“En Colombia es delito defender la vida”: indígenas en Colombia claman por protección
Piden que el Gobierno preste atención a los estragos del conflicto armado, el asesinato de líderes indígenas, la pandemia y el calentamiento global,
En el marco del día internacional de las comunidades indígenas, este 9 de agosto, las comunidades solicitaron respeto por su vida y por el medio ambiente. “Hoy afirmamos que estamos siendo asesinados, confinados, amenazados, hostigados y desplazados por defender nuestros territorios y luchar a favor de la pervivencia asociada a otros modos diferentes del actual modelo de desarrollo”, afirmó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
La situación de las comunidades indígenas en la pandemia
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que más de 617.000 indígenas se contagiaron de covid-19 en las Américas. Solo en Colombia se contagiaron 63.250 y murieron 1.813.
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Jaime Arias, gobernador del pueblo Kankuamo, dijo a Diario Criterio que por el covid-19 han perdido miembros de sus comunidades y líderes muy importantes como Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, su hijo. Asimismo, considera que la atención del Gobierno ha sido insuficiente, entre otras cosas, porque las ayudas humanitarias no llegaron oportunamente. También denuncia que las EPS indígenas no han recibido recursos y se las arreglan como pueden doblando sus esfuerzos.
Muchas comunidades se encuentran en territorios apartados con servicios de salud precarios o sin acceso a ellos. Desde el inicio de la pandemia, la ONIC alertó los riesgos a los que se exponen los pueblos, de hecho emiten constantes alertas.
“Hemos usado nuestra medicina propia e implementamos estrategias de control social y territorial para hacer frente a la pandemia”, cuenta Arias. Agrega que la mortalidad por otras enfermedades, que no recibieron la atención oportuna, se ha disparado y esa es una situación a la que no se le presta atención.
En medio de la guerra
El recrudecimiento de la violencia, en medio de la crisis por el covid-19, los afectó directamente. De acuerdo con el informe del Observatorio de Derechos Humanos de la ONIC, entre el 1 de enero y el 30 de junio se registraron 4.395 víctimas por diferentes tipos de acciones. Los pueblos del occidente del país y los departamentos con comunidades binacionales son los más afectados.
“El conflicto armado no ha cesado, nos asesinan líderes, muchos están confinados (…) seguimos siendo víctimas del desplazamiento forzado, es preocupante que en zonas como Chocó, Cauca, Catatumbo las comunidades deben salir del territorio. No vemos que no haya una base sustancial en la implementación de los acuerdos de paz”, indica Arias que al mismo tiempo destaca la labor de la Guardia indígena. (Leer: Por qué el movimiento indígena del Cauca es tan fuerte)
Las cifras del informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés) revelan un panorama desalentador, ya que el 83 por ciento de las 30.000 personas que se tuvieron que confinar entre enero y junio de este año son indígenas. Y de las 44.647 que se desplazaron, el 11 por ciento pertenecen a estas comunidades.
Para el gobernador kankuamo, la necesidad de proteger a las comunidades pasa por acciones como replantear las políticas de desarrollo económico “para proteger los elementos que fundamentan la vida, y no destruirla como está pasando con la minería o con el fracking porque en esas zonas donde hay esos intereses se exacerba el conflicto armado”.
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En cuanto al asesinato de líderes indígenas, señala que hay una política de exterminio y que, como lo señaló la Corte Constitucional, la respuesta ha sido tardía, inoportuna e inadecuada: “parece que aquí en Colombia se ha convertido en un delito defender la vida, defender la naturaleza. También hago un llamado al Gobierno para que no miren a las autoridades indígenas como un obstáculo para el desarrollo, nosotros estamos defendiendo la vida”.
En ese sentido, le solicitan a las autoridades respetar las leyes nacionales, así como las estipuladas en el sistema jurídico internacional, como la declaración de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU.
“Tenemos muchas herramientas escritas que no se cumplen. Un ejemplo es el decreto 1500 que redefine el sistema de espacios de la Línea Negra, lleva tres años de promulgado y todavía no se ha hecho la primera mesa para avanzar en la implementación”, advierte el gobernador. El fallecido consejero mayor de la ONIC era uno de los defensores de esta causa, en sus declaraciones exigía que se cumpliera dicho decreto en favor de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada.
Proteger el medio ambiente
En esa misma línea, la ONIC llamó la atención sobre los datos revelados por la ONU respecto al cambio climático y las consecuencias que traerá para el planeta. La organización advierte que los impactos serán enormes, en especial para los pueblos y naciones indígenas, así como para otros pueblos étnicos, campesinos, mujeres, niños y jóvenes de los sectores menos favorecidos.
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“La pérdida de soberanía alimentaria, unida a la guerra y a la crisis de salud generada por la pandemia afectan el derecho a la vida hasta poner en riesgo de exterminio físico, cultural y espiritual a pueblos y etnias enteras”, asegura la organización. Su solicitud es que haya una respuesta efectiva.
Mientras tanto, destacan su lucha por mantener el equilibrio con la naturaleza y asumir los retos del cambio climático. Por ejemplo, aseguran que junto a la agricultura familiar y campesina producen el 69 por ciento de los alimentos que consumen los colombianos y en sus territorios se encuentra el 89 por ciento de los bosques y selvas nativas.
Finalmente, en representación de 115 pueblos y naciones indígenas, la ONIC afirmó: “somos memoria viva y continuaremos luchando desde nuestros territorios por la vida y la paz, defendiendo la naturaleza y el derecho de todas y todos los colombianos al buen vivir”.
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