Traslado por protección, puerta para la violencia policial en protestas, según la CIDH

El informe dice que hay denuncias de que los traslados por protección se estarían usando de forma irregular para detener manifestantes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles el informe con observaciones y recomendaciones para el manejo de la protesta social en Colombia.

El documento incluye dos apartados sobre presuntas irregularidades en el uso de la figura del traslado por protección e inconsistencias en cifras de desaparecidos.

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Traslado por protección, ¿estrategia para amedrentar manifestantes?

El traslado por protección está contemplado en el artículo 155 del Código Nacional de Policía. Uniformados de la policía pueden recurrir a esta figura “cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro” en dos casos puntuales: 

  1. “Cuando deambule en estado de indefensión o de grave alteración del estado de conciencia por aspectos de orden mental, o bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o tóxicas (…)”
  2. “Cuando esté involucrado en riña o presente comportamientos agresivos o temerarios, realice actividades peligrosas o de riesgo que pongan en peligro su vida o integridad o la de terceros, o esté en peligro de ser agredido (…)”.

Sin embargo, lo primero que debe intentar la autoridad es entregar a la persona a un familiar o allegado. Si ese allegado no está, la persona debe ser llevada “a un centro asistencial o de protección, de salud u hospital” o al lugar que la alcaldía destine para tal fin.

En todo caso, la detención no debe durar más de 12 horas.

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La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales reportó que, durante las protestas, se detuvieron 7.020 personas con la figura de traslado por protección.

Al respecto, la CIDH llama la atención del “alto número de traslados por protección”, teniendo en cuenta que se trata de una medida excepcional que “no constituye una sanción”.

Además, dice que hay denuncias de que en algunos casos no estuvieron claros los criterios de la policía para recurrir a la figura y que las detenciones se extendieron por más de 12 horas y “en lugares no habilitados”.

Detenciones sin debido proceso

El traslado por protección también se estaría usando “para amedrentar a algunos manifestantes” y “para eludir las exigencias de acreditar la flagrancia u orden judicial para la detención por la presunta comisión de actos delictivos”.

Asimismo, añade la CIDH, hay denuncias de que se cometieron “tratos crueles, inhumanos y degradantes” contra personas detenidas por esa figura.

“En algunos casos, habrían recibido amenazas de ser desaparecidas por encontrarse participando en las protestas”, dice el documento.

Así las cosas, con base en los testimonios de las víctimas, el informe concluye que el traslado por protección se está usando en varios casos “para disuadir la protesta” y restringir la libertad, pese a que la figura “carece de control judicial”.

Por esa razón, la CIDH pide al Estado “abstenerse de utilizar dicha figura policial de manera generalizada en el marco de las protestas y manifestaciones”.

De traslados por protección a las desapariciones

El informe dice que el gran número de denuncias por desapariciones se relacionaría con la dificultad de “acceder a la información sobre las detenciones, así como deficiencias en el registro de ingreso o egreso de las personas detenidas”.

La Defensoría del Pueblo recibió 783 reportes de personas no ubicadas. De esa cifra, se descartaron 318 y 465 se trasladaron a la Fiscalía General. La Fiscalía, con corte al 15 de junio, reportó que ya se habían localizado 335 personas y que se mantenía el mecanismo de búsqueda urgente para 84.

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Sin embargo, reportes de la sociedad civil advierten que las diferencias entre las cifras podrían explicarse porque “instituciones de Estado catalogan estas situaciones como personas ‘no localizadas’, postergando así el inicio de investigaciones de oficio”, según reseña el informe de la CIDH.

Además, la comisión dice que recibió informes de cuatro casos de personas reportadas como desaparecidas que posteriormente aparecieron sin vida. Uno de estos es el de Maicol Stiven Sánchez, a quien encontraron “el 2 de junio incinerado en un local comercial luego de que se había denunciado su detención por el Esmad”.

Ante este panorama, la CIDH indica que las investigaciones de oficio deben iniciarse sin dilaciones y que la búsqueda de desaparecidos tiene que hacerse de forma sistemática con grupos técnicos especializados.

Por esa razón, recomienda sistematizar los datos sobre desaparecidos (con información transparente y de fácil acceso) y crear una comisión para buscarlas en la que participen los familiares.

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