Las tutelas, arma jurídica durante las protestas

En medio de denuncias por abuso de la fuerza durante las protestas, decenas de ciudadanos han recurrido a las tutelas para hacer valer el derecho a manifestarse. En algunos casos, esto ha generado roces entre la rama judicial e incluso con el Ejecutivo.

En el Consejo de Estado está por resolverse una impugnación que interpuso Nelly Villamizar, magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien pidió a esa alta corte revisar la decisión que prohibió a los jueces emitir decisiones que prohíban o restrinjan la protesta.

Este es solo un ejemplo de casos en que las tutelas para proteger el derecho a manifestarse han generado discusiones entre las instituciones. En todo caso, ese recurso sigue siendo una herramienta clave en momentos en que se cuestiona el papel de la fuerza pública en medio del paro nacional.

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Tutelas contra los límites a las protestas

El pasado 27 de abril la magistrada Nelly Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitió un auto con una medida cautelar que ordenaba aplazar las marchas del 28 de abril y del 1 de mayo “hasta tanto se implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño con la vacunación contra la pandemia covid-19 y sus mutaciones”.

Villamizar argumentó que la medida no constituía “una limitación ni restricciones al derecho fundamental” a la protesta, ni pretendía “invadir la órbita de competencia del Congreso”, sino que buscaba “impedir la agravación del daño por expansión de la pandemia COVIDE 19 (sic) y sus diferentes mutaciones”.

Sin embargo, el Consejo de Estado, en respuesta a más de 20 acciones de tutela, estableció que el auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca “rebasó competencias constitucionales”, pues “los límites a los derechos de reunión y a la protesta pacífica solo pueden ser fijados por el Congreso de la República”.

La magistrada Villamizar impugnó el fallo del Consejo de Estado al considerar que no se extralimitó. De acuerdo con ella, el presidente y sus ministros tenían facultades de “legislador extraordinario”, amparados en el estado de excepción, ya habían “establecido unas medidas excepcionales para proteger la vida”. “Luego en mi caso como juez constitucional nunca establecí restricciones, estas ya estaban dispuestas por el legislador extraordinario”, dijo.

Impugnación de la magistrada Nelly Villamizar sobre las protestas

Asistencia militar

Se trata, sin duda, de la medida más criticada durante las protestas. Mientras para sus críticos se trata de una forma de militarizar las ciudades, el Gobierno la ha defendido con el argumento de que la figura está contemplada en el Código Nacional de Policía (artículo 170).

La asistencia militar se hizo efectiva, a través del decreto 575 de 2021, en ocho departamentos, incluidos Valle y Cauca. Sin embargo, un grupo de ciudadanos radicó una acción de tutela contra la medida al considerar que la fuerza pública estaba vulnerando su derecho a protestar. Finalmente, el pasado 23 de julio, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto de asistencia militar hasta que no haya un “veredicto en torno a la legalidad de este acto administrativo”.

El alto tribunal también les ordenó al director de la Policía Nacional y al ministro de Defensa garantizar que los uniformados acaten los protocolos de uso de la fuerza para las protestas (decreto 003 de 2021).

El presidente Iván Duque, por su parte, anunció que impugnará el fallo del Consejo de Estado.

Uso de gases lacrimógenos en protestas

Una tutela que busca restringir el uso de gases lacrimógenos por parte del Esmad llegó a la Corte Constitucional. Matheo Augusto Rincón fue quien interpuso el recurso, a finales de 2020, argumentando que el uso de estos artefactos químicos puede ser nocivo para la salud en medio de la pandemia.

Rincón basó la tutela en el Informe acerca del uso de gases lacrimógenos por agentes del Estado, elaborado por estudiantes de séptimo año de medicina de la Universidad de Valparaíso (Chile).

En primera instancia, le fue concedida la tutela, pero una revisión del Tribunal Superior de Bogotá tumbó la decisión porque un fallo no se puede basar en un trabajo de grado de una universidad.

El futuro de esta tutela está por resolverse.

Tutelas contra lanzadores Venom en protestas

Hace un mes el Tribunal Superior de Bogotá respaldó el uso del lanzador eléctrico Venom (un arma que dispara hasta 30 cartuchos de gases lacrimógenos) al considerar que este es un dispositivo no letal y que no genera impacto directo en las personas.

Esa tutela la interpuso la concejal Heidy Sánchez, quien alegó que ese tipo de artefacto vulneraba los derechos humanos en medio de las protestas, pero los magistrados concluyeron que no hay pruebas que determinen que sea utilizado de manera indiscriminada. Sánchez anunció que impugnaría el fallo

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A principios de junio, también en respuesta a una tutela, un tribunal ordenó suspender el uso del Venom en Popayán hasta que no se elabore un protocolo para el correcto uso del dispositivo en las protestas.

Venom, el arma que usa el Esmad en protestas
Venom, el arma que usa el Esmad en protestas

Libertad de expresión artística

La Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, en segunda instancia, le dio la razón a una tutela que interpusieron un grupo de artistas contra la alcaldía y la Policía por haber permitido que se borrara un mural en el sector de San Marcel.

Según la decisión judicial, se vulneró el derecho a la participación y la protesta pacífica al permitir que se pintara de blanco el mural.

El tribunal ordenó a las dos entidades evitar la censura a las expresiones artísticas, puesto que la libre expresión es un derecho constitucional, salvo que se trate de expresiones que hagan apología al delito o propaganda de guerra e incluso la incitación a la violencia y al odio.

Además, ni la Policía ni ninguna autoridad podrán exigir autorizaciones para el derecho a la reunión o manifestación pública pacífica.

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