEC “no hubiese sindicados”. Lo absurdo de ese comentario, es que se trata de una crítica a la lentitud del sistema judicial que él mismo representa como jefe de esa cartera.

Para el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, el hacinamiento carcelario en Colombia se resolvería siempre y cuando en las cárceles a cargo del INPEC “no hubiese sindicados”. Lo absurdo de ese comentario, es que se trata de una crítica a la lentitud del sistema judicial que él mismo representa como jefe de esa cartera.

Tragedias carcelarias en Colombia, por hacinamiento. Foto: especial.

Sin embargo, el argumento del ministro es engañoso porque, si bien hoy las prisiones tienen 23.038 sindicados (procesados) y 73.813 condenados, el Estado no cuenta con los establecimientos exclusivos para sindicados, tal como lo exige el código penitenciario y carcelario.

Durante los cuatro años del gobierno del presidente Duque, la política carcelaria liberó 3.000 cupos en las cárceles, dentro de un plan de gestión que había proyectado 10.000 nuevos cupos.

Hay que aclarar que en la actualidad tres nuevos centros de reclusión están en construcción: Sabanas de San Ángel (Magdalena); Riohacha (Guajira) y Pereira (Risaralda).

Tragedias en América Latina

En los últimos ocho años las tragedias carcelarias en América Latina han dejado el penoso saldo de 643 muertos y 297 heridos.

Semejantes cifras serían objeto de escándalos políticos en cualquier otra parte del mundo, pero en Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil y México, solo sirvieron para titulares de prensa y mensajes de condolencias.

Gustavo Fondevila, doctor en Derecho, profesor e investigador mejicano especialista en el estudio del funcionamiento de las instituciones de justicia y el sistema carcelario de América Latina, resumió la crisis durante una entrevista en la revista Nueva Sociedad.

“El problema es muy complejo porque, por un lado, los políticos se sienten obligados a atender los reclamos ciudadanos de más seguridad y prisión, pero por otra parte, la prisión se ha agotado como mecanismo de solución de la criminalidad: ya no es castigo ni disuasión del delito. De hecho, ni siquiera detiene los delitos”, dijo el explicó el experto mejicano.

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El especialista en sistemas carcelarios coincidió con lo expresado por los magistrados de la Corte Constitucional de Colombia, al manifestar que “la prisión es un problema criminal en sí mismo”.

El especialista en sistemas carcelarios coincidió con lo expresado por los magistrados de la Corte Constitucional de Colombia, al manifestar que “la prisión es un problema criminal en sí mismo”.

El profesor Fondevila manifestó que “una posible solución es una combinación de medidas: desincentivar la cárcel como única solución a todos los problemas delictivos, invertir en prevención social del delito, etc”.

Sin embargo, advirtió que cada una de esas medidas implica decisiones de largo plazo, pero impopulares a corto plazo, “esto significa que el político que las tome va a pagar el costo de asumirlas, pero no verá sus beneficios”.

Sin duda, hoy el sistema carcelario no solo en Colombia, sino en América Latina, se convirtió en una olla a presión a punto de estallar y causar más tragedias.

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Bien lo dijo el premio nobel de paz, Nelson Mandela: “Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”; y desde luego, bajo esa misma lupa encajan las personas privadas de la libertad.

Algunas tragedias carcelarias en América Latina

Colombia: 92 muertos

2022, junio 28. Cárcel de Tuluá (Valle). 51 muertos, 24 heridos.

2020, marzo 21. Cárcel La Modelo (Bogotá). 24 muertos, 100 heridos.

2014, enero 27. Cárcel Modelo (Barranquilla). 17 muertos.

Ecuador: 261 muertos

2022, mayo 9. Cárcel Santo Domingo. 43 muertos

2021, febrero 21. Cárceles de Guayaquil y Lacatunga. 37 muertos.

2021, septiembre 28. Cárcel de Guayaquil. 119 muertos, 80 heridos.

2021, noviembre 13. Cárcel de Guayaquil. 62 muertos.

Venezuela: 152 muertos

2021, mayo 1. Cárcel Los Llanos (Guanare). 47 muertos, 75 heridos.

2018, marzo 28. Comisaría de Valencia. 68 muertos.

2017, agosto 16. Centro Detención Judicial (Pto Ayacucho). 37 muertos, 18 heridos.

Brasil: 89 muertos

2017, enero 1. Cárcel de Manaus. 56 muertos.

2017, enero 6. Cárcel de Roraima. 33 muertos.

México: 49 muertos

2016, febrero 11. Cárcel Monterrey. 49 muertos.­­­­­­

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